Publicado en: 23 marzo, 2015
Por Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan
El Presidente Barack Obama y los congresistas republicanos están
de acuerdo. Sí, leyó bien. No, no están de acuerdo con respecto a la Ley
de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, el presupuesto, las negociaciones
con Irán o la igualdad salarial para las mujeres, sino en lo que
respecta a los denominados tratados de […]
El Presidente Barack Obama y los
congresistas republicanos están de acuerdo. Sí, leyó bien. No, no están
de acuerdo con respecto a la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio,
el presupuesto, las negociaciones con Irán o la igualdad salarial para
las mujeres, sino en lo que respecta a los denominados tratados de libre
comercio, que dan más poder a las empresas y disminuyen el poder de la
población de gobernarse a sí misma en forma democrática. Esto ha
enfrentado al presidente con sus habituales aliados del Congreso, los
demócratas progresistas, que se oponen al Acuerdo Transpacífico de
Asociación Económica (conocido como TPP, por sus siglas en inglés), uno de los tratados comerciales de mayor alcance de la historia. El TPP
establecerá reglas que regirán a más del 40% de la economía mundial.
Obama lo ha estado negociando en secreto, algo que no cayó bien a los
demócratas.
La batalla en torno al TPP y a la TPA
se está profundizando. Puede resultar confusa esta proliferación de
siglas y, justamente, esa es la intención de las grandes empresas de
Estados Unidos y el resto del mundo. Las políticas comerciales son
intrincadas, complejas y casi el dominio exclusivo de los economistas y
tecnócratas. Sin embargo, los acuerdos tienen fuertes repercusiones en
la vida real. El Presidente Obama quiere que el Congreso apruebe el TPP,
que es un amplio acuerdo comercial entre Estados Unidos y once países
de la costa del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Para acelerar
el proceso, el Presidente Obama está intentando que el Congreso le
otorgue la llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA,
por sus siglas en inglés), también denominada “vía rápida”. La vía
rápida delega al presidente la autoridad para negociar un acuerdo
comercial y luego presentarlo ante el Congreso para que lo apruebe o lo
rechace, sin que exista la posibilidad de proponer modificaciones. Una
coalición cada vez más grande se está organizando en contra del TPP
y de la solicitud del presidente de utilizar la vía rápida. El
resultado de este conflicto tendrá repercusiones a nivel mundial durante
varias generaciones.
Las negociaciones sobre el TPP
se han mantenido en secreto. Lo poco que conoce la mayoría de las
personas acerca del tratado es gracias a que WikiLeaks, el sitio web de
divulgación de documentos secretos filtrados por denunciantes anónimos,
publicó varios capítulos del acuerdo hace más de un año. Los
congresistas tienen un acceso limitado a los informes sobre las
negociaciones en virtud de estrictas normas de confidencialidad que,
como ha ocurrido en al menos una ocasión, pueden incluir la amenaza de
prisión si se filtran detalles.
El TPP es una versión ampliada de acuerdos comerciales anteriores como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por Estados Unidos, Canadá y México. El TLCAN, también conocido como NAFTA
(por sus siglas en inglés), entró en vigor el 1° de enero de 1994 y fue
tan perjudicial para la cultura y la economía de los pueblos indígenas
de Chiapas, en México, que se rebelaron ese mismo día en lo que se
conoció como el Levantamiento Zapatista. El intento de crear un acuerdo
comercial de alcance mundial en el ámbito de la Organización Mundial del
Comercio dio lugar a una de las mayores protestas de la historia contra
el poder de las empresas organizada en Seattle a finales de 1999. Miles
de manifestantes formaron una cadena humana y literalmente impidieron
que los delegados ingresaran a la reunión ministerial. La solidaridad
sin precedentes que se materializó en las calles entre sindicalistas y
activistas por el medio ambiente, a pesar de la violencia policial
generalizada, hizo que las negociaciones de la OMC concluyeran en un fracaso absoluto.
De ser aprobado, el TPP
pondría en marcha normas comerciales que harían ilegal que los
gobiernos aprueben y apliquen leyes sobre todo tipo de asuntos, desde
normas medioambientales hasta leyes salariales y laborales, pasando por
la duración de los derechos de autor. Por ejemplo, una ley que prohíba
la venta de mercancías fabricadas en maquilas en Vietnam podría
declararse ilegal por considerársela como un obstáculo al comercio; o
podría dejarse sin efecto la normativa que exige requisitos de
certificación a los productores de madera en Malasia, para proteger a
los bosques primarios de la deforestación.
Lori Wallach, del Observatorio del
Comercio Mundial de la organización Public Citizen, es una de las
personas más críticas del tratado:
“Lamentablemente, el TPP
es un mecanismo de aplicación de muchas de las cosas que quieren [el
líder de la mayoría del Senado Mitch] McConnell y los republicanos. Por
ejemplo, aumentaría el tiempo de duración de las patentes de las grandes
empresas farmacéuticas, lo que significaría que obtengan ganancias
excepcionales, pero provocaría un aumento de los precios de los
medicamentos. El acuerdo implicaría un retroceso en la regulación
financiera de los grandes bancos. Además, podría limitar la libertad del
uso de Internet, introduciendo subrepticiamente la Ley para Detener la
Piratería en Internet (SOPA, por sus siglas en
inglés). Otorgaría privilegios y derechos especiales a las empresas
extranjeras para que puedan evitar ser enjuiciadas en nuestros
tribunales y puedan demandar al gobierno de Estados Unidos para obtener
una indemnización si consideran que las leyes medioambientales o de
protección de la salud de los consumidores perjudican sus ganancias
futuras, lo que se conoce como el sistema de solución de controversias
‘inversor-Estado’. Además, tendría normas parecidas a las del TLCAN
que facilitarían la externalización del empleo, facilitando así que las
empresas se trasladen a países donde se pagan salarios bajos. De modo
que cabe preguntarse ¿por qué el Presidente Obama quiere el TPP?
Está bastante claro por qué McConnell lo quiere. Se negoció con la
ayuda de 600 asesores comerciales de empresas de Estados Unidos. El
acuerdo se profundizó por iniciativa del Gobierno de Obama. Lo inició
[el ex presidente George W.] Bush, pero en lugar de cambiarlo y hacer
algo diferente, el Gobierno de Obama lo retomó y, honestamente, lo
empeoró”.
Los movimientos sociales se están organizando para oponerse al TPP
y a la vía rápida. Su trabajo abarca diversos temas: derechos humanos,
libertad en Internet, comercio justo, derechos laborales y medio
ambiente. Los intereses económicos en Washington reciben toda la
atención del presidente, de modo que apenas tienen que suspirar para que
se los escuche. Es hora de que la población alce sus voces al unísono y
exija ser escuchada.
© 2015 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de
Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en
más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en
español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema:
Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado
por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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