06.01.2015.
Escrito por Paula Díaz
El grupo designado para elaborar el informe previo al II Plan de
Derechos Humanos alerta, en el 'censurado' texto, la situación de los
CIEs, la persistencia de las redadas racistas y el abuso de la fuerza
por parte de los agentes en las manifestaciones.
PRIMERA PARTE
Carencias en los sistemas de vigilancia de las cárceles, la persistencia de las denominadas "redadas racistas" o el abuso de la fuerza por parte de los antidisturbios en algunas manifestaciones. Éstas son algunas de las deficiencias del sistema detectadas por el Comité Técnico de Expertos designado por el Gobierno para elaborar el informe —hasta ahora censurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy— previo a lo que estaba destinado a convertirse en el II Plan de Derechos Humanos.
En el documento, al que ha tenido acceso Público y que será publicado próximamente por la Editorial Tirante Blanco, los expertos universitarios nombrados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —organismo dependiente del Ministerio de Presidencia— instaban al Gobierno, entre otras cosas, a elaborar un "protocolo de captación, conservación y recuperación de las grabaciones de seguridad" de los centros penitenciarios con el fin de mejorar las investigaciones de las denuncias de malos tratos interpuestas por los reclusos.
En este apartado, el profesor José María Bilbao Ubillos, de la Universidad de Valladolid, recuerda el doble indulto concedido por el Ejecutivo de Rajoy en 2012 a cuatro Mossos d'Esquadra condenados por tortura. En 2006 detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.
"Una prueba bien elocuente de que éste es uno de los flancos más débiles de nuestro sistema de garantías son las sentencias condenatorias dictadas por el TEDH en los últimos años por las carencias observadas a la hora de combatir los malos tratos policiales", agrega Bilbao, recuperando los casos Beristain Ukar contra España y Otamendi Eguiguren contra España, entre otros.
Hacinamiento en los CIEs
Del mismo modo, el informe recoge las denuncias de múltiples organizaciones [Human Right Watch o SOS Racismo, entre otras] sobre el tratamiento que reciben los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Entre otras cuestiones, los expertos lamentan la "atmósfera carcelaria" de los centros, las "pésimas condiciones de hacinamiento en las que viven los internos" y la "deficiente atención médica" de algunos de ellos.
Pese a todo, ven con optimismo la aprobación, en 2014 —"con cuatro años de retraso", matizan—, del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. "El hecho mismo de su aprobación es una buena noticia", concluyen. Aunque "no recoge todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de las ONG", reconocen, "mejora la redacción de los borradores anteriores", opinan.
Desde el 15-M hasta el Rodea el Congreso, los profesores universitarios recogen los casos más mediáticos
para concluir que, aunque "las autoridades tienen la obligación de
garantizar el orden público", las "normas internacionales de derechos
humanos destinadas a proteger el derecho a la vida y a la integridad
moral de la persona señalan de manera inequívoca que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a
reducir al mínimo el uso de la fuerza y que en todo momento deben
aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad".
Es por ello que proponen al Ejecutivo de Rajoy el establecimiento de "unas normas claras y precisas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes y, en particular, sobre el uso de material antidisturbios [...], que sólo está justificado, previa advertencia, cuando sea estrictamente necesario como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves". "Nunca deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva [...] de ahí la necesidad de que los agentes que vayan a utilizar esos proyectiles reciban una formación completa y rigurosa", concluyen.
http://www.publico.es/politica/expertos-gobierno-instan-rajoy-frenar.html
SEGUNDA PARTE
El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere publicar el informe que él mismo encargó como paso previo a la elaboración del II Plan de Derechos Humanos que, de momento, ni está ni se le espera, según ha denunciado la oposición y más de un centenar de ONG en distintas ocasiones.
También lo cree así el propio Comité Técnico de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —organismo dependiente del Ministerio de Presidencia— para elaborar el citado documento que serviría de base pare el citado plan, que considera que el proceso de elaboración de la normativa "fue detenida en seco por los responsables políticos", quizá, apuntan, porque el texto pudo "sacar los colores al Gobierno".
El citado informe, al que ha tenido acceso Público, denuncia que "España no está del todo al corriente de sus deberes respecto del estándar internacional de protección de los derechos humanos". "Es evidente que nuestro Estado se halla entre los más avanzados del mundo en materia de derechos humanos, pero esa luminosa verdad no impide que haya numerosas y crecientes zonas de penumbra", sentencia el exdirector del Comité, Fernando Rey, en la introducción de Los derechos humanos en España:un balance crítico.
Antes de eso, Rey explica qué es un Plan de Derechos Humanos: "No es,
ni puede ser, un programa de Gobierno o de legislatura [sino que] debe responder a un compromiso nacional verdadero,
implicando a toda la sociedad". Además, "debe ser realista,
razonablemente preciso y obtenible en un plazo determinado", así como
convertirse en "un proceso continuo de mejora".
Asimismo, aclara que "el manual [establecido por la ONU para la elaboración de este tipo de documentos] claramente atribuye la responsabilidad final del Plan al Gobierno", que de momento no parece que vaya a establecerlo como una prioridad. De hecho, Sáenz de Santamaría volvió a dar largas en el Congreso el pasado 10 de diciembre, cuando, interpelada por el PNV, zanjó el tema asegurando que la normativa estaba "en fase de consulta ante los ministerios".
Para los expertos que redactaron el oculto informe previo al mismo, en cambio, "el proceso de elaboración del II Plan nacional de Derechos Humanos fue detenido en seco por los responsables políticos". "No sabemos si el texto que habíamos elaborado pudo sacar los colores al Gobierno o simplemente, que éste se dio cuenta, por fin, de lo que significaba un plan nacional de derechos humanos y decidió no seguir adelante para no tener que asumir ciertas mejoras y compromisos", concluyen.
http://www.publico.es/politica/expertos-del-gobierno-denuncian-grandes.html
Carencias en los sistemas de vigilancia de las cárceles, la persistencia de las denominadas "redadas racistas" o el abuso de la fuerza por parte de los antidisturbios en algunas manifestaciones. Éstas son algunas de las deficiencias del sistema detectadas por el Comité Técnico de Expertos designado por el Gobierno para elaborar el informe —hasta ahora censurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy— previo a lo que estaba destinado a convertirse en el II Plan de Derechos Humanos.
En el documento, al que ha tenido acceso Público y que será publicado próximamente por la Editorial Tirante Blanco, los expertos universitarios nombrados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —organismo dependiente del Ministerio de Presidencia— instaban al Gobierno, entre otras cosas, a elaborar un "protocolo de captación, conservación y recuperación de las grabaciones de seguridad" de los centros penitenciarios con el fin de mejorar las investigaciones de las denuncias de malos tratos interpuestas por los reclusos.
Los expertos, dirigidos por el profesor de la Universidad de Valladolid Fernando Rey,
recopilaron numerosos informes del Defensor del Pueblo, Amnistía
Internacional, la propia Secretaría de Estado de Estudios Penitenciarios
y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre
otros organismos, para argumentar sus propuestas. Así, concluyen que el principal problema de las cárceles españolas es su "sobreocupación"
[68.685 personas estaban privadas de libertad en 2012 en 97 centros] y
recomiendan, además, mejoras en la protección de los datos personales de
los reclusos y sus familiares.
En cuanto a las quejas por malos tratos, los expertos consideran que
"es primordial que, ante quejas de cierta entidad, el personal encargado
de su investigación sea ajeno a la plantilla del establecimiento donde
se investiga la denuncia", y recomiendan el "empleo de registros
fotográficos de las lesiones que puedan presentar los reclusos como
consecuencia de la aplicación de medios coercitivos". Sin
embargo, "los servicios centrales de la Administración penitenciaria
muestran gran resistencia a aceptar la recomendación formulada [por el
Defensor del Pueblo] a tal efecto", lamentan. También recomiendan
"disponer de las grabaciones de los sistemas de videovigilancia con los
que cuentan los establecimientos penitenciarios", aunque apuntan que "se echa en falta un protocolo de captación, conservación y recuperación de estas grabaciones de las cámaras de seguridad".
En este apartado de "torturas", los profesores aluden también a la fase previa de detención en las comisarías. "La grabación de todo el período de detención reduciría sin duda el riesgo de malos tratos o torturas. Sin embargo, su uso no es obligatorio", lamentan.
A pesar de que reconocen, como también hace Amnistía Internacional, que en España no se tortura "de forma sistemática",
advierten también de que "las investigaciones realizadas indican que
los casos de malos tratos no son hechos aislados, sino síntomas de
deficiencias estructurales". Por ello recomiendan "mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación" con medidas como "la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas de las comisarías", o limitar "la concesión de indultos a policías condenados" porque
ello "no contribuye al objetivo de poner fin a la impunidad", ya que
"el Gobierno no transmite un mensaje claro a los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley".
"Una prueba bien elocuente de que éste es uno de los flancos más débiles de nuestro sistema de garantías son las sentencias condenatorias dictadas por el TEDH en los últimos años por las carencias observadas a la hora de combatir los malos tratos policiales", agrega Bilbao, recuperando los casos Beristain Ukar contra España y Otamendi Eguiguren contra España, entre otros.
De otro lado, otra de las "zonas de penumbra" en materia de derechos humanos denunciadas en este informe que el Gobierno no quiere publicar hace
referencia a las "humillantes" redadas racistas. Esto es, las
identificaciones policiales de personas que, por su color de piel, son
sospechosas de ser inmigrantes irregulares; algo que el Comité denomina "controles de identidad discriminatorios".
"En un país multicultural como España la Policía
puede parar a alguien que no "parezca español" hasta cuatro veces el
mismo día, y no porque haya robado o cometido algún acto violento, sino
para comprobar su identidad", denuncia el profesor citando un informe de
Amnistía Internacional. Asimismo, recuerda que "el Comité de la ONU
para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a España a poner
fin" a estos controles. Sin embargo, "las autoridades siguen negando tal práctica y no se han tomado las medidas necesarias para erradicarla".
Del mismo modo, el informe recoge las denuncias de múltiples organizaciones [Human Right Watch o SOS Racismo, entre otras] sobre el tratamiento que reciben los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Entre otras cuestiones, los expertos lamentan la "atmósfera carcelaria" de los centros, las "pésimas condiciones de hacinamiento en las que viven los internos" y la "deficiente atención médica" de algunos de ellos.
Pese a todo, ven con optimismo la aprobación, en 2014 —"con cuatro años de retraso", matizan—, del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. "El hecho mismo de su aprobación es una buena noticia", concluyen. Aunque "no recoge todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de las ONG", reconocen, "mejora la redacción de los borradores anteriores", opinan.
En otro ámbito, el comité recopila también los informes relativos a los abusos de los antidisturbios en las protestas ciudadanas.
"La inmensa mayoría de estos actos [decenas de miles de
manifestaciones celebradas en 2012 y 2013] han sido pacíficos [...] sin
embargo, ha habido denuncias frecuentes de uso excesivo de la fuerza y
de malos tratos por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad y, además, no se han llevado a cabo investigaciones internas y judiciales adecuadas sobre las denuncias formuladas", cita el informe censurado, titulado Los derechos humanos en España: un balance crítico.
Es por ello que proponen al Ejecutivo de Rajoy el establecimiento de "unas normas claras y precisas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes y, en particular, sobre el uso de material antidisturbios [...], que sólo está justificado, previa advertencia, cuando sea estrictamente necesario como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves". "Nunca deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva [...] de ahí la necesidad de que los agentes que vayan a utilizar esos proyectiles reciban una formación completa y rigurosa", concluyen.
http://www.publico.es/politica/expertos-gobierno-instan-rajoy-frenar.html
SEGUNDA PARTE
El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere publicar el informe que él mismo encargó como paso previo a la elaboración del II Plan de Derechos Humanos que, de momento, ni está ni se le espera, según ha denunciado la oposición y más de un centenar de ONG en distintas ocasiones.
También lo cree así el propio Comité Técnico de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —organismo dependiente del Ministerio de Presidencia— para elaborar el citado documento que serviría de base pare el citado plan, que considera que el proceso de elaboración de la normativa "fue detenida en seco por los responsables políticos", quizá, apuntan, porque el texto pudo "sacar los colores al Gobierno".
El citado informe, al que ha tenido acceso Público, denuncia que "España no está del todo al corriente de sus deberes respecto del estándar internacional de protección de los derechos humanos". "Es evidente que nuestro Estado se halla entre los más avanzados del mundo en materia de derechos humanos, pero esa luminosa verdad no impide que haya numerosas y crecientes zonas de penumbra", sentencia el exdirector del Comité, Fernando Rey, en la introducción de Los derechos humanos en España:un balance crítico.
Rey dimitió, junto a todo su equipo (formado por otros 24 profesores universitarios de toda España*), en febrero de 2014, después de que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría se negara a mostrar en el Congreso los resultados de su análisis, terminado
ya a finales de 2013. Ante la negativa del Gobierno, el grupo de
expertos —que ha seguido trabajando por su cuenta— publicará
próximamente su obra con la Editorial Tirante Blanco.
En ella, los firmantes de la misma denuncian que "la devastadora
crisis económica ha impactado tan negativa como intensamente sobre los
derechos humanos en nuestro país [...] sobre todo, en relación con los
derechos sociales". "Pero no todo lo malo que ha sucedido en este campo
puede atribuirse a la escasez de fondos públicos", advierten. Y
denuncian: "En ciertas ocasiones, la crisis económica está
sirviendo de excusa perfecta para dar cobertura a líneas ideológicas
retrógradas en materia de derechos".
En el documento, los expertos analizan la situación
actual de los derechos civiles, sociales, de participación política,
etc. de los ciudadanos españoles, así como el respeto de los mismos (o
no) en las leyes propuestas por el Gobierno del PP una vez caducado el
anterior Plan de Derechos Humanos 2008-2012 elaborado por el Gobierno
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La Lomce, las tasas judiciales o la Ley de Seguridad Ciudadana son sólo algunas de ellas.
Asimismo, aclara que "el manual [establecido por la ONU para la elaboración de este tipo de documentos] claramente atribuye la responsabilidad final del Plan al Gobierno", que de momento no parece que vaya a establecerlo como una prioridad. De hecho, Sáenz de Santamaría volvió a dar largas en el Congreso el pasado 10 de diciembre, cuando, interpelada por el PNV, zanjó el tema asegurando que la normativa estaba "en fase de consulta ante los ministerios".
Para los expertos que redactaron el oculto informe previo al mismo, en cambio, "el proceso de elaboración del II Plan nacional de Derechos Humanos fue detenido en seco por los responsables políticos". "No sabemos si el texto que habíamos elaborado pudo sacar los colores al Gobierno o simplemente, que éste se dio cuenta, por fin, de lo que significaba un plan nacional de derechos humanos y decidió no seguir adelante para no tener que asumir ciertas mejoras y compromisos", concluyen.
* Los expertos que han colaborado en la elaboración del informe titulado Los derechos humanos en España: un balance crítico
son: Fernando Rey Martínez (director), Juan María Bilbao Ubillos,
Francisco Javier García Medina, Aránzazu Moretón Toquero, Nicolás
Rodríguez Cabezudo e Iñigo Sanz Rubiales y Noemí Serrano Argüello, de la
Universidad de Valladolid; Francisco Javier de Lucas Martín, Josefina Alventosa del Río, Lorenzo Cotino Hueso, y Ángeles Solanes Corella, de la Universidad de Valencia; Joana Abrisketa, José Ramón Intxaurbe Vitorica y Eduardo Ruiz Vieytez, de la Universidad de Deusto; Rafael de Asís Roig, María del Carmen Barranco Avilés, Patricia Cuenca Gómez y Carmen Pérez González, de la Universidad Carlos III de Madrid; María Macías Jara y Miguel Ángel Ramio Avilés, de la Universidad de Alcalá de Henares; Jaume Saura Estapá, de la de Barcelona; Miguel Ángel Presno Linera, de la de Oviedo; Federico de Montalvo Jääskeläinen, de la de Comillas;
y los expertos Gonzalo Fanjul Suárez [director de análisis
del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)] y Virginia
Rodríguez-Bartolomé [Consultora, investigadora y analista legal,
jurídica y de políticas públicas].
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