EL SUPERTRIBUNAL CON CARNET

 

22 julio, 2013 

Silvio Diderot

El descubrimiento de la militancia en el Partido Popular del ahora Presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, ha generado un profundo revuelo mediático y ha orientado todos los focos hacia el debate de si es ético o no pertenecer a este “supertribunal” portando el carnet de un partido político.

Los argumentos en este estéril debate son varios: desde que el Tribunal Constitucional no es parte del poder judicial y por lo tanto la lógica de la “división de poderes” debe interpretarse de otra manera, hasta juegos calendarísticos en los que el propio Pérez de los Cobos intenta minimizar el impacto de este hecho demostrando que dejó de pagas las cuotas allá por 2011. De nuevo la espiral mediática ha vuelto a encerrarnos en la trampa de sus sesgados y, en la mayoría de ocasiones, formalistas análisis. Nos vuelven a perder en la simpleza de determinar si lo particular es o no ético y nos alejan de un análisis más profundo que nos permita discernir la raíz del problema y su posible solución.

Un supertribunal por encima de los “ tres poderes” pero por debajo de empresas y bancos

El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional independiente cuyos doce miembros son elegidos por el Congreso de los diputados (4), el Senado (4), el Gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2). Los 8 miembros elegidos en las dos cámaradas de las Cortes deben contar con el aval de 3/5 de sendas cámaras lo que convierte el proceso de elección en un mercadeo de intereses, favores y juegos ocultos con vistas a colocar en el órgano, que tendrá plena capacidad para interpretar los dictados constitucionales, a personas más o menos afines a los intereses de cada grupo político. Los dos miembros elegidos por el gobierno son consecuencia del partido político que haya logrado imponer su mayoría en el Congreso de los diputados en la investidura, bien mediante mayoría absoluta o diferentes pactos que posibiliten el gobierno. Así pues los dos miembros elegidos por el gobierno pueden corresponde a la unilateralidad de los intereses del partido en el gobierno o al mercadeo tras el proceso de investidura que hizo posible ese gobierno. ¹

No hace faltar recordar que los diferentes partidos políticos tienen importantes vínculos con empresas y bancos que imponen clausulas en sus programas políticos, leyes ordinarias u orgánicas a debatir, si tienen capacidad para ello, e incluso principios rectores de su hacer ejecutivo. Todos los Partidos Políticos del hemiciclo tienen vínculos con empresas a las que deben el desarrollo, bien económico o bien mediático, de su imagen corporativa y su campaña electoral. Los vínculos llegan a ser tan evidentes que algunos casos como los de los expresidentes Aznar como asesor de Endesa² o el expresidente González fichando por Gas Natural³.

Por otro lado, los dos miembros elegidos por el CGPJ responden al corporativismo desarrollado en el seno del mundo judicial. Recordemos que la composición de este mundo corresponde a una realidad social emancipada de la mayoría, que combina desde familias pequeñas propietarias a la de obreros bien remuneradas, incluyendo, por supuesto, a familias propietarias de empresas y bancos, que pueden liberar económicamente a familiares para dedicarse a esta ardua tarea de pugnar por un puesto relevante en el poder judicial. La presencia de capas o clases identificadas con la realidad de la mayoría del pueblo son producto de la excepción o de la más reducida particularidad y queda reducido prácticamente a la nada.

Finalmente llegamos a la conclusión de que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional corresponde al mercadeo de favores, concesiones e intereses, de los principales poderes empresariales y bancarios en nuestro país que, mediante su control de los principales partidos políticos y su capacidad de influencia sobre las capas privilegiadas de la clase obrera, se aseguran un “superórgano” que pueda enmendar, derogar o interpretar a su libre antojo, cualquier avance logrado por las mayorías populares que supusiera un sobrepasamiento de la delgada “línea roja” que marcan los intereses de los principales poderes financieros de nuestro país.

La división de poderes es una fantasía nostálgica de aquellos tiempos pasados de la burguesía revolucionaria que les merece la pena sostener como bandera del acuerdo democrático-liberal de los diferentes grupos financieros. Sin embargo es de imposible existencia real y pragmática al ser más profunda y de mayor importancia la brecha que se abre entre los que poseen fábricas, empresas y bancos y aquellos que se ven obligados a vender su capacidad de trabajar para sobrevivir.

¿Tribunales al servicio de los monopolios o tribunales al servicio del pueblo?

Habiendo aclarado algunas cuestiones se abre entonces la verdadera polémica que subyace tras la enrarecida arena mediática. El debate no debe darse únicamente alrededor de si es ético o no que el presidente del tribunal constitucional tenga filiación política. Como hemos podido ver el hecho de que Pérez de los Cobos demostrara su vínculo con el PP es producto de una mera formalidad como es registrar el pago de cuotas. De manera menos brusca y evidente se trazan diariamente cientos, si no miles o millones de vínculos que conectan los intereses de los grandes monopolios bancarios y empresariales con los miembros de las diferentes instituciones del Estado. Lo cual nos lleva a la conclusión de que debemos denunciar este vínculo partidario de Pérez de los Cobos con el Partido Popular porque supone la evidencia del vínculo de este señor con los intereses de los grandes grupos financieros que gobiernan este país. Sin embargo no podemos quedarnos ahí.

Debemos ser capaces de arrancar de esta indignación parcial la reflexión más profunda. Este Tribunal Constitucional es un órgano de blindaje estatal para asegurar el reforzamiento del imperativo por parte de los grandes poderes, sus vínculos son, si cabe, más evidentes incluso que en otras tantas instituciones dónde puede haber mayor pie a filtraciones. Las iras de la mayoría deben orientarse ya no en el sentido de pedir responsabilidades políticas a Pérez de Cobos, sino en exigir la disolución de esta antidemocrática institución que concentra en su unilateralidad la capacidad de decidir lo que es o no constitucional.

Pero ni si quiera con esas habríamos empezado a andar. No podemos exigir dimisiones, responsabilidades políticas y disoluciones y quedarnos sólo allí. Es necesario abrir un profundo debate sobre qué tipo de justicia debemos articular para satisfacer los intereses de la mayoría y plantear esta misma como una alternativa programática a la construcción estatal de los grupos de los poderosos. Es necesario abrir el debate sobre qué herramientas y procedimientos articularemos para que la gran mayoría dirigida por los trabajadores puedan construir una justicia para sí, para sus intereses, sobre qué formas de elección y control popular debemos proponer para contraponerlas a las actualmente existentes. No podemos simplemente denunciar el parcial funcionamiento de las estructuras construidas por los que tienen el poder, sino en nuestro ataque a esas injusticias ir fraguando las propuestas de la Nueva Justicia que permitirá que la ley se haga efectiva por y para el conjunto del pueblo y no para un puñado de empresarios y banqueros que sólo aspiran a continuar aumentando sus ganancias mientras perpetúan, en este caso mediante su régimen político y jurídico, la explotación del ser humano por el ser humano.

Notas

1Todo este proceso se encuentra plasmado en la Constitución española de 1978. Recomendable leer los títulos III, IV, V, VI y IX

2El Confidencial; Endesa contrata a Aznar como asesor de la cúpula directiva por más de 200.000 euros al año
http://www.elconfidencial.com/mercados/endesa-contrata-aznar-asesor-cupula-20110111-63562.html

3Público; Felipe González ficha por Gas Natural http://www.publico.es/dinero/352202/felipe-gonzalez-ficha-por-gas-natural