Cospedal apuesta por la controvertida Fundación O´Belen
El gobierno de Castilla La Mancha financia nuevos "proyectos" en O´Belen, a pesar de su historial de malos tratos.
La Fundación O´Belen es una entidad
sinónimo de lucro cuyo objetivo declarado por ellos mismos es la
atención y protección de los menores, jóvenes y sus familias. Loable
objetivo con el que podrían engañar a algún incauto hasta que vemos
quiénes son sus fundadores: Emilio Pinto Rodríguez (ex portavoz del PP
en Sigüenza y propietario de Ain-Karen Viajes, empresa dedicada a
“ayudar” a la Iglesia en su labor evangélica organizando
peregrinaciones), Manuel Pizarro Moreno (vocal de la FAES, ex presidente
de Ibercaja y ex presidente de Endesa), José Morales Paulés (directivo
de Ibercaja), Javier Herrero Sorriqueta (ex consejero delegado de
Iberdrola) y Manuel Ureña Pastor (arzobispo, miembro de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis). Con estas credenciales nada bueno
se podía presagiar.
Esta entidad fue de las pioneras en la
gestión de los llamados centros terapéuticos de protección de menores,
en realidad una especie de cárceles donde se recluye a niños
supuestamente afectados por trastornos del comportamiento. Gracias al
caudal de dinero público que este tipo de empresas saquea a través de la
privatización de los servicios sociales, O´Belen fue ampliando el
negocio, pasando a gestionar centros de acogida y de reforma, programas
de inserción laboral e incluso los servicios de acogimiento familiar.
En el 2009 durísimos informes de
Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo confirmaban lo que
numerosos colectivos llevaban años denunciando: en los centros
terapéuticos de protección de menores se vulneran los derechos humanos (“apreciamos
irregularidades y vulneración de los derechos de los menores, a los que
se medica sin respetar las prescripciones de la Ley de autonomía del
paciente, y son sancionados desproporcionada y arbitrariamente”).
Especialmente duro con O´Belen, el
informe del Defensor del Pueblo demostraba que en sus centros se
utilizan celdas de aislamiento, prohibido explícitamente por la ONU (“un
solo instante de permanencia en el interior de esas salas permite
aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de
los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de
humanidad”), se abusa de psicofármacos (“atiborrar de pastillas a
los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina
profesional en lugar de implicación con el tratamiento”), se producen agresiones físicas (“las contenciones se realizan varias veces al día y con una agresividad innecesaria y desproporcionada”) y humillaciones de todo tipo (“se
realizan registros con desnudos integrales sin justificación…se
encubren prácticas contrarias a los derechos de los menores como atar a
dos niños uniéndoles por las muñecas o prohibirles la asistencia al
centro escolar”). Desgraciadamente, debido a estas condiciones
propiciadas por la privatización de este tipo de centros, al menos tres
niños de entre 12 y 14 años han perdido la vida bajo custodia de
O´Belen. Finalmente, gracias a la presión social varios de sus centros
fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, se vio obligado a
dimitir.
El negocio resurge de la mano del PP
Tras el cierre de sus centros parecía
que se les acababa el chollo (llegaban a recibir hasta 6900 euros
mensuales por plaza). Pero con la llegada de su nuevo presidente, el
psiquiatra Javier San Sebastián (hermano de la reaccionaria periodista
Isabel San Sebastián, adalid del “todo es ETA”), y del PP al gobierno de
Castilla-La Mancha, el dinero público vuelve a correr por las cuentas
de O´Belen.
Primero, la Junta concedió la
reapertura de uno de sus centros clausurados en Azuqueca de Henares,
reconvertido en centro de internamiento psiquiátrico infanto-juvenil. Y
ahora todo parece indicar (aunque no está confirmado) que va a concertar
con esta empresa un nuevo centro de primera acogida de menores y un
centro de día para jóvenes y adolescentes, también en Azuqueca. Por otro
lado, la dirección general de Familias, Menores y Promoción Social ha
anunciado la creación de un macrocentro de reforma que será gestionado
privadamente vía concierto (y todo hace pensar que la entidad
beneficiaria será O´Belen, ya que incluso el anuncio de la licitación se
hizo en presencia de su presidente). Según la Junta, el concierto
superará ampliamente los 7 millones. Mientras despide a miles de
profesores, recorta salvajemente en servicios sociales y deja en la
indigencia a cientos de jóvenes ex tutelados al suprimir el Programa de
Autonomía Personal (dejando en la calle a sus educadores de referencia
de paso), el gobierno de Cospedal plantea promocionar socialmente a
familias y menores ¡construyendo una cárcel para niños! que además nace
privatizada.
Y para redondear la jugada, O´Belen ha
creado junto al Ayuntamiento de Chiloeches (gobernado por el PP) una
fundación que se encargará de gestionar una residencia de ancianos financiada con los fondos europeos destinados al desarrollo rural.
Nada de esto resulta extraño si
tenemos en cuenta que José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Junta es hermano de Teresa Echániz, miembro del
patronato de la Fundación Confías. Esta fundación es presidida por
Javier Sebastián, también presidente de O´Belen. Tampoco parece
casualidad que este psiquiatra sea firme partidario de la utilización de
psicofármacos desde edades muy tempranas, ya que sus congresos los
patrocinan empresas farmacéuticas como Lilly y Jansen-Cilag. Un ejemplo
más del funcionamiento corrupto del capitalismo y sus representantes
políticos. Las privatizaciones únicamente sirven para trasvasar dinero
público a manos privadas, afectando tanto al servicio prestado como a
los trabajadores del sector. El PP está utilizando su poder político
para repartirse los servicios públicos entre familiares y amigos. Como
es el caso de los procesos de privatización de la sanidad, que está
teniendo como principal beneficiaria a Capio Sanidad (controlada por CVC
Partners Capital, una SICAV con sede en un paraíso fiscal), para quien
trabajan Teresa Echániz como subdirectora de investigación, e Ignacio
López del Hierro, marido de Cospedal.
No podemos consentirlo. Los
trabajadores de la sanidad pública madrileña están marcando el camino.
Los sindicatos de clase tenemos la responsabilidad de unificar todas las
mareas y extender la lucha al conjunto de la sociedad. Porque la
privatización pervierte en origen la función de la educación, la sanidad
y los servicios sociales, pasando a ser su objetivo el lucro
empresarial. Unas condiciones de vida dignas para nuestra clase pasan
por conseguir que estos servicios sean de titularidad y gestión pública,
democráticos y de calidad.
*Los textos en cursiva son
extractos del discurso en el Senado de Enrique Mújica como Defensor del
Pueblo, presentando el informe sobre centros de protección de menores
con trastornos de conducta.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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