El Gobierno del "Caso PP" sigue empeñado en buscar la manera de
convertir en delito el acto de protesta llevado a cabo ayer por el SAT
en Sevilla, pese a no haber sido denunciado por Carrefour. Para ello,
filtra a la prensa unas supuestas declaraciones a la policía de un
guardia de seguridad...
Es, sencillamente, lo ocurrido en el seno del gobierno español, en el contexto actual del estado seudodemocrático español, y con el gobierno que está protagonizando el caso más escandaloso de corrupción de los últimos 40 años por un lado, y un grupo de unos 200 valientes sindicalistas, dispuestos a no quedarse con los brazos cruzados ante las injusticias que las clases trabajadoras están sufriendo a consecuencia de la estafa que llaman crisis, por el otro. La policía y el guardia de seguridad no son más que elementos necesarios para el desarrollo de la trama.
Empecemos por relatar los hechos. Como ya sabrán, este viernes 30 de agosto, en torno a las 11:00 de la mañana, los sindicalistas andaluces entraban en un Carrefour de Sevilla y se llevaban entre 8 y 10 carros con material escolar, a objeto de denunciar la situación de pobreza en la que viven millones de personas en Andalucía, muchas de ellas afectadas ahora, en este nuevo inicio del curso, por la imposibilidad de dotar de material escolar básico a su hijos e hijas.
Los sindicalistas no pretendían con ello más que devolver a la primera línea de la actualidad mediática el debate sobre la pobreza, el hambre y el resto de consecuencias e injusticias que las clases trabajadoras andaluzas (y las del resto del estado español) están sufriendo a consecuencia de esta estafa que llaman crisis, mientras los bancos y las grandes empresas aumentan su milmillonarios beneficios semestre tras semestre.
Entre otras cosas, por ello mismo, una vez realizado el acto, el líder sindical que encabezaba la protesta, Diego Cañamero, negoció con los responsables del hipermercado la "donación" de los carros expropiados, algo que el reponsable aceptó. En consecuencia, no ha habido denuncia alguna de "robo" o cualquier otro delito por parte del hipermercado a los sindicalistas.
Pero he ahí que entra el juego el gobierno. Un gobierno que ha engañado sistemáticamente a la ciudadanía, que es ya el paradigma de la ineficiencia y la corrupción en todo el mundo, que ha recortado en todo lo que se podía recortar para hacer recaer las consecuencias de la crisis en las clases trabajadoras mientras ha regalado a los bancos decenas de miles de millones de euros que pasaran a computar como deuda pública, y tantas otras cosas más que conocemos de sobra. Ese gobierno es el mismo que ahora, pese a la inexistencia de denuncia alguna, amenaza a los sindicalistas andaluces con detenciones por estos hechos.
El gobierno, en resumidas cuentas, pretende actuar de oficio pese a que la no existencia de denuncia por parte del Carrefour legalmente se lo impide, tal y como demuestra el hecho de que, por ejemplo, los sindicalistas que ahora hace algo más de un año entraron también en un Carrefour de Arcos de la Frontera (Cádiz) y expropiaron algunos carros con productos de primera necesidad no han sufrido proceso penal alguno -ya que el Carrefour tampoco denunció entonces-, a diferencia de los que entraron en el Mercadona de Écija que sí han sido procesados y están pendientes de juicio, al sí existir una denuncia por parte de Mercadona.
El gobierno, pues, pretende actuar de manera ilegal, pasando por encima del estado de derecho y ejerciendo, una vez más, como gobierno totalitario y absolutista que piensa que el estado es él, y que puede hacer lo que le venga en gana cuando le venga en gana, puesto que para eso tienen mayoría absoluta.
No obstante, como todo el mundo ha podido ver en las imágenes que la acción del SAT fue absolutamente pacífica, y que, además, no se ejerció la menor intimidación sobre nadie, el gobierno no ha tenido más remedio que justificar su orden echando mano de un recurso habitual: la filtración a la prensa de una supuestas declaraciones a la policía de uno de los Guardias de Seguridad presentes en el centro comercial que, eso tratan de hacer creer, demostrarían la existencia de violencia en la acción de los sindicalistas.
En concreto, el Ministerio del Interior han relatado a la prensa, contra toda evidencia, que un vigilante de seguridad ha afirmado a la Policía que intentó impedir que los sindicalistas se llevaran lo sustraído del hipermercado cuando éstos abandonaban el centro. En ese momento, exponen desde el departamento de cuentos y otras narrativas literarias del Ministerio del Interior, una persona que se identificó como Diego Cañamero se dirigió a él y le dijo: "Estate quieto, chaval, que te vas a buscar un problema".
Con lo cual, hemos de suponer, no podrán detener a los sindicalistas por robo si no hay denuncia del Carrefour, pero igual pueden detener a Diego Cañamero por "amenazas", "coacciones" o cualquier otro hecho similar, si es que, claro está, tal guardia de Seguridad pusiera denuncia contra él. Algo que, de momento, tampoco se ha confirmado que así haya sido, y todo apunta, obviamente, a que no es más que un intento de condicionar el debate mediático que se generará estos días, y no habrá tampoco denuncia al respecto.
Por su parte, el secretario general del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha negado haber
proferido amenaza alguna contra la figura del vigilante de
seguridad. Cañamero ha indicado que, antes bien, su trato para con este
trabajador ha sido llevado a cabo "con toda la amabilidad del mundo", ya que, expone, "le
tranquilicé y en todo momento le dije que no se preocupara, porque lo
que se estaba llevando a cabo era un acto simbólico del SAT". Pero
eso al responsable de dictar a la prensa los cuentos y otras historias
literias generadas en el Ministerio de Interior, claro está, no le
importa en absoluto.
Así, siguiendo con el guión marcado por el
departamento de cuentos y otras historias literias de Interior, la
delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado también
que la actuación que se ha llevado a cabo desde el Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT), supone una "demagogia delictiva", que asegura que no
sólo "daña" Andalucía, sino que "lo que consigue es ahondar en la
imagen tercermundista".
Demagogia delictiva, ya ven. Nuevo palabro a
sumar al vocabulario de la neolengua que el PP lleva usando para
justificar sus tropelías, corruptelas, recortes y acciones represivas
desde que llegaron al Gobierno, y en base al cual, atendiendo a todo lo
dicho con anterioridad, hemos de suponer que el Ministerio ha dado orden
de identificar y detener a los participantes en las expropiaciones de
material escolar, y que, hemos de suponer también, deberán ser juzgados,
finalmente, por el neodelito de "demagogia delictiva", puesto que la
inexistencia de denuncias evitaría que pudieran ser juzgados por ningún
otro motivo, al menos según lo que se sabe sobre los hechos hasta el
momento. ¿Se atreverán?
El Sindicato Andaluz de Trabajadores tiene
previsto mantener este domingo una reunión, a nivel nacional, en Osuna
(Sevilla) con el objetivo de decidir un calendario de protestas, y,
entre otras cosas, valorar la acción realizada este viernes y las
amenazas consecuentes del gobierno.
Allí estarán presentes la inmensa mayoría de
los participantes en la protesta de ayer, ya veremos si el gobierno se
atreve a detener por "demagogia delictiva" a los activistas, algo que,
por supuesto, conociendo el modo de actuar autoritario y totalitario de
este gobierno, para el que el ley es aquello que solo deben cumplir los
demás, el que se cree con capacidad de ejercer detenciones masivas sin
más razón que el uso de su poder absolutista sobre la policía -tal y
como, por ejemplo, hicieron con los convocantes de la protesta del
25-S-, no sería de extrañar, y los activistas del SAT así lo saben.
Otra cosa, claro, es que luego puedan abrir
algún tipo de causa contra ellos. Algo que mientras no haya denuncia,
sencillamente, no es posible. O al menos eso debemos creer si hacemos
caso de la ley, otra realidad, la de que el sistema judicial español
actúe en relación al SAT y sus militantes acorde al funcionamiento de la
ley, que, cuando menos, podemos poner en duda...
Pedro A. Honrubia. Kaos. Andalucía
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