Los organismos internacionales de
crédito lograron imponerle a Grecia un nuevo programa de ajustes como
condición para destrabar un tramo de financiación de 6800 millones de
euros. El “rescate” se otorgará de modo escalonado bajo exigencia de que
el gobierno heleno cumpla con una reforma estatal y administrativa que
prevé el despido de miles de empleados públicos. Mientras, a diario se
llevan a cabo movilizaciones de repudio en las calles y los sindicatos
ya convocaron a una huelga general.
El acuerdo se pactó entre el ministro de
Reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis y representantes de la
Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) –la denominada Troika Financiera-.
En el mes de abril se había presentado una propuesta que tenía como eje los recortes y reducción
de lo que los neoliberales denominan “reducción del gasto público”. En
ese marco la iniciativa preveía el despido de dos mil empleados públicos
antes de la mitad de año e igual cantidad antes de diciembre. También
se dictaminó que alrededor de 25 mil empleados debían ingresar en un
esquema de “movilidad” en el que se le reducirían los salarios.
El día lunes pasado se concretó una
reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro, luego de la cual
el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, presentó
un informe
en el que sostienen que “Grecia ha hecho avances en la puesta en
marcha de reformas estructurales y fiscales, que condicionan el
desembolso de la ayuda, aunque en algunas áreas el ritmo ha sido
demasiado lento”.
Allí se decidió que en las próximas
semanas se entregarán 2500 millones de euros desde el fondo de rescate
europeo. Otros 1500 millones de euros serán aportados por los bancos
centrales europeos y el FMI destinará 1800 millones en agosto. Por
último, en el mes de octubre Grecia recibirá mil millones de euros, la
mitad a cargo del bloque euro.
Desde el martes, las calles de Grecia
fueron tomadas por movilizaciones en protestas por la nueva entrega a
los organismos financieros. También se concretaron manifestaciones
frente al Parlamento en señal de repudio a la sumisión a las políticas
del Ejecutivo de Adonis Samaras. En ese marco, la Confederación de los
Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY) y la Confederación General de
Trabajadores Griegos (GSEE) convocaron a una huelga general para el
próximo 16 de julio en repudio de las políticas neoliberales.
“En un país donde el desempleo ha
alcanzado el 30 por ciento y el 60 por ciento para los jóvenes, donde la
sociedad se empobrece rápidamente y el estado del bienestar ha sido
destruido, las nuevas medidas llevarán a un incremento del desempleo y
la pobreza de la sociedad griega”, denunciaron los sindicatos en la
convocatoria. Se estima que el 19 de julio podría votarse en el
Parlamento la aprobación de los ajustes acordados entre la Troika, el
gobierno heleno y los ministros de la eurozona.
En pos de sostener la proclamada
estabilidad en la eurozona, la Troika impuso su “plan de rescate” que
implicó la inyección de 110 millones de euros en el 2010, y de 130
millones en el 2012. A cambio, Grecia debió atarse a un estricto plan de
ajuste neoliberal, el cual volvió a actualizar.
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