por @zalduariz
Sábado, 10 de Agosto de 2013
Se acabaron los recortes, es hora de las reformas estructurales. Es
lo que se ha venido diciendo en los últimos meses desde el Gobierno
español, como si supusiera el fin de la austeridad y los cinturones
apretados.
Impuestas desde Europa en algunas ocasiones, fruto de la
ideología del PP en otras, el Gobierno prepara para los próximos meses
una intensa agenda de reformas.
En abril de 2012, con la mayoría
absoluta en el bolsillo, el PP anunció un programa de reformas
estructurales para llevar a cabo a lo largo de la legislatura. Todo un
plan para alterar, con el argumento de luchar contra la crisis, los
parámetros del sistema de bienestar conocidos hasta el momento. Eso sí,
sin tocar ni una coma de la Constitución, cuyo mínimo ajuste para
garantizar el pago de la deuda se realizó con Zapatero en el Gobierno.
La última de las reformas conocidas ha sido la del sector eléctrico, con la que el Gobierno, encarecerá la tarifa de la luz un 3,2% y enterrará definitivamente cualquier ayuda destacable a las energías renovables.
El objetivo, una vez más, es reducir el llamado déficit de la tarifa
eléctrica, algo para lo que la factura ya subió un 63% entre 2003 y
2011, situando al Estado español entre los países europeos con la
electricidad más cara.
Pero no es, ni de lejos, la última
reforma que el ahora débil Gobierno de Mariano Rajoy pretende impulsar.
La mayoría se sitúan en el ámbito económico y vienen muy marcadas desde
las instancias europeas y el FMI, verdaderos cerebros de la política
económica del Estado español.
Entre estas reformas económicas que vienen, la de las pensiones
será una de las más polémicas. Rajoy ha repetido en más de una ocasión
que no tocará las pensiones, pero lo mismo dijo sobre el IVA, por lo que
habrá que esperar atentos al informe del grupo de expertos nombrado por
el propio Gobierno y a la propuesta de reforma que debería llegar,
según señaló el Ejecutivo, antes de setiembre.
De momento, elementos como la desindexación de las pensiones del IPC o
la ampliación de la edad de la jubilación más allá de los 67 años están
encima de la mesa.
La reforma fiscal, ¿quién paga los platos rotos?
También está en camino una nueva reforma
fiscal, sobre la que apenas hay detalles más allá del ya clásico «no
subiremos el IVA» -el Gobierno ha reconocido, sin embargo, que algunos
productos dejarán de tener un impuesto reducido o hiperreducido, para
pasar al tipo general-. A menudo se diferencia entre las reformas
ideológicas y las económicas, como si la economía no tuviese nada que
ver con la ideología de quien la maneja. Algo que se podrá comprobar con
la reforma fiscal, a la que habrá que prestar atención para ver si la
factura de la crisis empieza a redundar también sobre las rentas más
altas o si se sigue haciendo pagar los platos rotos a las rentas más
bajas, como hasta ahora. Las respuestas, a partir de febrero de 2014,
que es cuando el enésimo comité de expertos nombrado a dedo por el
Gobierno presentará sus conclusiones.
Estas son las principales reformas
económicas previstas para los próximos meses, pese a no ser, por
supuesto, las únicas. Por ejemplo, desde la Troika europea e incluso
desde instancias estatales como el Banco de España se ha sugerido una
segunda vuelta de tuerca al mercado laboral con otra reforma, en el
camino del contrato único o de la supresión del salario mínimo.
También caben destacar proyectos como la
privatización, al menos parcial, de empresas públicas como RENFE, bajo
el eufemismo de «liberalización del transporte ferroviario de viajeros»,
según se lee en el ‘Programa Nacional de Reformas 2013’.
En resumen, unas reformas estructurales
que no hacen sino ahondar en el camino de la austeridad presupuestaria,
ya no tanto a través de los recortes puros -como hasta ahora-,
sino a través de unas reformas más complicadas de enmendar que los
recortes y que amenazan con dejar el ya escuálido estado de bienestar en
algo irreconocible.
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