La Justicia quiere llegar a
España, aunque España no quiera. Desde la Argentina, la jueza Servini de
Cubría, a instancias de otros letrados y asociaciones de derechos
humanos, impulsa una querella para investigar los crímenes del
franquismo.
Por Adrián Pérez,
Los dieciocho años de Jesús Rodríguez Barrio
asomaban a la resistencia antifranquista cuando lo arrestaron en
Madrid: una protesta se alzaba por la muerte de dos obreros españoles.
Días antes de su detención, la policía del régimen había disparado sobre
trabajadores gallegos desarmados que exigían mejores condiciones de
empleo: en los astilleros Bazán hacía falta una reducción de la jornada
laboral a 42 horas semanales, un mes de vacaciones, que la empresa no
hiciera descuentos en caso de enfermedad o accidente, y costeara la
jubilación, a los 60 años, sobre el ciento por ciento del salario real.
Los metalúrgicos Rey Rodríguez y Daniel Niebla García cayeron heridos de
muerte cuando las balas de la Guardia Civil tiñeron con sangre la tarde
del 10 de marzo de 1972. Por esas caprichosas parábolas del destino, la
empresa naviera se asentaba en El Ferrol: el mismo pueblo donde nació
el genocida coruñés Francisco Franco.
Tras permanecer setenta y seis horas en la Dirección General de Seguridad,
Rodríguez Barrio fue liberado con una multa de 200 mil pesetas (1202
euros al cambio de hoy). Cursaba la Licenciatura en Ciencias Económicas y
Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. El 11 de enero
de 1974 regresó a la prisión acusado de participar, junto a otros
estudiantes, de una reunión ilegal que preparaba una protesta ante la
inminente sentencia a muerte de Salvador Puig Antich.
Por setenta y dos horas lo encerraron nuevamente en la DGS, principal
centro de detención y tortura de la policía franquista, conocido también
como Brigada de Información Social. La tercera detención de quien
actualmente es profesor de Economía de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Madrid (UNED) fue asentada en el único proceso
judicial abierto en el mundo, que se tramita en la Argentina, contra los
crímenes cometidos por Franco y su séquito; denuncia impulsada por los
abogados Carlos Slepoy, Ana Messuti, Máximo Castex, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y la Comuna Presxs del Franquismo, entre otras organizaciones.
El 16 de abril de 1975, tres miembros de la policía política franquista lo interceptaron en su casa. Juan Antonio González Pacheco (alias “Billy El Niño”) disparó varias veces su arma para obligarlo a detenerse (N.d.R: al
cierre de esta edición, una orden internacional de detención enviada a
Interpol por la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo de la
querella argentina, pesaba sobre los ex policías González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar).
Esposado, fue a parar a una comisaría cercana. Luego a la DGS, donde
estuvo recluido setenta y dos horas. Con intermitencia, recibió golpes y
amenazas. “Este hombre era reconocido porque utilizaba su arma de fuego
para golpear y amenazar. En un momento me colocó la pistola en la
cabeza y dijo que me iba a matar”, recuerda el docente de la UNED a
“Billy El Niño” en las sesiones de tortura.
En el primer encuentro, el policía lo
golpeó en los genitales sin mediar palabra. De los interrogatorios
participaba también Conrado Delso, alias “El Gitano”. Hubo momentos en
los que la gente se dejaba llevar por el pánico, recuerda el economista.
Los policías trataron de obligarlo a que asumiera su militancia en la Liga Comunista Revolucionaria
(LCR). Pero el estudiante de la Complutense no cedió al miedo: “No
reconocí ninguna de las cosas de las que me acusaban, en el
interrogatorio negué todo y no firmé ninguna declaración inculpatoria,
ni mía ni de nadie”. El sol no llegaba a las mazmorras ubicadas en el
sótano. Sólo había una luz encendida permanentemente.
Al tercer día de encierro lo trasladaron al Tribunal de Orden Público. Allí esperaba el juez instructor Rafael Gómez Chaparro Aguado (N.d.R: fue denunciado por la querella argentina junto al ex magistrado Jesús Cejas Mohedano y los ex ministros Fernando
Suárez González, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro de
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia del gobierno de Mariano
Rajoy. Servini de Cubría no había dictado ninguna medida, al cierre de
esta edición, contra los ex funcionarios franquistas). Gómez Chaparro Aguado le tomó declaración. Lo acusó de pertenecer a la LCR y lo procesó por asociación ilegal. En la cárcel de Carabanchel
cumplió una sentencia de dos meses de arresto. Tras recibir la libertad
provisional, previo pago de una fianza de 300 mil pesetas (1800 euros),
estuvo un año y medio en el servicio militar. Con la muerte de Franco
se aplicó un indulto para aquellos condenados con penas que no superaban
los tres años de prisión. Entonces, el joven madrileño terminó sus
estudios de Economía.
Nunca más
Al momento de ser apresado, Rodríguez
Barrio hacia trabajo social en movimientos vecinales para aplacar las
necesidades en el barrio de Vallecas. No apura un sentimiento de
venganza durante el extenso diálogo con Caras y Caretas. De
sonrisa amplia, su voz suena contundente al otro lado del Atlántico. A
pesar de la persecución política, se abrazó –más temprano que tarde– a
un compromiso que supo sostener por más de treinta años. Aunque nunca
declaró ante un juzgado español por las torturas recibidas, dice que su
persona adquirió cierta relevancia por el hecho de que pudo testificar y
su testimonio sirve para inculpar a uno de los responsables que todavía
están vivos (González Pacheco). “Hay gente que no tiene capacidad ni
siquiera para recordarlo porque lo ha pasado tan mal que volver a pensar
en esas cosas, y sobre todo contarlas, resulta especialmente duro para
ellos”, sostiene.
Billy El Niño tenía un especial placer
por las torturas y no se preocupaba por que lo reconocieran. “Era una
persona que disfrutaba causando daño a los detenidos, muy
exhibicionista, que se sentía halagado por el hecho de ser temido por
todos los antifranquistas a los que perseguía”, perfila Rodríguez Barrio
a su torturador. “Fue el más destacado de los miembros de la policía
política en aquella época. Pero no es sólo cuestión de un individuo
malo, sino de un sistema que era especialmente represivo”, agrega.
Cuando se conformó como querellante, La Comuna Presxs del Franquismo
–colectivo de represaliados de la dictadura española–, consideró que,
además de víctimas, debían asumirse como acusadores de personas que
cometieron violaciones a los derechos humanos. “Es un gesto de dignidad,
de levantar la cabeza. Quisimos dejar claro que los delincuentes fueron
ellos, no nosotros”, argumenta el ex detenido madrileño.
A los 59 años, habla con aplomo de la
dictadura franquista, con la convicción del que busca justicia para sí
mismo y para los suyos. Dice que cuando se enteró del pedido de
detención internacional para los genocidas franquistas tuvo una emoción
muy profunda, porque, gracias a los testimonios, se había comenzado a
abrir una grieta en el muro de impunidad levantado en España. Su
expectativa está puesta en la aparición de nuevas denuncias contra esos
crímenes de lesa humanidad. Sostiene además que el gobierno de Mariano
Rajoy, elegido democráticamente, no puede defender a los torturadores y
debe colaborar con la Justicia argentina. Rodríguez Barrio se despide
con un anhelo: “Esperamos que la querella argentina acabe siendo el
Nüremberg de la dictadura franquista, proceso después del cual nadie
pueda volver a decir nunca más que aquello no sucedió”.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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