Los pasados 22, 23 y 24 de Octubre
fueron testigos de unas exitosas e históricas jornadas de movilización,
protagonizadas por una huelga masiva y una intensa lucha en el sector de
la educación.
Especialmente victoriosa fue la jornada de huelga del
24-O, convocada por representantes de todos los niveles de la educación
de todo el Estado. Tanto estudiantes como personal docente, además de
madres y padres, trabajadores, y capas populares de los barrios,
acudieron en defensa de la dignidad. En términos cuantitativos, la
huelga tuvo un seguimiento histórico; mientras que el alcance de la
jornada en primaria y secundaria se situó en torno al 83%, el
seguimiento de la huelga en la enseñanza universitaria tuvo un
seguimiento del 91%. Además, las manifestaciones tuvieron una asistencia
masiva, destacando la de Madrid con 250.000 asistentes, y la de
Barcelona con una afluencia de 170.000 manifestantes.
Esas abrumadoras cifras representan la
oposición -de la aplastante mayoría- a los recortes de becas y ayudas al
estudio, el aumento de las tasas a las diferentes modalidades de
enseñanza (tanto universitaria como de las FP superiores), el
empeoramiento de las infraestructuras educativas al no destinar dinero
para su renovación o mantenimiento -recortando mediante despidos o no
renovaciones al personal docente y no docente de los centros-, la
segregacionista y adoctrinadora LOMCE (que expulsa del sistema educativo
a numerosos estudiantes con baja formación),…En resumidas cuentas,
abrumadoras cifras de personas en defensa de una educación pública y
gratuita.
A pesar de que la histórica y dura lucha
de los trabajadores ha arrancado concesiones en educación, entre otras,
¿es coherente que, en una sociedad que es democrática, sea necesario
emprender estas luchas? No hay coherencia alguna, dado que implica que
no hay capacidad de partición directa en el debate de las reformas y en
las decisiones, mediante referendos. En caso contrario, no sería
necesario emplear la huelga ni la movilización contra algo, como
mecanismo de presión. Evidentemente, a alguien no le interesa que la
sociedad se pueda desarrollar de esta forma democrática porque podría
suponer la negativa a ciertas reformas necesarias para sus intereses
particulares, de clase. Ese alguien es la clase de los grandes
empresarios y banqueros.
¿Por qué a los grandes empresarios y
banqueros no les interesa? Porque la educación es una parte más puesta
al servicio de su producción y de sus objetivos: de la maximización de
sus beneficios. El desarrollo de la industrialización en los años 80
implicó la necesidad de incorporar a un mayor número de mano de obra
cualificada a todos los niveles, para afrontar el reto de ese desarrollo
tecnológico. De la misma forma, ha sido necesario durante los años de
la especulación inmobiliaria, del sector de la construcción y de la
industria subsidiaria. Todo ello implicó crear unas condiciones mejores
de acceso a niveles universitarios y un aumento de matrículas (crecieron
casi un 60%). Pero ahora, tras la caída de este sector, desencadenando
la actual crisis económica y estructural del sistema, y el muy avanzado
proceso de reconversión industrial, ya no es necesaria tanta mano de
obra cualificada. Además, el sector financiero se beneficia
sustancialmente del incremento de las tasas y la inevitable adquisición
de un crédito para poder estudiar; así, el Banco Santander entró en la
universidad con los créditos-beca. A todo esto debemos unir la
estrategia económica aprobada por el Gobierno en septiembre de 2012.
La Estrategia Económica del Gobierno se
dirige a desarrollar sectores de bajo desarrollo tecnológico. Por tanto,
deben ser de baja cualificación y bajo coste salarial, con el objetivo
de poder competir -como exige Alemania- y controlar ciertos mercados
frente a otras economías, principalmente los BRICS. Ésta se basa en:
- El ajuste de los gastos en el sector público con “medidas para racionalizar el gasto en educación, salvaguardando su cobertura y calidad…”;
- Las “reformas educativas…”, donde se enmarca la LOMCE y otras que vendrán, utilizando como excusa la “elevada” financiación del sistema educativo y las estadísticas europeas y de la OCDE;
- El “desarrollo de la Ciencia y la Innovación…”, a pesar de los cuantiosos recortes en el presupuesto para I+D+i, los despidos en los centros de investigación,…;
- El “Plan Nacional e Integral de Turismo para el periodo 2012-2016 -persigue incrementar la actividad turística y su rentabilidad; generar empleo de calidad;…-”;
- El “apoyo a la Internacionalización y el Sector Exterior…”, mediante “medidas para estimular el crecimiento de la exportaciones y el comercio exterior…” -lo que implica producir a más bajo coste que el resto de países, a parte de las facilidades de crédito que proporcionan a la exportación-;
- Y, entre otras, la “aprobación de las líneas estratégicas para la internacionalización del sector agroalimentario, no solo a través del incremento de las exportaciones, sino mediante una mayor presencia, dinamismo e influencia de la industria agroalimentaria española en los mercados internacionales…”1
Por tanto, el mantenimiento de los
recortes responde a los intereses actuales de los grandes empresarios y
banqueros. A la necesidad de redirigir grandes masas de dinero de las
arcas públicas al pago de la deuda, a la subvenciones y ayudas, al
mantenimiento de las exenciones y/o reducción fiscales -como la bajada
del impuesto de sociedades y la existencia de las SICAV-. A la necesidad
de cambiar el modelo productivo para poder producir a bajo coste y
poder competir para controlar el mercado interior y exterior.
Al final, al señor José Ignacio Wert, al
Gobierno del PP y al Estado, solo les queda elegir entre ceder a la
presión, demostrando su debilidad e impotencia para imponer una ley que
resulta vitalmente necesaria para los intereses de los grandes
empresarios; o bien, el mantenimiento de los recortes, la subida de las
tasas, la LOMCE,…, ante la abrumadora oposición por parte de la mayoría
social, desenmascarándose y mostrando el verdadero carácter de clase y
dictatorial del régimen capitalista español. En este sentido, el señor
Wert parece situar que la opción elegida es la segunda; según sus
recientes declaraciones, la reforma de la ley supone “un cambio de
arquitectura muy profundo” y “No estoy dispuesto a sacrificar
convicciones en materia educativa en la búsqueda de un consenso“.2
Así, el señor Wert se decantan por
desenmascarar el carácter de clase del Estado y del Gobierno; sujeta la
educación a los intereses económicos de una parte minoritaria de la
sociedad. Esta minoría ejerce su poder político frente a la mayoría de
la población, frente a la clase obrera y las capas populares que han
mostrado su absoluta y mayoritaria oposición a las reformas y recortes.
El Estado y el Gobierno defienden solo a esa parte minoritaria de la
sociedad, a los grandes empresarios y banqueros. La educación, bajo el
régimen capitalista, no está orientada a cubrir las necesidades
sociales: cultura, capacitación, conocimiento, etc… Éstas son dos
grandes lecciones que nos reporta la huelga educativa del 24-O.
Por tanto, la única salida es hacerles
débiles obligándoles a ceder a las exigencias de la mayoría; es
impidiendo que sus beneficios pesen más que nuestros derechos; es
defender la educación pública y gratuita, una educación que permita el
acceso a toda la población sin discriminación por motivos económicos,
que fomente su acceso a toda la población. Para ello, también es
necesario emprender la lucha por una participación realmente democrática
en la sociedad, donde las reformas puedan ser debatidas y refrendadas
por el conjunto de la sociedad, que no sean decididas por una minoría
que maneja los gobiernos. Desde el Partido del Trabajo Democrático
contribuiremos, defenderemos y apoyaremos a las formas de organización
populares que encarnen estas luchas, existan o deban crearse nuevas, y
que integren a toda aquella persona dispuesta a llevarla a cabo, a
construir el progreso de la sociedad.
Notas:
[1] Estrategia Española de Política
Económica (27 de septiembre de 2012):
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/11BDF744-55AF-4A0C-9BB8-57F9C538016C/0/120927_EstrategiaEspanolaPoliticaEconomica3.pdf
[2] http://www.publico.es/477300/wert-no-sacrificare-convicciones-educativas-para-lograr-un-consenso
Fuente: Partido del Trabajo Democrático
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