La decisión está tomada y hay que enmarcarla en la nueva fase del ajuste que el Gobierno está obligado a llevar adelante para estabilizar la economía y calmar a los mercados financieros. El tiempo dirá si forma parte de los planes de asistencia financiera que discute ahora en privado el Gobierno con las autoridades económicas europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si todo camina por la senda 'normal', se incluiría en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que el Gobierno ha comenzado a pergeñar. Sin embargo, desde Moncloa aseguran que no se está estudiando ningún documento para recortar las pensiones.
Según fuentes solventes, la nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones es muy probable que aborde una de los asuntos más controvertidos y que más han criticado el FMI o la OCDE: la indiciación de las pensiones. O lo que es lo mismo, el incremento automático de las rentas en función de la subida del IPC.
El Gobierno -también en la oposición- siempre ha defendido que los jubilados tienen derecho a mantener el poder adquisitivo, pero ahora las presiones son muy fuertes para cambiar el sistema de actualización, que se decide anualmente en el último Consejo de Ministros a partir del IPC noviembre sobre noviembre.
Aunque hasta el pasado 30 de abril la Seguridad Social mantenía en términos de caja un superávit equivalente a 5.230 millones de euros, lo cierto es que esa cifra está sesgada al alza porque el Estado ha adelantado la transferencia de determinados pagos. Pero si se observa el resultado de tesorería, lo que realmente hay en caja, se refleja que a finales de abril de 2012 el saldo acumulado se elevaba a 15.485 millones de euros, lo que representa un decremento del 4,61% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. Por el contrario, los gastos del nivel contributivo crecen a un ritmo del 4.95%.
La pérdida de puestos de trabajo está, sin duda, detrás del deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, que en teoría deben acabar este año con déficit cero, un objetivo algo más que voluntarista teniendo en cuenta que este año, según ha admitido el propio Gobierno, se perderán más de de 630.000 empleo.
El impacto de la moderación salarial
El otro factor que presiona a la baja los ingresos tiene que ver con las bases de cotización, que están cayendo debido a la moderación salarial. Según los datos más recientes de la Agencia Tributaria, la renta bruta de los hogares –cuyo principal componente es la masa salarial- ha caído en el primer trimestre del año un 3,1%, frente al -0,4% que retrocedió en 2011 en media anual. Y no puede achacarse a un efecto composición debido a que la pérdida de puestos de trabajo en este ejercicio será similar a la del anterior.
Menos cotizantes y salarios más bajos abren un boquete a las cuentas de la Seguridad Social, y de ahí que Bruselas se haya decidido a tapar la vía de agua. En línea con las recomendaciones que la semana pasada hizo la Comisión Europea a España. En la comunicación pública se hacía una sugerencia de carácter general, pero ahora Moncloa aborda el asunto en términos más concretos. La Comisión proponía acelerar el plazo para que entre en vigor la jubilación a los 67 años -en 2027-, pero ahora se está estudiando alargarla hasta los 70 años.
El problema de la última reforma de las pensiones es que su impacto presupuestario es muy a largo plazo, a partir de la próxima década. Y lo que exige ahora la situación es reducir los gastos para ayudar a equilibrar el presupuesto. De ahí que se pretenda suprimir la cláusula automática de las pensiones, cuyo impacto sería inmediato. Cada punto de revalorización supone un gasto adicional de unos 2.000 millones de euros, lo que da idea de la importancia económica de la medida.
En el marco de esa nueva fase de al ajuste, habría que situar la subida del IVA, y ya es conocido que el Gobierno ha previsto unos ingresos adicionales de unos 8.000 millones de euros.
Según fuentes solventes, la nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones es muy probable que aborde una de los asuntos más controvertidos y que más han criticado el FMI o la OCDE: la indiciación de las pensiones. O lo que es lo mismo, el incremento automático de las rentas en función de la subida del IPC.
El Gobierno -también en la oposición- siempre ha defendido que los jubilados tienen derecho a mantener el poder adquisitivo, pero ahora las presiones son muy fuertes para cambiar el sistema de actualización, que se decide anualmente en el último Consejo de Ministros a partir del IPC noviembre sobre noviembre.
Aunque hasta el pasado 30 de abril la Seguridad Social mantenía en términos de caja un superávit equivalente a 5.230 millones de euros, lo cierto es que esa cifra está sesgada al alza porque el Estado ha adelantado la transferencia de determinados pagos. Pero si se observa el resultado de tesorería, lo que realmente hay en caja, se refleja que a finales de abril de 2012 el saldo acumulado se elevaba a 15.485 millones de euros, lo que representa un decremento del 4,61% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. Por el contrario, los gastos del nivel contributivo crecen a un ritmo del 4.95%.
La pérdida de puestos de trabajo está, sin duda, detrás del deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, que en teoría deben acabar este año con déficit cero, un objetivo algo más que voluntarista teniendo en cuenta que este año, según ha admitido el propio Gobierno, se perderán más de de 630.000 empleo.
El impacto de la moderación salarial
El otro factor que presiona a la baja los ingresos tiene que ver con las bases de cotización, que están cayendo debido a la moderación salarial. Según los datos más recientes de la Agencia Tributaria, la renta bruta de los hogares –cuyo principal componente es la masa salarial- ha caído en el primer trimestre del año un 3,1%, frente al -0,4% que retrocedió en 2011 en media anual. Y no puede achacarse a un efecto composición debido a que la pérdida de puestos de trabajo en este ejercicio será similar a la del anterior.
Menos cotizantes y salarios más bajos abren un boquete a las cuentas de la Seguridad Social, y de ahí que Bruselas se haya decidido a tapar la vía de agua. En línea con las recomendaciones que la semana pasada hizo la Comisión Europea a España. En la comunicación pública se hacía una sugerencia de carácter general, pero ahora Moncloa aborda el asunto en términos más concretos. La Comisión proponía acelerar el plazo para que entre en vigor la jubilación a los 67 años -en 2027-, pero ahora se está estudiando alargarla hasta los 70 años.
El problema de la última reforma de las pensiones es que su impacto presupuestario es muy a largo plazo, a partir de la próxima década. Y lo que exige ahora la situación es reducir los gastos para ayudar a equilibrar el presupuesto. De ahí que se pretenda suprimir la cláusula automática de las pensiones, cuyo impacto sería inmediato. Cada punto de revalorización supone un gasto adicional de unos 2.000 millones de euros, lo que da idea de la importancia económica de la medida.
En el marco de esa nueva fase de al ajuste, habría que situar la subida del IVA, y ya es conocido que el Gobierno ha previsto unos ingresos adicionales de unos 8.000 millones de euros.
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