En los últimos dos años el Delegado del Gobierno ha interpuesto más
de 200 recursos contra actos realizados por Ayuntamientos gobernados por
Bildu. La injerencia política del gobierno neofranquista en Euskal Herria es una constante.
Agencias
La última ha sido la petición de suspensión de la "txupinera" elegida para las fiestas de Bilbao, Jone Artola, una miembro de Etxerat y candidata de listas ilegalizadas de la izquierda abertzale, que finalmente fue acordada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de la capital vizcaína.
Esto último ha provocado que Sortu quiera promover una propuesta para "suprimir" la figura del Delegado del Gobierno en el País Vasco, ya que viene a unirse al hecho de que buena parte de los recursos que presenta la Delegación del Gobierno son ganados por la Abogacía del Estado.
Según el informe de litigiosidad que acumula la Delegación del Gobierno del País Vasco en esa CCAA, se han presentado algo más de 400 recursos contra las administraciones públicas de esa comunidad desde finales de 2011.
Del total de 404 recursos, 202 se refieren a cuestiones relacionadas con el conflicto vasco, mientras que el otro 50 por ciento hacen alusión a asuntos laborales, a la no remisión de actas y acuerdos y al uso del euskera en documentos y comparecencias oficiales o como requisito para determinadas contrataciones.
Según el Informe de litigiosidad de Euskadi, al que ha tenido acceso Europa Press, aproximadamente la mitad de esos 202 recursos (104) denuncian el incumplimiento de la ley que regula el uso de la bandera nacional y otras banderas y enseñas, normalmente por la negativa a colocar la bandera española. Algo que, como es bien sabido, molesta mucho al gobierno al PP, a una misma vez que sus alcaldes no tienen problemas en dejar que se realice un acto taurino en una plaza de toros con una pintada gigantesca de alabanza y apoyo a Adolf Hitler, entre otras cosas.
Otros 53 (el 26 por ciento) se presentaron por la exhibición, en lugares como la sede de un ayuntamiento, de carteles con los nombres o las fotografías de presos políticos vascos en los que se pide su traslado a cárceles del País Vasco, así como la colocación de anagramas de apoyo a estos reclusos en documentación y páginas web oficiales. Esto también resulta inadmisible al PP, mientras que las declaraciones de una alcalde suyo alabando a Franco las consideran como "un exceso verbal" y nada más, o mientras sus juventudes se fotografían constantemente haciendo el saludo fascista, junto a banderas nazis o en monumentos franquistas, sin que pase nada por ello ni en el partido hagan absolutamente nada por condenarlo.
Un 12 por ciento de los 202 recursos (24) denuncian la celebración de homenajes y manifestaciones a favor de presos políticos--o de sus familiares-- para reclamar su puesta en libertad o que sean amnistiados.
Este tipo de recursos también se refieren a asuntos como la cesión de espacios en edificios públicos para actos en los que se respalda a los presos o se critica la política penitenciaria del Gobierno, así como acuerdos de los ayuntamientos en este sentido y la organización de carreras o festivales de música con los que se rinde homenaje a militantes abertzales.
Menos numerosos (concretamente 9, o el 4 por ciento) son los recursos de la Delegación del Gobierno contra la concesión de subvenciones para el transporte de los familiares que van a visitar a presos a la cárcel y contra la aprobación de mociones para que los ayuntamientos se hagan cargo de los gastos judiciales de personas juzgadas por hacer política y a los que el estado acusa de "terroristas" por ello.
El Informe de litigiosidad también recoge recursos relacionados con determinados actos o declaraciones de miembros de Bildu o Sortu (8, o el 4 por ciento) y con asuntos penales (4, o el 2 por ciento).
Uno de estos últimos está motivado, por ejemplo, por la aprobación de un acuerdo en Lequeitio (Vizcaya) para exigir la absolución de siete personas que iban a ser juzgadas por su activismo político pacífico y democrático, a lo que la doctrina del "todo es ETA" pretende presentar como peligrosos asesinos o similar. Otro se interpuso después de que el diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, mostrase su apoyo a un joven condenado a cuatro años de cárcel por participar en actos de este estilo que tan molestos son para el estado.
En cuanto a las denuncias por actos o declaraciones de miembros de Bildu o Sortu, destaca una que hace alusión a la recepción en el ayuntamiento de San Sebastián, por parte del alcalde, Juan Karlos Izagirre (de Bildu), de ocho jóvenes de SEGI condenados a seis años de prisión. También aparece recogida una denuncia contra una propuesta de Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa que instaba a suspender los juicios de intencionalidad política y a revocar la Ley de Partidos en apoyo a varios jóvenes condenados a seis años de cárcel por pertenencia a SEGI.
Entre los recursos presentados por las ayudas a presos, destaca uno según el cual el ayuntamiento de San Sebastián acordó otorgar 9.000 euros para un documental sobre la vida de varios presos .
Por último, entre las denuncias interpuestas por homenajes y manifestaciones figura una sobre un acuerdo en ese mismo Gobierno municipal para conceder a José Luis Álvarez Emparanza, más conocido como 'Txillardegi', la medalla al Mérito Ciudadano a título póstumo.
La mayor parte de los recursos del Informe de litigiosidad no han dado lugar a una sentencia, pero de aquellos en los que sí se emitió una resolución judicial, la inmensa mayoría se refieren al incumplimiento de las normas sobre colocación de banderas. De las 35 resoluciones emitidas en este tema, 22 estimaron el recurso de la Abogacía General del Estado y otras 13 lo desestimaron. Al final, es lo que más importa...
La última ha sido la petición de suspensión de la "txupinera" elegida para las fiestas de Bilbao, Jone Artola, una miembro de Etxerat y candidata de listas ilegalizadas de la izquierda abertzale, que finalmente fue acordada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de la capital vizcaína.
Esto último ha provocado que Sortu quiera promover una propuesta para "suprimir" la figura del Delegado del Gobierno en el País Vasco, ya que viene a unirse al hecho de que buena parte de los recursos que presenta la Delegación del Gobierno son ganados por la Abogacía del Estado.
Según el informe de litigiosidad que acumula la Delegación del Gobierno del País Vasco en esa CCAA, se han presentado algo más de 400 recursos contra las administraciones públicas de esa comunidad desde finales de 2011.
Del total de 404 recursos, 202 se refieren a cuestiones relacionadas con el conflicto vasco, mientras que el otro 50 por ciento hacen alusión a asuntos laborales, a la no remisión de actas y acuerdos y al uso del euskera en documentos y comparecencias oficiales o como requisito para determinadas contrataciones.
Según el Informe de litigiosidad de Euskadi, al que ha tenido acceso Europa Press, aproximadamente la mitad de esos 202 recursos (104) denuncian el incumplimiento de la ley que regula el uso de la bandera nacional y otras banderas y enseñas, normalmente por la negativa a colocar la bandera española. Algo que, como es bien sabido, molesta mucho al gobierno al PP, a una misma vez que sus alcaldes no tienen problemas en dejar que se realice un acto taurino en una plaza de toros con una pintada gigantesca de alabanza y apoyo a Adolf Hitler, entre otras cosas.
Otros 53 (el 26 por ciento) se presentaron por la exhibición, en lugares como la sede de un ayuntamiento, de carteles con los nombres o las fotografías de presos políticos vascos en los que se pide su traslado a cárceles del País Vasco, así como la colocación de anagramas de apoyo a estos reclusos en documentación y páginas web oficiales. Esto también resulta inadmisible al PP, mientras que las declaraciones de una alcalde suyo alabando a Franco las consideran como "un exceso verbal" y nada más, o mientras sus juventudes se fotografían constantemente haciendo el saludo fascista, junto a banderas nazis o en monumentos franquistas, sin que pase nada por ello ni en el partido hagan absolutamente nada por condenarlo.
Un 12 por ciento de los 202 recursos (24) denuncian la celebración de homenajes y manifestaciones a favor de presos políticos--o de sus familiares-- para reclamar su puesta en libertad o que sean amnistiados.
Este tipo de recursos también se refieren a asuntos como la cesión de espacios en edificios públicos para actos en los que se respalda a los presos o se critica la política penitenciaria del Gobierno, así como acuerdos de los ayuntamientos en este sentido y la organización de carreras o festivales de música con los que se rinde homenaje a militantes abertzales.
Menos numerosos (concretamente 9, o el 4 por ciento) son los recursos de la Delegación del Gobierno contra la concesión de subvenciones para el transporte de los familiares que van a visitar a presos a la cárcel y contra la aprobación de mociones para que los ayuntamientos se hagan cargo de los gastos judiciales de personas juzgadas por hacer política y a los que el estado acusa de "terroristas" por ello.
El Informe de litigiosidad también recoge recursos relacionados con determinados actos o declaraciones de miembros de Bildu o Sortu (8, o el 4 por ciento) y con asuntos penales (4, o el 2 por ciento).
Uno de estos últimos está motivado, por ejemplo, por la aprobación de un acuerdo en Lequeitio (Vizcaya) para exigir la absolución de siete personas que iban a ser juzgadas por su activismo político pacífico y democrático, a lo que la doctrina del "todo es ETA" pretende presentar como peligrosos asesinos o similar. Otro se interpuso después de que el diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, mostrase su apoyo a un joven condenado a cuatro años de cárcel por participar en actos de este estilo que tan molestos son para el estado.
En cuanto a las denuncias por actos o declaraciones de miembros de Bildu o Sortu, destaca una que hace alusión a la recepción en el ayuntamiento de San Sebastián, por parte del alcalde, Juan Karlos Izagirre (de Bildu), de ocho jóvenes de SEGI condenados a seis años de prisión. También aparece recogida una denuncia contra una propuesta de Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa que instaba a suspender los juicios de intencionalidad política y a revocar la Ley de Partidos en apoyo a varios jóvenes condenados a seis años de cárcel por pertenencia a SEGI.
Entre los recursos presentados por las ayudas a presos, destaca uno según el cual el ayuntamiento de San Sebastián acordó otorgar 9.000 euros para un documental sobre la vida de varios presos .
Por último, entre las denuncias interpuestas por homenajes y manifestaciones figura una sobre un acuerdo en ese mismo Gobierno municipal para conceder a José Luis Álvarez Emparanza, más conocido como 'Txillardegi', la medalla al Mérito Ciudadano a título póstumo.
La mayor parte de los recursos del Informe de litigiosidad no han dado lugar a una sentencia, pero de aquellos en los que sí se emitió una resolución judicial, la inmensa mayoría se refieren al incumplimiento de las normas sobre colocación de banderas. De las 35 resoluciones emitidas en este tema, 22 estimaron el recurso de la Abogacía General del Estado y otras 13 lo desestimaron. Al final, es lo que más importa...
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