Concentración en la Plaza del Pan de
Talavera de la Reina (Toledo)
Si dejamos a una parte de la población sin atención sanitaria, o
dificultamos el acceso a una atención de calidad a las personas con
menos recursos, ¿qué es entonces lo que entendemos por sanidad pública y
universal?
El Real Decreto ley 16/2012, sobre
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en
adelante RDL 16/2012) , supone un cambio de
modelo en el Sistema Nacional de Salud. A pesar de los mensajes
lanzados por el Gobierno, recogidos en los medios de comunicación y
respondidos por diversas organizaciones sociales en lucha contra el apartheid sanitario, este decreto significa mucho más que la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria.
Si bien esta exclusión ya es
en sí misma grave, injusta e inmoral, se está usando además para
oscurecer dos diferencias fundamentales que introduce este decreto y que
abren la puerta a ese cambio de modelo: la división de las personas
entre aseguradas y no aseguradas y la distinción de la atención en tres
tipos de carteras.
En efecto, algunos cuidados,
los que caigan dentro de la cartera común básica, serán con cargo a
fondos públicos; otros, los que caigan en las otras dos carteras (común
suplementaria y común de servicios accesorios), exigirán repago. El
transporte sanitario no urgente se ha colocado en la cartera común
suplementaria. Las personas que necesiten de este tipo de transporte
tendrán que abonar 5 euros por trayecto hasta un máximo de 20 euros si
tienen rentas entre 18.000 y 100.000 euros (la cifra sube a 60 euros si
se sobrepasa los 100.000 euros de renta y baja a 10 euros si se cobra
menos de 18.000 euros al año). Además, el Ministerio también está
abordando los porcentajes de repago para pacientes con necesidades de
alimentación especial y la prestación ortoprotésica. No podemos olvidar
que este Real Decreto Ley introdujo también el repago farmacéutico.
Para entender qué idea de
modelo sanitario es la que late detrás de este decreto, resulta
clarificador recordar que cuando se hizo público el primer borrador no
sólo los inmigrantes sin papeles sino también otros grupos de personas
estaban excluidas de la atención sanitaria: personas mayores de 26 años
que no hubieran cotizado nunca, personas divorciadas que no estén a
cargo de su ex cónyuge y un largo etc. La presión de organizaciones
sociales y asociaciones médicas y profesionales, entre otras, hizo que
el Gobierno diera marcha atrás, en un ejercicio de ensayo-error que ya
hemos visto en otras ocasiones.
De cómo empezó y de cómo es
ahora el decreto cabe sacar dos conclusiones. La primera, que la barra
divisoria entre aseguradas y no aseguradas está ahí y en cualquier
momento se puede volver a mover. La segunda, que la división de los
cuidados en carteras, dos de ellas sometidas a repago, ha pasado casi
inadvertida pero afectará, cuando se aplique, a todas las personas. Por
lo poco que se ha hablado de ella, esta división rompe con la idea de
que la salud se construye sobre todo a través de la atención preventiva.
Si bien aún no se ha especificado con claridad qué entra en cada una de
las carteras, el consejero de sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo
Oliván, declaró a principios de septiembre
que un "grupo de técnicos" estaba revisando qué entraría dentro de la
cartera común básica, siguiendo el criterio de que "tiene que incluir
cuestiones que tengan que ver estrictamente con la curación
y hay otras cuestiones, que en estos momentos están dentro de la
cartera básica, que exactamente no tienen una vinculación directa con el
estado de la salud y la curación".
Resulta cuanto menos
complicado entender cómo los viajes en ambulancia que permiten a una
persona con insuficiencia renal en espera de un trasplante de riñón
acudir tres veces a la semana a su centro de referencia para recibir su
tratamiento de hemodiálisis no pueden estar vinculados de forma directa
con su estado de salud y su curación.
Con el repago ocurre lo
mismo que con la exclusión: que la destrucción del concepto de sanidad
pública y universal que teníamos produce situaciones absurdas y
atravesadas por una violencia inadmisible. Cuando se hizo público el
primer borrador de este Real Decreto Ley, en el colectivo de
desobediencia civil Yo Sí Sanidad Universal
usábamos un supuesto que, lamentablemente, acabó convirtiéndose en
realidad: el caso de un usuario que tenía rotos los tobillos y no tenía
tarjeta sanitaria. Le operaron de urgencia con cargo a fondos públicos.
Las urgencias, según el decreto, están cubiertas para todas las
personas. Pero tanto el quitarle la escayola como las curas estaban
sujetas a repago. Se atienden procesos de personas y si el proceso se
corta en alguna de las partes por miedo a la facturación o por
imposibilidad para asumir sus costes, la atención no está garantizada.
Si dejamos a una parte de la
población sin atención sanitaria, o dificultamos el acceso a una
atención de calidad a las personas con menos recursos, ¿qué es entonces
lo que entendemos por sanidad pública y universal? El Ministerio ha
respondido desde un enfoque meramente epidemiológico y, en relación con
las personas no aseguradas, con claros tintes xenófobos. Por ejemplo, la
Comunidad de Madrid es una de las regiones que aplica el decreto más a
rajatabla. Es más, hemos comprobado un exceso de celo que resulta en
denegaciones de asistencia a personas que, según el decreto, sí estarían
cubiertas (menores, personas con enfermedades diagnosticadas antes del
31 de agosto).
En relación a las
enfermedades que pueden provocar epidemias, Madrid ha creado una lista
de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) cuyo tratamiento sí
estaría cubierto con fondos públicos para las personas sin tarjeta
sanitaria. Sin embargo, sólo se cubrirán las consultas y medicaciones de
personas con EDOs inferiores a un año, las que suelen ser más
contagiosas para la población general (tuberculosis, por ejemplo). Para
las superiores a un año (VIH por ejemplo) se cubre la medicación pero la
persona tiene que pagar las consultas a las que acude para recoger esos
medicamentos.
Madrid intenta contener la
alarma social que creó el hecho de que hubiera un grupo de personas que,
al no tener asistencia sanitaria, pudiera contagiar a las demás en sus
interacciones en el transporte público, lugares de trabajo o de
tránsito. Pero las personas no sólo se cruzan, sino que conviven: si yo
estoy enferma y no puedo ir a mi médica porque no tengo tarjeta
sanitaria, mi madre, que puede tener tarjeta, mi hija menor, con derecho
a la asistencia, mi vecina, mis amigas del barrio, lo sufren conmigo.
La salud no es una cuestión puramente individual y no es posible
convivir aseguradas y no aseguradas, personas con acceso y sin acceso al
sistema sanitario, o con acceso diferenciado en función de sus recursos
económicos, sin que se produzca un colapso de la sociedad, no sólo
desde el punto de vista de la salud, sino también ético.
Un cambio de modelo, pues,
porque la sanidad deja de ser universal (no todas las personas tienen
acceso a ella) y deja de ser un bien repartido con equidad (no todas las
personas tienen acceso a ella en igualdad de condiciones). Introducido,
además, por la vía de urgencia y utilizando mentiras para legitimarlo.
Los representantes de la administración lanzan mensajes vinculando el
derecho a la sanidad pública con las cotizaciones a la Seguridad Social,
cuando desde el año 1999 son los impuestos de todos y todas, incluidas
las personas sin tarjeta de residencia que pagan impuestos indirectos
como el IVA, los que sostienen el Sistema Nacional de Salud.
Desde el Ministerio de Sanidad y otras administraciones públicas, especialmente la Comunidad de Madrid, se habla insistentemente de gasto,
cuando destinar recursos públicos para sostener la sanidad pública es
una inversión que en España, históricamente, ha supuesto un porcentaje
menor del PIB que en otros países de la Unión Europa y que en la
actualidad continúa en la media de la UE a pesar del acusado descenso
del PIB español.Y con todo ello, se intenta romper un modelo
redistributivo y con los más altos índices de calidad. Es más, en el
contexto actual de Madrid no es aventurado pensar que el RDL 16/2012 era
condición necesaria para la inminente privatización de la gestión
sanitaria de seis hospitales y 27 centros de salud. Limpiar
la casa antes de venderla. Ante ello, es no sólo moral y justo sino
absolutamente necesario desobedecer las normas de una administración que
ha traicionado su mandato público de gestionar lo que es de todos y
para todos.
www.yosisanidaduniversal.net
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