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viernes, 2 de enero de 2015

LA MAYOR PARTE DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS PASAN A TRIBUTAR DEL 10% al 21% del iva

02.01.2015
 
Esta subida afectará a todos los equipos médicos, aparatos, instrumental sanitario, productos farmacéuticos y productos intermedios de elaboración de medicamentos. El 17 de enero de 2013, el Tribunal de Justicia de la UE declaró que el estado español estaba incumpliendo las obligaciones de la Directiva Europea porque sus productos sanitarios tenía un IVA reducido del 10%, en lugar del tipo general que existe en el resto de Europa. Por eso, en las sentencia se le obligó a corregir esa situación. 
 
PASA DEL 10 AL 21% PARA ALGUNOS PRODUCTOS 2015 trae consigo la subida del IVA sanitario La medida, incluida en la reforma fiscal, deriva de una sentencia de la Justicia europea   El temido día ha llegado. Este jueves, 1 de enero de 2015, ha entrado en vigor la subida del IVA que se aplica a buena parte de los productos sanitarios, que pasan a tributar el 21 por ciento (hasta ahora lo hacían al 10 por ciento). El impacto de esta medida está por ver, y no será hasta que lleve en marcha un tiempo prudencial cuando se pueda hacer un balance con datos reales, pero los cálculos previos dicen que Hacienda va a recaudar unos 400 millones de euros con esta medida que va a afectar al conjunto de los productos sanitarios, con algunas excepciones como las gafas graduadas, las prótesis o las sillas de ruedas, entre otras.   Este incremento tributario, incluido en la reforma fiscal aprobada el pasado mes de noviembre, es consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de enero de 2013 que condenaba a España por la aplicación “ilegal” del tipo reducido a ciertos productos sanitarios. Desde el sector sanitario han sido muchas las voces que han alertado de los problemas que puede suponer este incremento.

Así, desde la sanidad privada, se han venido lanzando distintos mensajes que no invitan al optimismo. Por un lado, la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) advertía en julio que el cambio tributario supondrá un incremento medio de costes del 2,6 por ciento en las compras habituales que realizan los centros privados, y apuntaba que llega en “muy delicado para el sector”, en el que los conciertos con el sector público “llevan reduciéndose más de cuatro años” y en el que la vía de ingresos que tradicionalmente ha sido la principal, la asistencia a beneficiarios de seguros privados de salud, también lleva muchos meses a la baja a consecuencia del ajuste de márgenes que ha experimentado el sector”.

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha cuantificado el impacto de la medida en un aumento de los costes superior a 82 millones de euros para el conjunto del sector, con una reducción de los resultados en Ebitda del ocho por ciento de media, lo que supondrá que muchos centros entren en pérdidas o deban encarar una reorganización para adaptarse a la situación.

Dos años de tensa espera

De acuerdo con la normativa comunitaria, los Estados miembros pueden aplicar un tipo reducido a los equipos médicos, a los aparatos y a demás instrumental “utilizados normalmente para aliviar o tratar deficiencias” que sean “para uso personal y exclusivo de minusválidos”. Sin embargo, España ha venido aplicando un tipo reducido a los equipos médicos y productos sanitarios en general, lo que ha sido considerado ilegal por el TUE, que en enero de 2013 condenaba a España.

Desde entonces, el Gobierno español, junto a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), han buscado fórmulas para que la imperiosa aplicación de este incremento tributario afectara al menor número de productos posibles. La propuesta española ha sido, desde el principio, continuar aplicando el tipo reducido a aquellos que se puedan considerar de primera necesidad, es decir, aquellos que salvan vidas, corrigen discapacidades o solventan una minusvalía, algo que se ha logrado en cierta medida y productos como las gafas y lentillas, prótesis, implantes quirúrgicos, sillas de ruedas, absorbentes de incontinencia, dispositivos de tratamiento de diálisis domiciliaria o tratamientos respiratorios seguirán tributando al 10 por ciento.   http://www.redaccionmedica.com/noticia/hoy-entra-en-vigor-la-subida-del-iva-sanitario-3941     La subida del IVA al 21% asfixia aún más a la sanidad pública
La medida limitará la compra de tecnología quirúrgica y diagnóstica en los hospitales
El sistema pierde 55 millones que los centros pretenden encajar sin afectar al usuario
ÀNGELS GALLARDO / BARCELONA
Bisturís, escáneres, tubos de resonancia magnética, mesas de operaciones, ecógrafos, radiógrafos, gasas, pinzas, termómetros e incluso el agua oxigenada que se utiliza en los hospitales, CAP y geriátricos del sistema sanitario público español quedarán gravados desde el próximo 1 de enero con el impuesto de valor añadido (IVA) general: el 21%. La medida, descomunal desde la perspectiva de la muy recortada economía de esa red asistencial -que hasta ahora abonaba un 10% de IVA por los citados conceptos-, rompe sus equilibrios financieros y permite augurar nuevas restricciones en los capítulos que han cargado con las mermas presupuestarias impuestas desde el 2010.
Los servicios sanitarios de Catalunya han perdido un 18% de su disponibilidad económica, como media, en los útimos cuatro años. Dado que ni las direcciones de los centros ni la Generalitat ven razonable reducir más el salario del personal, el foco del ahorro se centrará en prolongar la suprimida renovación del material tecnológico envejecido u obsoleto, con las consecuencias que implique, y hacer «más eficiente» la actividad de los servicios, expone José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC), que agrupa a 154 entidades sanitarias sin ánimo de lucro que conciertan su asistencia con la Generalitat, entre ellas 42 hospitales públicos (Clínic, Sant Pau o el Mar, en Barcelona) y 53 CAP.
«Se tratará de evitar, aún más, la duplicidad de pruebas diagnósticas innecesarias y suprimir las grietas de gasto prescindible -indica García Navarro-. El salario de los trabajadores ya no se puede tocar. Desde el 2010, han perdido un 27% de poder adquisitivo».
El nuevo IVA sanitario es consecuencia de una sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) emitió en el 2013 contra España, instando al Gobierno a incrementar dicho impuesto para equipararlo al que grava el material y la tecnología médica de la zona comunitaria. Dicha sentencia excluye del aumento impositivo los productos que son utilizados directamente por los pacientes, que siguen sujetos al 10% de IVA. Se trata, entre otros, de los dispositivos con que se inyectan insulina los diabéticos, sillas de ruedas, prótesis internas (de rodilla o cadera), implantes quirúrgicos o cánulas de traqueotomía.
El cambio tributario carga en 50 millones de euros el gasto sanitario anual en Catalunya -305 millones más en toda España-, de los que 25 millones afectarán a los centros del Institut Català de la Salut (ICS), propiedad de la Generalitat, y 30 al sector concertado. «Este incremento del IVA obligará a los hospitales a apretar más a sus proveedores, en busca de ofertas a la hora de comprar material o tecnología -considera Miquel Argenté, director del área de recursos económicos en el CatSalut-. El capítulo más afectado será el de las inversiones en nuevos aparatos, las innovaciones. Se mire como se mire, esto supone un nuevo encarecimiento para los centros sanitarios». A juicio de Argenté, la sentencia de la UE es «inoportuna pero razonable», ya que equipara a España con su entorno. Opina que el Gobierno español debería atenuar su impacto en el sistema sanitario. «Afecta a productos de primerísima necesidad», afirma. El ciudadano usuario de los servicios no debe notar cambios en su asistencia a causa del nuevo IVA, aseguran. «Ningún médico dejará de atender a sus pacientes como consideren necesario por más restricción presupuestaria que sufra», reitera García Navarro.
La preocupación, no obstante, es evidente en las dos patronales de centros concertados de Catalunya, el CSSC y la Unió Catalana d'Hospitals (UCH).
Ambas entidades se dirigieron el pasado lunes al Ministerio de Hacienda, que preside Cristóbal Montoro, solicitando que la recaudación que se obtenga con el nuevo IVA sanitario no incremente la bolsa general del Estado, como está pervisto, sino que se destine «directamente» al capítulo sanitario de las comunidades autónomas, que son las que financian la asistencia. Una petición similar ha formulado CiU en el Congreso, con nulas perspectivas de éxito, advierte Argenté.
«El Gobierno debe encontrar fórmulas que eviten añadir más tensión y sufrimiento en la sanidad pública», resume García Navarro. Los hospitales de escasa envergadura, comarcales o costeros, observan la perspectiva del nuevo impuesto con mayor inquietud que los próximos a Barcelona. En todos abunda el personal eventual, vinculado a contratos puntuales por los que reciben sueldos que aspiran a ser mileuristas. El nuevo IVA incide en ese panorama.

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