Publicado en: 2 abril, 2015
Por Kaos. Derechos Humanos
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La
Mancha denuncia, una vez más, en nota de prensa “la ilegalidad de las
actuaciones del Ejecutivo de Cospedal con las personas en situación de
dependencia”. Agregan que sigue el abandono de este colectivo justo
cuando se cumple un año de la muerte de Jomián. […]
La Plataforma en Defensa de la Ley
de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia, una vez más, en nota de
prensa “la ilegalidad de las actuaciones del Ejecutivo de Cospedal con
las personas en situación de dependencia”. Agregan que sigue el
abandono de este colectivo justo cuando se cumple un año de la muerte de
Jomián.
La
Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha
utiliza los últimos datos del Imserso para acusar a la presidenta
regional, María Dolores de Cospedal, de “mentir” en relación a la
atención a personas dependientes de la comunidad autónoma, unas
denuncias que este colectivo realiza “cuanto se cumple el primer
aniversario de la muerte de Jomián, el niño de 13 años gran dependiente
al que se le negó la prestación económica en el entorno familiar a pesar
de tener todos los informes favorables”.
Según afirman, “la Orden de julio de
2013 en la que se establece las intensidades de las prestaciones y
servicios estipula en su Artículo 16, Punto 1 que la Prestación
Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), lo que llaman
despectivamente “nominillas”, debe superar un informe favorable del
equipo regional de valoración”.
Por ello, esta plataforma sostiene estar
en condiciones de afirmar que dicho “equipo regional de valoración no
existe, no ha sido creado, no hay ninguna disposición normativa en la
que se haya creado dicho equipo por lo que el Gobierno de Cospedal está
actuando de forma ilegal, incumpliendo la normativa que el mismo ha
legislado”.
Los más de 7.600 familias que han
perdido la prestación, casi 1.000 en el último mes, casi uno y media a
la hora, matizan, “estarían siendo objeto por parte de quién tendría que
asegurarles la atención que la ley les otorga de un obstáculo
insalvable para poder acceder a la prestación económica, todo ello con
plena conciencia de la actuación que está llevando a cabo”.
Además, el colectivo comunica que la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha y que
dirige Echaniz, “está retirando y denegando de forma sistemática, no
sabemos en base a que normativa legal y que persona física lo está
haciendo, todas las prestaciones económicas a los grandes dependientes,
todo ello a pesar de los informes favorables de los trabajadores
sociales, consciente de estar haciéndolo de forma ilegal al no haber
constituido, como su propia normativa les obliga, el equipo regional de
valoración por el que tienen que pasar todas estas prestaciones”.
La asociación entiende que éste es un
“hecho gravísimo que quizás pudiera tener consecuencias penales al
establecer por parte del Gobierno que dirige la Señora Cospedal, un
requisito de imposible incumplimiento”.
Por todo ello, instan a la presidenta
regional a restituir “de forma inmediata las prestaciones eliminadas
bajo está Orden y a constituir el equipo regional de valoración a la que
está obligada por esa Orden que ella mismo firmó”.
Fuentes: Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha/ El Boletín/ La Comarca de Puertollano
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