por Grecia Lozano, estudiante UNAH,
30 de Noviembre de 2013
La “Opción ‘C’” es la alternativa que tiene el pueblo hondureño para
expresar su disconformidad con la situación nacional actual. Esta
opción representa: Calle.
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes
asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando
medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta
Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales
autoridades son nulos el pueblo tiene derecho a recurrir a la
insurrección en defensa del orden constitucional.”
-Articulo 3. Constitucion de la República de Honduras-
El pasado domingo 24 de noviembre del 2013 en nuestro país se celebró una fiesta “cívica” catalogada como tal por la embajadora de los EEUU Lisa Kubiske, en la cual los hondureños aparentemente decidimos quiénes tomarían las riendas de nuestra nación.
El Tribunal Supremo Electoral determinó que el candidato ganador para el nivel presidencial es la persona con niveles de popularidad más bajos de Honduras y el artífice de lo que más adelante detallaré. Sin embargo, lo que los medios de comunicación nacional –al servicio de los poderes fácticos- no se atreven a denunciar o analizar, es lo que llamo la “Opción ‘C’” que tienen los hondureños como última instancia para defender los derechos inalienables a cada ser humano. Es curioso que el experimento a detallar a continuación también se haya puesto en marcha en la casa máxima de estudios, la UNAH.
Como es de su conocimiento, la madrugada del miércoles 12 de diciembre del año 2012, 4 de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, fueron destituidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras[i][ii] sin argumentos legales o legítimos que fundamentaran la decisión que posteriormente fue ejecutada por militares y situación en la que varios magistrados tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas. Se sabe que los magistrados sustituyentes fueron nombrados también por quien removió a los anteriores[iii], y se deduce por esas acciones que responden a compromisos adquiridos con sus mandantes.
Es también conocido que posteriormente en la fecha 1 de septiembre de este año, el Congreso Nacional eligió al Fiscal General y Fiscal General Adjunto en un proceso dictatorial[iv] en el que una vez más la mayoría de ese Congreso pertenece a un partido político y cuya cabeza es un candidato presidencial oficialista.
Al tener Juan Orlando Hernández a su servicio la Corte Suprema de Justicia (órgano de mayor jerarquía judicial en Honduras y última instancia para interponer los recursos extraordinarios de casación en todas las materias y los referentes a los recursos constitucionalistas de Hábeas Corpus), el Ministerio Público (Es el organismo independiente de los tres poderes del Estado, creado mediante Decreto Legislativo No 228-93, vigente desde el 6 de enero de 1994, su obligación ineludible es la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de la condena, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución Pública y las leyes, constituyéndose en el representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad y en auxiliar de los tribunales.)[v], y también el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos –que poco o nada ayuda en la evacuación de las denuncias contra el Estado- están en manos de un solo personaje, denominado por muchos: EL DICTADOR, por haber mencionado en una concentración política su seguidismo al General Carías Andino –ex presidente de Honduras y oscuro personaje de nuestra historia- [vi].
Se suma –interesantemente- el Pacto de Cartagena[vii] en el que el ex presidente Zelaya acepta entrar en las reglas del juego de la derecha hondureña, sabiendo que el Tribunal Supremo Electoral no estará integrado más que por los miembros de los partidos tradicionales, al momento de la participación de LIBRE en las elecciones hondureñas.[viii] Dejando entonces al Partido Libertad y Refundación totalmente desprotegido en la titularidad del TSE.
Es así como un solo poder del Estado (El Congreso Nacional), manipulado por una extensa mayoría de un solo partido político y encabezado por un candidato presidencial de ese mismo partido, amarra todas las instituciones del Estado (La CSJ, MP, UNAH) preparando el escenario para el FRAUDE ELECTORAL llevado a cabo el 24 de noviembre del 2013.
¿A dónde puede un ciudadano acudir entonces para denunciar un FRAUDE ELECTORAL? ¿Qué garantía brindan las instituciones del Estado al pueblo hondureño cuando están al servicio de un poder fáctico y dictatorial? ¿Es acaso una venda que el pueblo debe quitarle a la Temis hondureña a base de gritos desesperados?
La “Opción ‘C’” es la alternativa que tiene el pueblo hondureño para expresar su disconformidad con la situación nacional actual. Esta opción representa: Calle. Al no tener confianza de las instituciones del Estado para denunciar los delitos contra los derechos humanos, los ciudadanos en una desesperada situación de mostrar nuestra disconformidad con los procesos no tenemos más alternativa entonces que tomarnos las calles, las plazas, las avenidas, e incluso los lugares donde más seguros nos encontramos: las universidades.
Es por eso que “la vida ya no se puede defender con el derecho”, en primer lugar porque el derecho positivo responde a los intereses de las clases dominantes, en segundo lugar porque las instituciones del Estado encargadas de velar por estas garantías han caído en las manos de la corrupción e inseguridad jurídica producto de la falta de amor por la patria y el intervencionismo imperialista, en tercer lugar por que quienes defienden su vida alegando sus derechos son perseguidos por los mismos funcionarios públicos que deberían garantizar la seguridad jurídica de los procesos y en cuarto lugar –dejando números apertus- porque los organismos internacionales como la OEA y la ONU han perdido la contundencia y credibilidad que de antaño la humanidad le ha conferido, se puede demostrar con la ineficacia de la intervención de la OEA para el 2009, año del Golpe de Estado en Honduras y se puede verificar con las Naciones Unidas en las reiteradas violaciones del Consejo de Seguridad sobre los acuerdos de la Asamblea General, por mencionar algunos: Suspensión del Bloqueo Económico contra Cuba, Integración de Marruecos en los órganos de derechos humanos.
Ahora defendemos nuestra vida con la existencia misma de nuestro ser, luchando día con día en las calles y resistiendo la intolerable e inoperante respuesta del gobierno: la represión policial-militar, porque los derechos que la Constitución nos otorga ya no son más dignificados, asegurados ni ratificados por el Estado de Honduras, porque esos derechos ya están alejados de la concepción justicia debatida en las aulas de clase de Filosofía del Derecho, porque la ley se convirtió –en Honduras- en la antítesis de la justicia.
No tenemos a dónde acudir, solamente tenemos la “Opción ‘C’”.
-Articulo 3. Constitucion de la República de Honduras-
El pasado domingo 24 de noviembre del 2013 en nuestro país se celebró una fiesta “cívica” catalogada como tal por la embajadora de los EEUU Lisa Kubiske, en la cual los hondureños aparentemente decidimos quiénes tomarían las riendas de nuestra nación.
El Tribunal Supremo Electoral determinó que el candidato ganador para el nivel presidencial es la persona con niveles de popularidad más bajos de Honduras y el artífice de lo que más adelante detallaré. Sin embargo, lo que los medios de comunicación nacional –al servicio de los poderes fácticos- no se atreven a denunciar o analizar, es lo que llamo la “Opción ‘C’” que tienen los hondureños como última instancia para defender los derechos inalienables a cada ser humano. Es curioso que el experimento a detallar a continuación también se haya puesto en marcha en la casa máxima de estudios, la UNAH.
Como es de su conocimiento, la madrugada del miércoles 12 de diciembre del año 2012, 4 de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, fueron destituidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras[i][ii] sin argumentos legales o legítimos que fundamentaran la decisión que posteriormente fue ejecutada por militares y situación en la que varios magistrados tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas. Se sabe que los magistrados sustituyentes fueron nombrados también por quien removió a los anteriores[iii], y se deduce por esas acciones que responden a compromisos adquiridos con sus mandantes.
Es también conocido que posteriormente en la fecha 1 de septiembre de este año, el Congreso Nacional eligió al Fiscal General y Fiscal General Adjunto en un proceso dictatorial[iv] en el que una vez más la mayoría de ese Congreso pertenece a un partido político y cuya cabeza es un candidato presidencial oficialista.
Al tener Juan Orlando Hernández a su servicio la Corte Suprema de Justicia (órgano de mayor jerarquía judicial en Honduras y última instancia para interponer los recursos extraordinarios de casación en todas las materias y los referentes a los recursos constitucionalistas de Hábeas Corpus), el Ministerio Público (Es el organismo independiente de los tres poderes del Estado, creado mediante Decreto Legislativo No 228-93, vigente desde el 6 de enero de 1994, su obligación ineludible es la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de la condena, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución Pública y las leyes, constituyéndose en el representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad y en auxiliar de los tribunales.)[v], y también el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos –que poco o nada ayuda en la evacuación de las denuncias contra el Estado- están en manos de un solo personaje, denominado por muchos: EL DICTADOR, por haber mencionado en una concentración política su seguidismo al General Carías Andino –ex presidente de Honduras y oscuro personaje de nuestra historia- [vi].
Se suma –interesantemente- el Pacto de Cartagena[vii] en el que el ex presidente Zelaya acepta entrar en las reglas del juego de la derecha hondureña, sabiendo que el Tribunal Supremo Electoral no estará integrado más que por los miembros de los partidos tradicionales, al momento de la participación de LIBRE en las elecciones hondureñas.[viii] Dejando entonces al Partido Libertad y Refundación totalmente desprotegido en la titularidad del TSE.
Es así como un solo poder del Estado (El Congreso Nacional), manipulado por una extensa mayoría de un solo partido político y encabezado por un candidato presidencial de ese mismo partido, amarra todas las instituciones del Estado (La CSJ, MP, UNAH) preparando el escenario para el FRAUDE ELECTORAL llevado a cabo el 24 de noviembre del 2013.
¿A dónde puede un ciudadano acudir entonces para denunciar un FRAUDE ELECTORAL? ¿Qué garantía brindan las instituciones del Estado al pueblo hondureño cuando están al servicio de un poder fáctico y dictatorial? ¿Es acaso una venda que el pueblo debe quitarle a la Temis hondureña a base de gritos desesperados?
La “Opción ‘C’” es la alternativa que tiene el pueblo hondureño para expresar su disconformidad con la situación nacional actual. Esta opción representa: Calle. Al no tener confianza de las instituciones del Estado para denunciar los delitos contra los derechos humanos, los ciudadanos en una desesperada situación de mostrar nuestra disconformidad con los procesos no tenemos más alternativa entonces que tomarnos las calles, las plazas, las avenidas, e incluso los lugares donde más seguros nos encontramos: las universidades.
Es por eso que “la vida ya no se puede defender con el derecho”, en primer lugar porque el derecho positivo responde a los intereses de las clases dominantes, en segundo lugar porque las instituciones del Estado encargadas de velar por estas garantías han caído en las manos de la corrupción e inseguridad jurídica producto de la falta de amor por la patria y el intervencionismo imperialista, en tercer lugar por que quienes defienden su vida alegando sus derechos son perseguidos por los mismos funcionarios públicos que deberían garantizar la seguridad jurídica de los procesos y en cuarto lugar –dejando números apertus- porque los organismos internacionales como la OEA y la ONU han perdido la contundencia y credibilidad que de antaño la humanidad le ha conferido, se puede demostrar con la ineficacia de la intervención de la OEA para el 2009, año del Golpe de Estado en Honduras y se puede verificar con las Naciones Unidas en las reiteradas violaciones del Consejo de Seguridad sobre los acuerdos de la Asamblea General, por mencionar algunos: Suspensión del Bloqueo Económico contra Cuba, Integración de Marruecos en los órganos de derechos humanos.
Ahora defendemos nuestra vida con la existencia misma de nuestro ser, luchando día con día en las calles y resistiendo la intolerable e inoperante respuesta del gobierno: la represión policial-militar, porque los derechos que la Constitución nos otorga ya no son más dignificados, asegurados ni ratificados por el Estado de Honduras, porque esos derechos ya están alejados de la concepción justicia debatida en las aulas de clase de Filosofía del Derecho, porque la ley se convirtió –en Honduras- en la antítesis de la justicia.
No tenemos a dónde acudir, solamente tenemos la “Opción ‘C’”.
[i] Que está conformado en su mayoría por el Partido Nacional de Honduras hasta la fecha.
[ii] http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/330905-98/honduras-magistrados-destituidos-califican-de-ilegal-acto-de-diputados#panel1-1
[iii] El Partido Nacional, encabezado por el entonces Presidente del CN Juan Orlando Hernández.
[iv] Denunciado así en Diario El Heraldo: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Congreso-de-Honduras-elige-en-polemica-sesion-a-fiscal-general
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