Viernes, 01 de Noviembre de 2013 08:54
Las ingentes tareas por desmantelar y eliminar la contaminación en
la Central nuclear de Fukushima, Japón, parecen ir más allá de la crisis
destapada en el país a raíz del catastrófico terremoto y posterior
tsunami del 11 de marzo del 2011.
De acuerdo con todos los cálculos
tanto oficiales como de instituciones independientes, el costo de esas
labores puede sobrepasar los 150 mil millones de dólares y extenderse al
menos por 30 años debido a la complejidad del trabajo, la falta de mano
de obra y la anárquica gestión para contratar obreros.
Diversos testimonios, publicados en la prensa nacional, apuntan que la Tokyo Electric Power (Tepco), la cuestionada operadora de Fukushima, no ha podido chequear o vigilar las subcontratas de otras 800 empresas japonesas vinculadas a las tareas mencionadas.
Según directivos de esas compañías, en la zona se necesitan al menos 12 mil trabajadores pero actualmente hay menos de ocho mil, con salarios reducidos en un 20 por ciento y en cuya gestión aparecen bandas del crimen organizado como las denominadas Yamaguchi, Sumiyoshie e Inagawa.
Tales datos son aportados por fuentes policiales, que junto a otras entidades han formado grupos especializados para luchar contra esas bandas, gestionadoras de fraudes laborales en la propia región y procedentes de barrios de Tokio y Osaka.
Condiciones laborales
Diversos expertos apuntan que luego del desastre, el cual costó más de 28 mil vidas entre muertos y desaparecidos, salieron a la luz las malas condiciones de labor en el sector nuclear de energía y que con sus 54 plantas en todo el país proporcionaba casi el 35 por ciento de la electricidad en Japón.
Saburo Murata, subdirector del hospital de Hannan, en Osaka, afirmó que esa situación se refleja en problemas de financiamiento, reclutamiento laboral bajo débiles normas de subcontratación y carencia de seguros médicos, entre otros elementos ampliamente citados en medios de prensa nacionales y extranjeros.
Otros requisitos, entre ellos los de la Agencia Internacional de Energía Atómica, señalan que la dosis admisible de radiación para cada persona no puede ser superior a los 100 milisieverts por espacio de cinco años.
Todas las previsiones subrayan que una buena parte de los obreros están bajo contratos o subcontratos por tal período de tiempo.
Estudios bien documentados, entre ellos los de la Universidad Meiji, de Tokio, demuestran que desde los años 70, cuando se intensificó el desarrollo nuclear en Japón, esa industria utilizó mano de obra barata, sin condiciones de salud y medioambiental adecuadas.
De otra forma, Tepco y otras empresas incumplieron y ocultaron condiciones tecnológicas transgredidas y que se reflejan, entre otros aspectos en violaciones como: edificaciones para reactores nucleares presuntamente resistentes a terremotos de hasta siete grados en la escala de Richter, muros de contención inferiores a los 10 metros ante un tsunami y sistemas de seguridad sin el mantenimiento exigido.
Una realidad dramática
En la actualidad, la industria nuclear japonesa virtualmente no existe, al ordenarse el cierre de los 54 reactores existentes, todo lo cual ha provocado el rechazo multitudinario al empleo de esa fuente energética por los riesgos conocidos y ahora destapados a la luz pública.
Por otra parte, el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe minimiza los problemas al respecto, cuestión denunciada por el Partido Comunista de Japón y que junto a otras fuerzas políticas exige transparencia en la información al público.
La actuación de Abe va por el contrario, al revés de tales peticiones y ahora intenta aprobar en el Parlamento una ley que permita la creación de un Consejo Nacional de Seguridad similar al de Estados Unidos.
Ese proyecto prevé que existirá un secreto estatal -de hasta más de 30 años en su clasificación- que incluye temas de seguridad nacional, energía nuclear y política, entre los fundamentales.
Fukushima, el segundo accidente nuclear de mayor gravedad tras la localidad ucraniana de Chernobil en 1986, ha trastocado el modelo político, económico y social de Japón, cuyos mayores déficits en la historia se deben, en buena parte, a los excesivos gastos en la importación de petróleo y otros combustibles.
Fuente: PLDiversos testimonios, publicados en la prensa nacional, apuntan que la Tokyo Electric Power (Tepco), la cuestionada operadora de Fukushima, no ha podido chequear o vigilar las subcontratas de otras 800 empresas japonesas vinculadas a las tareas mencionadas.
Según directivos de esas compañías, en la zona se necesitan al menos 12 mil trabajadores pero actualmente hay menos de ocho mil, con salarios reducidos en un 20 por ciento y en cuya gestión aparecen bandas del crimen organizado como las denominadas Yamaguchi, Sumiyoshie e Inagawa.
Tales datos son aportados por fuentes policiales, que junto a otras entidades han formado grupos especializados para luchar contra esas bandas, gestionadoras de fraudes laborales en la propia región y procedentes de barrios de Tokio y Osaka.
Condiciones laborales
Diversos expertos apuntan que luego del desastre, el cual costó más de 28 mil vidas entre muertos y desaparecidos, salieron a la luz las malas condiciones de labor en el sector nuclear de energía y que con sus 54 plantas en todo el país proporcionaba casi el 35 por ciento de la electricidad en Japón.
Saburo Murata, subdirector del hospital de Hannan, en Osaka, afirmó que esa situación se refleja en problemas de financiamiento, reclutamiento laboral bajo débiles normas de subcontratación y carencia de seguros médicos, entre otros elementos ampliamente citados en medios de prensa nacionales y extranjeros.
Otros requisitos, entre ellos los de la Agencia Internacional de Energía Atómica, señalan que la dosis admisible de radiación para cada persona no puede ser superior a los 100 milisieverts por espacio de cinco años.
Todas las previsiones subrayan que una buena parte de los obreros están bajo contratos o subcontratos por tal período de tiempo.
Estudios bien documentados, entre ellos los de la Universidad Meiji, de Tokio, demuestran que desde los años 70, cuando se intensificó el desarrollo nuclear en Japón, esa industria utilizó mano de obra barata, sin condiciones de salud y medioambiental adecuadas.
De otra forma, Tepco y otras empresas incumplieron y ocultaron condiciones tecnológicas transgredidas y que se reflejan, entre otros aspectos en violaciones como: edificaciones para reactores nucleares presuntamente resistentes a terremotos de hasta siete grados en la escala de Richter, muros de contención inferiores a los 10 metros ante un tsunami y sistemas de seguridad sin el mantenimiento exigido.
Una realidad dramática
En la actualidad, la industria nuclear japonesa virtualmente no existe, al ordenarse el cierre de los 54 reactores existentes, todo lo cual ha provocado el rechazo multitudinario al empleo de esa fuente energética por los riesgos conocidos y ahora destapados a la luz pública.
Por otra parte, el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe minimiza los problemas al respecto, cuestión denunciada por el Partido Comunista de Japón y que junto a otras fuerzas políticas exige transparencia en la información al público.
La actuación de Abe va por el contrario, al revés de tales peticiones y ahora intenta aprobar en el Parlamento una ley que permita la creación de un Consejo Nacional de Seguridad similar al de Estados Unidos.
Ese proyecto prevé que existirá un secreto estatal -de hasta más de 30 años en su clasificación- que incluye temas de seguridad nacional, energía nuclear y política, entre los fundamentales.
Fukushima, el segundo accidente nuclear de mayor gravedad tras la localidad ucraniana de Chernobil en 1986, ha trastocado el modelo político, económico y social de Japón, cuyos mayores déficits en la historia se deben, en buena parte, a los excesivos gastos en la importación de petróleo y otros combustibles.
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