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sábado, 16 de marzo de 2013

LA CAMPAÑA EXIGE UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA SOBRE LA MUERTE DE LOS INMIGRANTES ARROLLADOS POR UNA PATRULLA EN LAS COSTAS DE LANZAROTE





La muerte de ocho personas en las costas canarias tras ser hundida la patera en que viajaban por una patrullera de la Guardia Civil exige la suspensión cautelar de los agentes implicados, una investigación exhaustiva de lo sucedido y la localización de los sobrevivientes que fueron expulsados.



Los testigos, igual que en las denuncias de malos tratos en Zapadores, fueron expulsados

La muerte de ocho personas en las costas canarias tras ser hundida la patera en que viajaban por una patrullera de la Guardia Civil exige la suspensión cautelar de los agentes implicados, una investigación exhaustiva de lo sucedido y la localización de los sobrevivientes que fueron expulsados. La Campaña, que aglutina a una treintena de organizacione sociales valencianas, exige que se paralicen las expulsiones de las personas migrantes que denuncian malos tratos para que la justicia pueda actuar.

La noche del 13 de diciembre de 2012, en las inmediaciones de la costa de Teguise (Lanzarote), la patrullera “Cabaleiro”, de la Guardia Civil, colisionaba contra una patera repleta de inmigrantes subsaharianos. El choque fue violentísimo, causando directamente la muerte de uno de los tripulantes de la patera. Otros siete han sido dados por desaparecidos, a día de hoy, y cuatro más presentaban heridas diversas. Toda la escena fue grabada por una cámara del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) instalada en el hotel “Oasis”, situado en las inmediaciones del trágico siniestro.

La versión dada por los patrulleros afirmaba que la culpa fue exclusivamente del conductor de la patera, al realizar una maniobra temeraria, girando bruscamente el timón. Sin embargo, las imágenes grabadas desmentirían dicha versión, demostrando que la patera se había parado previamente al choque y que este pudo ser fácilmente evitado por la patrullera. A pesar de esto, la jueza titular del caso ha desestimado visionar de las grabaciones y no impidió que los 17 sobrevivientes -excepto tres menores- fueran expulsados. Afirma que no es necesario practicar nuevas pruebas ya que el testimonio ofrecido por la Guardia Civil (una de las partes implicadas) le parece bastante esclarecedor.


No se trata de una praxis ni mucho menos nueva: conceder validez absoluta a la versión oficial, dejando en la indefensión absoluta a los ya de por sí indefensos. Parece, por generalización y reiteración, una actitud “automatizada” en los órganos judiciales. La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros ha sido testiga de hechos semejantes. Las personas recluidas en el CIE de Zapadores que denuncian malos tratos por parte de la policía son sistemáticamente expulsadas poco después de formular la denuncia; en muchos casos, la expulsión también se aplica a los testigos de los hechos. La ausencia de las presuntas víctimas provoca que ni siquiera se abra una investigación judicial o las diligencias que se pudieran haber iniciado sean archivadas. De este modo, los responsables policiales afirman que ningún agente ha sido condenado por malos tratos cuando, en realidad, no ha habido posibilidad de dirimir cuál fue la actuación de los funcionarios denunciados.

Recientemente, una jueza de Valencia ha citado a declarar a cinco jóvenes, que denunciaron malostratos en Zapadores, un año después de ser expulsados. Lo mismo ha ocurrido incluso en casos de denuncia de violencia sexual.
 

Por todo ello, la Campaña exige:

-Una investigación exhaustiva sobre los sucesos que provocaron la muerte de ocho personas frente a las costas de Lanzarote, para lo cual es necesario localizar a las víctimas para que ratifiquen sus testimonios.

-Separación cautelar del servicio de los guardias civiles que estuvieron implicados en el suceso dada la evidente contradicción entre sus testimonios y lo que muestran las grabaciones.

-El ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas migrantes que denuncian malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, impidiendo su expulsión para que se pueda establecer judicialmente la verdad de lo sucedido.

La indiferencia no pesa, pero su sombra existe, de un modo u otro. Se clava en la conciencia colectiva, en la conciencia de todos y de cada uno. Como el mar en los ahogados.




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