Hay varios activistas detenidos, ocho según la organización
El presidente del Congreso reconoce "fallos de seguridad" en el Congreso
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La policía actuó con rapidez, pero no ha podido impedir que durante unos segundos al menos un activista de la organización ecologista Greenpeace haya escalado hasta el tejado del Congreso, en tanto que otros siete compañeros le esperaban abajo. Pasaban las nueve y cinco de la mañana y empezaba una acción de protesta por la reforma de la Ley de Costas, cuyo debate comenzaba. Esta era la forma de rechazo contra una norma que cuenta con la desaprobación no solo de las organizaciones ecologistas sino de todos los grupos del Congreso, salvo del PP, que la sacará adelante con sus votos. Los activistas llegaron en una furgoneta y con rapidez intentaron el ascenso hasta el tejado del palacio de la Carrera de San Jerónimo ayudándose de los andamios que están instalados desde hace meses para las obras de acondicionamiento del viejo caserón. Tan solo uno lo consiguió porque de inmediato la policía requirió al resto para que no lo intentaran. No hubo resistencia ni gestos de violencia por ninguna parte. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha señalado su incomodidad por este hecho ya que "ha habido un fallo de seguridad", que ya está en proceso de investigación.
Los activistas fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz de Madrid y pasaron por tarde a disposición del juez Javier Gómez Bermúdez de la Audiencia Nacional, que está de guardia, informa Fernando J. Pérez. El asunto podría alcanzar grados de relevancia si se les aplica el tipo penal previsto cuando se ejerce un acto de fuerza contra instituciones del Estado. De momento la policía cree que han incurrido en ese delito, según han informado a Efe, fuentes de la Jefatura Superior de Policía. No obstante, Gómez Bermúdez ha dejado esta noche en libertad a los ocho y ha preguntado al presidente del Congreso si los activistas alteraron el normal funcionamiento de la Cámara.
Antes de ser detenidos el activista encaramado en el tejado ha podido desplegar durante unos segundos una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa, una vez que accedió al techo por los andamios que están colocados en los laterales de la Cámara Baja por las obras que se están realizando en el edificio.
Los activistas conocían bien el orden del día del pleno, ya que hicieron su acción de protesta justo en el momento en el que arrancaba el pleno del Congreso, en el que empezaba a debatirse las enmiendas del Senado a la nueva Ley de Costas. "Se han abierto diligencias y espero que esto no vuelva a ocurrir", ha señalado el presidente del Congreso, en referencia al aspecto de la seguridad. Aunque Posada estima "inaceptable" esta acción la diferencia, por su carácter "pacífico" de los escraches o seguimiento a los diputados del PP cuyos votos han hecho posible una legislación hipotecaria destinada a los impagos de hipoteca que tiene el rechazo del resto de los grupos parlamentarios y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El propio Posada ha visto como frente a su domicilio se reunieron miembros de esa plataforma para protestar contra la ley, aunque no pudieron acercarse en exceso por el control policial que se formó en las inmediaciones del domicilio de la tercera autoridad del Estado.
Nada que ver, por tanto, desde el punto de vista de Posada, la acción de los ecologistas con la de Greenpeace, pero esta va a ser objeto de investigación para que a partir de ahora los andamios no faciliten el camino para quienes quieran protestar desde lo alto del Congreso.
Nada impedirá, sin embargo, que hoy el Congreso vote y apruebe definitivamente esta ley que saca del dominio público unas 10.000 viviendas y otorga hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser demolidas a partir de 2018. La mayoría absoluta de los populares en el Senado les permitió rechazar los cinco vetos de diferentes partidos que proponían devolver la norma al Congreso y comenzar de nuevo. Todas las formaciones argumentaban que la nueva ley incrementa la inseguridad jurídica, privatiza el litoral o que contradice directivas europeas e informes del propio Gobierno, entre otros asuntos.
El PP defiende la necesidad de modificar la Ley vigente, de 1988, para evitar nuevos "algarrobicos "—en referencia al mastodóntico hotel de Carboneras (Almería) levantado en dominio público— e insiste en el poder de revitalización económica de la nueva norma.
En un comunicado, la organización ecologista ha justificado su acción de protesta en que "la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización". Además, señala que la desprotección del litoral "ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma". El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que las leyes se defienden en la Cámara y ha considerado "ilegal" la acción de los ecologistas. De acuerdo con los instrumentos de la legalidad el Grupo Socialista estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma aprobada por el Congreso, con el voto del PP, y la oposición del resto de los grupos, además del rechazo que suscita en los grupos ecologistas como los que han protestado desde el tejado de la Cámara Baja.
Declarados inocentes los ocho activistas imputados en el ‘caso CaixaBank’
Acción en la sede de La
Caixa de la Avenida Diagonal de Barcelona por la que los ecologistas fueron
imputados. Los hechos tuvieron lugar en la sede de la avenida Diagonal de CaixaBank el 4 de diciembre de 2011. En el marco del Congreso Confederal de Ecologistas en Acción, un grupo de ocho activistas colgaron desde la octava planta del edificio tres pancartas en las que se podía leer La Caixa arrasa el planeta, Justicia social y ambiental y Allibera’t de la banca, ante más de un centenar de compañeros. La acción no violenta, que pretendía visibilizar “la enorme acumulación de poder político y económico en el sector bancario”, acabó con la imputación de ocho de los activistas.
Casi un año y medio después, el auto de seis páginas del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona ha dado la razón a los ecologistas. Y es que desde el primer momento, una de las abogadas de los imputados, Anaïs Franquesa, mantuvo que ninguno de ellos había entrado en el edificio. “Su entrada en el edificio no es por voluntad propia, sino a instancia del vigilante de seguridad, con la finalidad de ser identificados, como de hecho lo fueron, por los Mossos d’Esquadra”, reza el auto. Y amplía: “Y si entraron fue a requerimiento ajeno y de las personas que en esos momentos representaban los intereses de la entidad bancaria”.
Estuvo alguien, pero no sabe quién
Las pruebas presentadas por la entidad financiera son los vídeos recogidos por las cámaras de vídeovigilancia y el testimonio tanto del personal de seguridad privada como de los agentes de Mossos d’Esquadra que se personaron en la sede. Como ha confirmado Franquesa, en el vídeo “aparece una persona cruzando el hall, pero no se han hecho identificaciones”. En al auto se explica que en el atestado anterior a esta resolución “se dice que una persona entró desde las escaleras al edificio, bajó a la entrada abriendo las puertas y permitiendo el acceso de muchas personas al edificio”.
“Esta acción no se niega -continua el texto-, pues de hecho consta una fotografía de una persona en la puerta, que supuestamente está abriéndola. Pero, en ningún caso puede establecerse identidad alguna entre las personas que estaban retenidas en la planta octava del edificio”.
¿Escalera de emergencia?
A los ecologistas se les acusó de hacer uso de las escaleras de emergencia de la parte exterior del edificio financiero. Pero la resolución ha dictaminado que el acceso a estas escaleras “no constituye una vulneración del derecho a la intimidad de la persona jurídica (…) pues estas escaleras no son un lugar apto para el desarrollo de la vida jurídica de una entidad bancaria, sino una evaluación del edificio integrado en la fachada”.
Por todo esto, este juzgado catalán da respuesta a un recurso presentado por uno de los ecologistas (aunque afecta a todo el grupo) y determina un sobreseimiento provisional, “lo que equivale a la inocencia”, explica Anais Franquesa, abogada del recurrente. A pesar de que no cabe recurso ante el Tribunal Supremo por el carácter provisional, existe una forma de reabrir el llamado “caso Caixabank”: con la aportación por parte de la entidad financiera de nuevas pruebas muy concluyentes en contra del grupo de activistas. “¿Qué pruebas va a aportar el banco tan concluyentes que no han presentado ya?”, se pregunta la letrada.
Para Luis González, uno del grupo de las personas imputadas, esta decisión “da muestra de la capacidad de la movilización social de parar cosas tan absurdas como esta”. Y es que el grupo ecologista recibió el pasado febrero el apoyo de 266 grupos y asociaciones a través de la firma de un Manifiesto, así como diferentes acciones y eventos organizados por varios colectivos ecologistas y sociales.
“Ellos son los corresponsables de los suicidios”
“El juez ha medido la alarma social que podría generar ser encausados por uno de los lobbies más corruptos de este país, el poder financiero. CaixaBank es corresponsable de los suicidios de los desahuciados. ¿En qué cabeza cabe que esa entidad nos lleve a juicio a nosotros?”, afirma José Vicente Barcia, uno de los eximputados y miembro de la Plataforma por un nuevo modelo energético.
Los ecologistas, con regusto a victoria, insisten en que persistirán en su lucha por el medio ambiente, la sostenibilidad y contra los abusos del capitalismo. “Lo voy a volver a hacer, una y mil veces. Siempre por el camino de la no violencia y de la desobediencia civil, pero siempre en las calles”, insiste Barcia.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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