sábado, 11 de mayo de 2013
Fofito Margallo presionó a Argentina contra el enjuiciamiento de los crímenes franquistas.
Los grupos
parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural y Mixto (a
través de las formaciones Amaiur, ERC y BNG) han solicitad0 una doble
comparecencia del titular de Asuntos Exteriores del Gobierno del PP,
José Manuel García-Margallo, tanto en la comisión parlamentaria
correspondiente a su departamento como en la de Justicia, para que
explique la "presión ejercida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores
sobre la Embajada de Argentina para que se aplazara la declaración de
las tres víctimas de la dictadura franquista, dentro del proceso
judicial que se sigue en dicho país contra los responsables de la
represión franquista".
Los portavoces de
Exteriores de todas las formaciones que firman esta iniciativa coinciden
en valorar que "el ministro de Exteriores de Mariano Rajoy tiene que
dar cuenta en el Congreso de éste y de otros obstáculos que los
representantes de las víctimas nos han trasladados directamente que
están percibiendo por parte de las autoridades españolas con el fin de
retrasar y entorpecer la acción de la justicia argentina".
A su juicio, "da la
impresión de que el Ejecutivo del PP quiere 'exportar' a Argentina todas
las dificultades e impedimentos con las que se ha encontrado
históricamente en el Estado español cualquier que grupo, asociación o
colectivo que ha tratado de que el sistema judicial tomara cartas en
cualquier asunto importante directamente vinculado con el franquismo".
La solicitud de
comparecencia de García-Margallo se ha registrado esta misma mañana tras
conocerse ayer que la jueza argentina María Servini había suspendido la
declaración por videoconferencia de víctimas del franquismo desde el
consulado de Argentina en Madrid. La argumentación para ello fue que no
se estaba aplicando el tratado bilateral de extradición y asistencia
judicial en materia penal entre España y Argentina.
Previamente, fue el
Gobierno español quien solicitó la aplicación de dicho tratado para
impedir la declaración y así se lo reclamó a las autoridades argentinas.
Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, lo
establecido en este texto del 3 de marzo del 87 prima sobre cualquier
decisión judicial que se pueda tomar en Argentina en relación a
cualquier causa.
Este tratado establece
que las investigaciones judiciales entre jueces de ambos países han de
hacerse a través del mecanismo de la comisión rogatoria (auxilio
judicial internacional).
La jueza Servini
instruye en Buenos Aires la causa abierta en virtud del principio de
justicia universal por la querella presentada por los delitos de
'genocidio y/o lesa humanidad' cometidos durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista. Abarca el periodo que va desde julio de 1936,
fecha del golpe de Estado militar, hasta el 15 de junio de 1977, fecha
de las primeras elecciones tras la dictadura.
ehbildu.net
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