miercoles, 15 de mayo de 2013
Cambie usted el número
romano XXI por XIX y verá que el capitalismo "avanzado" es tan
primitivo como el de hace un siglo. Si no se lo cree, pregunte a los
griegos que los han enviado 100 años atrás Y los demás llevamos el mismo
camino.
PL.- El conflicto
abierto en el sector educativo se endureció este fin de semana con la
decisión del ejecutivo de impedir a toda costa una huelga prevista para
los días en que se llevarán a cabo los exámenes nacionales de ingreso en
la universidad de alumnos de bachillerato.
El primer ministro,
Antonis Samarás, firmó un decreto el sábado por la tarde por el que se
dictaba la movilización civil de los profesores de secundaria, lo que
significa que en caso de faltar a sus obligaciones podrían ser
encarcelados y despedidos.
El sindicato de maestros
(OLME) criticó la decisión del gobierno y envió una petición a los dos
mayores sindicatos, la Confederación General de Trabajadores (GSEE) y la
Confederación de Empleados Públicos (Adedy), solicitándoles la
convocatoria de una jornada de huelga general para el viernes, fecha en
que tendrán lugar las pruebas estudiantiles.
OLME también anunció que
recurrirá la medida del ejecutivo ante el Consejo de Estado, alegando
que ese decreto es inconstitucional y contraviene la legislación
nacional y europea en materia de huelga, pues la figura de la
movilización civil está concebida para periodos de guerra o tras sucesos
extremos como catástrofes naturales.
Además organizó una
manifestación frente al Parlamento para la tarde de hoy que se verá
reforzada por la convocatoria de apoyo del sindicato comunista Pame y
por las muestras de solidaridad de organizaciones sectoriales como
médicos del hospital, empleados municipales y estudiantes, entre otras.
El principal partido de
la oposición, Syriza, consideró que la actuación del primer ministro fue
irresponsable y peligrosa pues “las explosiones sociales se activan
cuando se usan métodos dictatoriales”, y exigió la derogación del
decreto así como la búsqueda de soluciones dialogadas entre gobierno y
enseñantes en el conflicto laboral abierto.
Por su parte el Partido
Comunista de Grecia (KKE) cuestionó la legitimidad de la decisión de
Samarás, condenando “la aplicación de la doctrina preventiva de la ley y
el orden contra el pueblo trabajador”, y llamó a los ciudadanos a
unirse contra “las políticas inhumanas en la educación que van de la
mano con la opresión del Estado y el autoritarismo”.
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