ATALAYA COMUNISTA EN JEREZ DE LA FRONTERA.
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Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía.
El Gobierno de Andalucía ha cursado un
nuevo decreto-ley con el que trata de poner coto al drama de los
desahucios. Entre otras medidas, incluye la posibilidad de expropiar a
los bancos que desahucien a familias en situación de riesgo social,
además de multas de hasta 9.000 euros a entidades financieras e
inmobiliarias que no alquilen sus viviendas vacías.
ANDALUCÍA REGISTRA EL RÉCORD DE DESAHUCIOS: MÁS DE 300 CADA DÍA
En
Andalucía se producen una media de 300 desahucios al día. Según los
cálculos del Gobierno de la Junta, que explicaba su consejera de Fomento
y Vivienda, Elena Cortés (IU), desde 2007 se han producido unos 86.000
desahucios. Paralelamente, en la Comunidad existen más de 700.000
viviendas desocupadas, de las que alrededor de 350.000 pertenecen a
personas jurídicas. Precisamente
a las personas jurídicas, normalmente bancos e inmobiliarias, se dirige
principalmente la nueva legislación presentada ayer por la Junta de
Andalucía. El
decreto-ley de la función social de la vivienda permite la expropiación
temporal de viviendas cuyos ocupantes sean objeto de procedimientos de
desalojo en determinadas circunstancias: entre los requisitos que se
fijan para aplicar esta medida excepcional destacan que el afectado
tenga en la vivienda hipotecada la residencia habitual y permanente; que
la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda
generar exclusión social y que las condiciones económicas de los
afectados suponga un importante menoscabo y una situación de
endeudamiento sobrevenido. MULTAS DE HASTA 9.000 EUROS.
LA CONSEJERA DE VIVIENDA, ELENA CORTÉS, ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DEL DECRETO LEY
La
nueva norma incluye también un sistema de sanciones leves, graves y muy
graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades
de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva
residencial.
Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un
inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda
sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley, casos en
los que la penalización puede alcanzar los 9.000 euros, y cuya
recaudación se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta.
Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar
durante un periodo de seis meses la no habitabilidad, y la nueva
regulación establece la creación de un Registro de Viviendas
Deshabitadas como instrumento de control, al tiempo que dispondrá de un
plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los
criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito.
Según la consejera, con esta nueva regulación Andalucía avanza “hacia un horizonte más justo, en el que las víctimas de la crisis ven como su gobierno autonómico ofrece respuestas”. “Con este decreto hacemos justicia, llegamos a la raíz del problema“, concluyó Cortés
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