Domingo, 22 de Diciembre de 2013
El Parlamento griego aprobó este sábado el nuevo impuesto
inmobiliario, un gravamen polémico incluso en las propias filas de la
coalición gubernamental por incluir por primera vez una tasación a los
terrenos agrícolas y elevar aún más la presión fiscal.
Tras la votación en el Parlamento
griego, la coalición de Gobierno se ha quedado sin un diputado que fue
expulsado de su grupo A favor votaron 152 diputados de los dos partidos
de la coalición gobernante y en contra 143 diputados de los de la
oposición, además del parlamentario Vyron Polídoras de la gubernamental
Nueva Democracia, quien acto seguido fue expulsado de su grupo. Tras
esta expulsión, la coalición de Gobierno se queda con una estrecha
mayoría de dos diputados del total de 300 escaños con que cuenta el
Parlamento.
La controvertida ley unifica el
impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y una tasa "extraordinaria"
sobre la vivienda, introducida en otoño de 2011 y cobrada por medio de
la factura de la luz. En un principio estaba previsto que esta tasa
"extraordinaria" tuviera carácter provisional y dejara de existir a
partir del próximo año. Con el nuevo impuesto unificado, el Gobierno del
conservador Andonis Samarás, en cambio, ha garantizado que la tasa
provisional se convierta en permanente, aunque bajo otra denominación.
Hasta 2008, los griegos no tenían que
pagar impuestos por sus propiedades inmobiliarias. A partir de ese año,
el primero de la crisis económica, se introdujo una pequeña tasa a todas
las viviendas. Desde entonces hasta la entrada en vigor de esta nueva
ley, el impuesto sobre los bienes inmobiliarios se ha disparado en un
700%, según la Federación Panhelénica de Propietarios, quien ha
denunciado que esta elevada carga tributaria es una de las causantes de
la fuerte caída de los valores comerciales de la vivienda. Según un
informe reciente del banco central griego, el valor comercial de la
vivienda cayó un 37,6% desde el inicio de la crisis.
En qué consiste el nuevo impuesto
La nueva ley reduce ligeramente los
impuestos de los pisos en zonas urbanas respecto a este año, pero
introduce una tasación a los terrenos agrícolas. El propietario de un
piso de 90 metros cuadrados en un barrio popular de Atenas, por ejemplo,
pagará 433 euros en 2014, frente a 478 euros que pagó en los últimos
tres años. El propietario de un terreno sin edificar de 500 metros
cuadrados en el mismo barrio deberá pagar, en cambio, 1.000 euros; hasta
ahora este grupo no estaba sujeto a ninguna imposición. Por otro lado,
el propietario de cinco hectáreas de tierra cultivada deberá pagar 405
euros.
La ley perjudica también a los
propietarios de tierras cultivables en zonas turísticas, pues el valor
objetivo de la tierra, que sirve como base de cálculo de la tasa
inmobiliaria, puede ser allí diez veces más alto.
El Gobierno espera recaudar el próximo año 2.650 millones de euros con este impuesto.
Criticado dentro del Gobierno
La elaboración de la nueva ley ha
durado casi un año, debido a las críticas desde las propias filas
gubernamentales al plan del ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, de
introducir una tasa a los terrenos agrícolas y no construidos, a cambio
de una reducción en la vivienda urbana. Su tentativa cosechó fuertes
críticas de los diputados electos en zonas agrícolas que amenazaron con
votar en contra de la ley.
Finalmente, tras un caótico debate,
enmiendas de última hora y un aplazamiento de la votación del viernes a
este sábado, el compromiso consistió en modificar algunos aspectos
puntuales de legalidad controvertida y además aplicar un impuesto en las
zonas rurales inferior al previsto en el primer borrador. Prórroga a la
moratoria antidesahucios Por otro lado, el Parlamento griego también
aprobó la prórroga por un año de la moratoria a los desahucios de
primeras viviendas, una ley que no cuenta con el apoyo de la troika que
pedía medidas más estrictas contra la morosidad hipotecaria.
El nuevo reglamento fue aprobado con
152 votos a favor, 141 en contra y ninguna abstención. Para poder
aplicar la moratoria, los propietarios deben mostrar voluntad de pago
mediante una pequeña mensualidad
La ley, que contempla ampliar en un
año una moratoria vigente desde 2009 a causa de la crisis, protege de
desahucios a los propietarios de primeras viviendas cuyo valor no
superen los 200.000 euros, siempre y cuando se cumplan una serie de
requisitos.
Con ello el Gobierno optó por mantener
en 200.000 el tope de protección contra las ejecuciones hipotecarias
que rige en la actualidad y no reducirlo como exigía la troika (Comisión
Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
Los acreedores habían pedido endurecer la legislación para evitar
"abusos", de modo que los bancos pudiesen liquidar las hipotecas y así
mejorar sus balance, permitiendo con ello que recuperen su capacidad
para otorgar créditos.
La moratoria, sin embargo, solo tiene
aplicación si los propietarios de las viviendas en cuestión tienen unos
ingresos familiares netos inferiores a 35.000 euros anuales y un
patrimonio total, incluido el valor de la casa, que no supere a 270.000
euros.
Otra de las condiciones que incluye
para proteger a los propietarios del desahucio es que estos deben
mostrar voluntad de pago mediante una pequeña mensualidad. Esta cuota
será del 10% de los ingresos anuales si son inferiores a 15.000 euros, y
del 20% para los superiores. Los parados quedarán eximidos de pagar
esta cuota hipotecaria reducida hasta que consigan trabajo. Controversia
en el Gobierno y la oposición Pese a que la ley es más suave de lo
exigido por la troika, internamente es altamente controvertida, no solo
en las filas de la oposición, sino también de la propia coalición
gubernamental.
Si bien contiene una salvaguarda para
las capas más vulnerables, permite a los bancos confiscar casas de
personas que, aun no estando en la precariedad absoluta, no pueden pagar
sus hipotecas debido a los grandes recortes salariales y de pensiones, y
a los aumentos de impuestos que ha vivido Grecia desde que en 2013
firmó el rescate con la troika. El ministro de Desarrollo, Kostís
Jatzidakis, aseguró al presentar el borrador de ley, que si bien el
nuevo reglamento no cuenta con la aprobación de la troika, los
acreedores tampoco han manifestado su desacuerdo.
La actual moratoria vencía el 31 de
diciembre y la nueva prórroga tendrá vigencia de un año, tras el cual el
Gobierno se ha comprometido ante la troika a aprobar un marco legal
permanente sobre las hipotecas morosas. La morosidad hipotecaria
asciende actualmente al 23%, mientras que el total de la cartera de
créditos morosos en los bancos es del 30%. Al mismo tiempo, los precios
de mercado de la vivienda han caído en un 37,6% desde el inicio de la
crisis en 2008, según datos del banco central.
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