En la que figuran personas que son habitualmente seguidas o
controladas por la Policía por sus “sospechosas” actividades políticas y
sociales. Entre ellas figuran empresarios, periodistas, políticos y
personas vinculadas al mundo de las organizaciones cívicas y sociales.
Prensa
Entre los “indeseables políticos” manejados por
la Delegación del Gobierno de Madrid, estarían Ada Colau, Jorge
Verstringe, el exprofesor Jesús Neira, el dirigente de CC.OO. Ignacio
Fernández Toxo, el profesor de ciencia política Carlos Taibo, el
activista contra el racismo y la xenofobia Esteban Ibarra, los actores
Carlos y Javier Bardem o el exconcejal del PP que destapó la trama
Gürtel, José Luis Peñas.
Dicho listado, cuya existencia ha sido negada cuando hemos intentado
confirmarla ante la Delegación del Gobierno, constituiría una ilegalidad
y atentaría contra las libertades públicas amparadas por la
Constitución de 1978, sobre todo las que se refiere a las libertades de
expresión y de asociación. Algunos expertos en derecho consultados por
este medio han afirmado también que, de confirmarse la existencia de
dicha lista, “podría constituir un delito de discriminación por motivo
de opinión u orientación política”.
Los criterios manejados por la delegación de Gobierno dirigida por Cristina Cifuentes serían confusos y arbitrarios, y responderían más bien a un criterio subjetivo por razón de las actividades públicas y sociales de los que las integran y por el presumible riesgo que suponen dichas actividades “conspirativas” contra los intereses del Partido Popular (PP) tanto en Madrid como en el gobierno de la nación.
Podría estarse respondiendo a algún tipo de “paranoia” de la cúpula de Interior tanto en la Comunidad de Madrid como en Ministerio del Interior, sobre todo desde que se extendieron los eschaches, las protestas ante el Congreso de los Diputados o los actos de sabotaje que se han extendido por los Plenos de algunos ayuntamientos. Esta sensación de “inseguridad creciente” habría llevado a algunas delegaciones del gobierno, como la de Madrid, a elaborar listas con personas “susceptibles de ser controladas” por sus actividades insurgentes y de conspiración contra la estabilidad del orden público.
Precisamente se hace hincapié en que la capital de España es foco de todas las protestas y manifestaciones que los ciudadanos y organizaciones convocan para protestar por la agobiante situación que se vive en la actualidad, especialmente las situaciones a que han llevado desahucios de familias enteras o las actividades ilegales de algunas entidades financieras como Caja Madrid, donde los dirigentes del Partido Popular han tenido una decisiva importancia en la toma de decisiones. La focalización en la capital de España se ha venido transformando en insoportable cuando además en Madrid coinciden la mayor parte de los organismos públicos de la Administración del Estado, desde Ministerios, hasta embajadas o legaciones comerciales, o las sedes de las más importantes compañías multinacionales tanto nacionales como extranjeras.
Los criterios manejados por la delegación de Gobierno dirigida por Cristina Cifuentes serían confusos y arbitrarios, y responderían más bien a un criterio subjetivo por razón de las actividades públicas y sociales de los que las integran y por el presumible riesgo que suponen dichas actividades “conspirativas” contra los intereses del Partido Popular (PP) tanto en Madrid como en el gobierno de la nación.
Podría estarse respondiendo a algún tipo de “paranoia” de la cúpula de Interior tanto en la Comunidad de Madrid como en Ministerio del Interior, sobre todo desde que se extendieron los eschaches, las protestas ante el Congreso de los Diputados o los actos de sabotaje que se han extendido por los Plenos de algunos ayuntamientos. Esta sensación de “inseguridad creciente” habría llevado a algunas delegaciones del gobierno, como la de Madrid, a elaborar listas con personas “susceptibles de ser controladas” por sus actividades insurgentes y de conspiración contra la estabilidad del orden público.
Precisamente se hace hincapié en que la capital de España es foco de todas las protestas y manifestaciones que los ciudadanos y organizaciones convocan para protestar por la agobiante situación que se vive en la actualidad, especialmente las situaciones a que han llevado desahucios de familias enteras o las actividades ilegales de algunas entidades financieras como Caja Madrid, donde los dirigentes del Partido Popular han tenido una decisiva importancia en la toma de decisiones. La focalización en la capital de España se ha venido transformando en insoportable cuando además en Madrid coinciden la mayor parte de los organismos públicos de la Administración del Estado, desde Ministerios, hasta embajadas o legaciones comerciales, o las sedes de las más importantes compañías multinacionales tanto nacionales como extranjeras.
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