La Audiencia de Barcelona ratifica la no suspensión de la ejecución de una pena de dos años
A un tris han
estado de no entrar. Primero el Supremo les bajó la condena desde seis
años y siete meses a cuatro años y luego el gobierno les indultó dejando
la cosa en dos años. Ya se sabe que con dos años si no tienes
antecedentes te suelen suspender la condena. La sorpresa es que los
jueces no han tragado y quieren que cumplan al menos esta condena que no
llega ni a un tercio de la que les correspondía según la ley. Nota de
Tortuga.
DECISIÓN JUDICIAL SOBRE UN CASO QUE CONMOCIONÓ A LA OPINIÓN PÚBLICA
El tribunal alega de nuevo la "gravedad" de los hechos" y la "especial peligrosidad" del condenado.
J. G. ALBALAT / Barcelona
La Audiencia de Barcelona ha confirmado
que los cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas y lesiones a un
ciudadano rumano que fue detenido en julio del 2006 por un error al
confundirlo con un ladrón deberán ingresar en la cárcel. La Sección
Novena ha desestimado el último recurso presentado por los agentes
contra el auto del 21 de mayo pasado que rechazaba suspender la
ejecución de la pena de dos años de prisión que les había quedado
después de que meses antes el Gobierno les indultara parcialmente, al
existir, a su parecer, “razones de prevención general y especial, de
peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social” que justifican su
encarcelamiento.
En la cuatro nuevas resoluciones, los magistrados ratifican sus
argumentos y la decisión de que los mossos deben ingresar en prisión, a
la vez que deniegan, incluso, conmutar los dos años de prisión por una
multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. Inciden en la
“naturaleza y especial gravedad de los hechos y delitos por los que han
sido condenados” y “elementos indicativos de especial peligrosidad
criminal del condenado”.
Trato salvaje
En noviembre del 2006, la Audiencia de
Barcelona condenó a los policías Manuel Farré, Jordi Perisse y Joan
Salvá a seis años y siete meses de prisión por el trato «cruel en
exceso, brutal y salvaje» que soportó el rumano Lucian P. y las
vejaciones que padeció su mujer, que estaba embarazada. La sentencia
relataba que los agentes llegaron a meter una pistola en la boca al
arrestado para hacerle confesar. Los jueces también condenaron a otros
dos mossos: Fernando Cea, a dos años y tres meses por lesiones y
detención ilegal, y otro agente a una pena de multa por maltrato.
En diciembre del 2009, el Tribunal
Supremo, rebajó para los tres principales condenados la pena a cuatro
años y nueve meses de prisión. Al cuarto agente no se le modificó la
pena. Esta sanción no les eximía de ingresar en prisión y solicitaron el
indulto. El Consejo de Ministros concedió esta medida de gracia
parcialmente el pasado febrero, conmutando estas penas por la de dos
años de prisión, lo que les permitía, en principio, librarse de la
cárcel. Pero esto no ha sido así y el tribunal que les sentenció ha
rechazado la suspensión de la pena de prisión.
Jorge Fernández Díaz explicó que el
indulto parcial con el cual el gobierno intentó evitar el ingreso en
prisión de cuatro Mossos d’Esquadra era una muestra de colaboración de
su gobierno con el de la Generalitat. Cuatro agentes condenados por
haber torturado a un albañil rumano, Lucian Paduraru, al que
confundieron con un ladrón. Además de propinarle una paliza, le
introdujeron una pistola en la boca, para advertirle que aunque el juez
le dejara en libertad ellos le podían matar. "No serás el primero", le
advirtieron, por si no sentía suficiente presión.
El Consejo de Ministros atendió con esa
medida de gracia los argumentos y la petición del conseller Felip Puig,
que al parecer hizo ver entre otras cosas a su colega del gobierno
central lo mal que le venía ese encarcelamiento, debido a "la gran
cantidad de apoyos y adhesiones" con la que contaban los condenados.
El entendimiento en esa materia entre
uno y otro gobierno llama la atención por excepcional. Ahí no surgen, al
menos en apariencia, conflictos de competencias ni graves discrepancias
de criterio.
Cuando la Audiencia de Barcelona resolvió a finales de mayo pasado que
el indulto parcial con el que el gobierno rebajó la condena contra los
mossos no debía impedir su ingreso en prisión, el ministro señaló que en
la medida en que el Departament d’Interior y los propios agentes
condenados plantearan alguna otra petición la estudiarían "con la mayor
disponibilidad".
Ese empeño conjunto y solidario en la
defensa de la actuación de las "fuerzas de seguridad" en cualquier
circunstancia contrasta con la dureza de los responsables de las
"carteras" de Interior frente el reguero creciente de protestas
ciudadanas. Crean unidades especiales, fomentan la delación, tipifican
nuevos castigos, desempolvan antigua legislación, plantean denuncias por
delitos que pueden ser castigados con años de carcel, imponen multas
por centenares... Y se obstinan en hablar de "batallas campales",
"episodios de violencia extrema", "profesionales del desorden"... Se
cortan poco. Hablan incluso de la existencia de "guerrillas urbanas".
Parece que se haya perdido el sentido de
la medida. ¿Qué expresiones elegirían si realmente se produjeran
explosiones sociales como las que se vieron el verano pasado en el Reino
Unido? Parece como si prepararan un complejo dispositivo para hacer
frente a todos los que expresan su disconformidad con los sacrificios
extraordinarios que imponen actualmente las entidades financieras y las
administraciones públicas, españolas y europeas.
En la sentencia contra los agentes
condenados por torturas se dice que se abalanzaron sobre el ciudadano
rumano, le dieron puñetazos en diferentes partes del cuerpo y pisotearon
su cabeza contra el asfalto.
Quien más quien menos ha podido ver con sus propios ojos actuaciones
policiales para sacar de sus casas a familias desahuciadas, cargas
policiales sin sentido alguno, agresiones gratuitas contra ciudadanos
pacíficos por parte de agentes uniformados y de paisano.
Cuesta entender la complicidad de los responsables políticos con episodios de brutalidad policial.
No se puede aceptar la pretensión de que
se extienda entre la ciudadanía la sensación de temor ante la actuación
de unas fuerzas de seguridad que con demasiada frecuencia complican la
vida a quien trata con ellas y que todo el mundo debería percibir como
un servicio público.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario