28 enero, 2015
Por Ana Requena Aguilar
Hace un año que el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia que representaba un punto de inflexión en el uso de parados voluntarios:
las administraciones no podían utilizar esta figura –la de la
colaboración social– para cubrir tareas estructurales, sino que debían
justificar que se trataba de labores temporales. El Gobierno ha
respondido ahora a ese pronunciamiento con una decisión que contradice
la doctrina del Tribunal: los parados que empezaron a realizar estas
tareas antes del 27 de diciembre de 2013 –fecha en la que se pronunció
el Supremo– podrán seguir haciéndolo hasta que agoten sus prestaciones y
sea cual sea la tarea que desempeñen.
El Ejecutivo introdujo esta decisión en una disposición adicional a una norma que nada tiene que ver, el Real Decreto Ley de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas
publicado la víspera de la pasada Nochevieja en el BOE. La exposición de
motivos es llamativa: en ella el Gobierno reconoce que las
administraciones usan a estas personas para cubrir trabajos
estructurales y que resolver esta situación conforme a la nueva
jurisprudencia exigiría “por mandato legal la previa dotación y
provisión de los respectivos puestos de trabajo”, es decir, una
convocatoria de empleo público.
Sin embargo, el Ejecutivo permite que las
administraciones que concertaran tareas de colaboración social con
desempleados antes del 27 de diciembre de 2013 sigan haciéndolo
“cualesquiera que sean las actividades que desarrollen para la
Administración correspondiente”. El Gobierno asegura que de esta forma
evita que los servicios públicos que requieren de colaboradores sociales
“carezcan de los recursos humanos correspondientes” mientras dan
cumplimiento a la convocatoria de plazas.
La sentencia del Supremo daba respuesta a las demandas de
trabajadores que, tras desempeñar labores de colaboración social,
reclamaban que su puesto era, en realidad, una relación laboral de pleno
derecho. Los sindicatos usaron el cambio de jurisprudencia para animar a
los colaboradores sociales que realizaran labores estructurales a demandar a las administraciones.
Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO,
la decisión del Gobierno pretende “legalizar un fraude de ley”. Su
análisis jurídico subraya que el Ejecutivo esgrime la conveniencia para
la Administración para justificar esta medida, sin tener en cuenta que
el Supremo ha ordenado que la colaboración social debe cumplir con una
serie de requisitos, como la temporalidad y la utilidad social. El
Gobierno asegura, sin embargo, que esta modificación normativa ofrece
“certeza y seguridad jurídica a la Administración” y da “mayores
garantías” a los desempleados que realizaban estas tareas.
Frenar las demandas
El profesor titular de Derecho del Trabajo de la
Universidad Autónoma de Madrid Ricardo Morón considera que esta medida
busca frenar las demandas de trabajadores contra las administraciones.
Señala, no obstante, que esta decisión no cambia la naturaleza de la
relación laboral que estas personas mantienen con la Administración y
sus reclamaciones siguen teniendo toda la validez. Morón afirma que la
propia exposición de motivos es un “reconocimiento de la ilegalidad” de
la medida.
“Parecen querer establecer una especie de moratoria para
evitar demandas, pero el Tribunal Supremo ya ha dicho que esa situación
es ilegal. Desde el punto de vista de los trabajadores no hay ninguna
limitación para seguir reclamando porque ellos ya han adquirido esos
derechos”, explica el profesor.
CCOO no renuncia a seguir interponiendo demandas. Y pone
como ejemplo lo sucedido en el Ayuntamiento de Murcia, donde gracias a
la negociación el Consistorio reconoció el fraude de ley de 440
contratos de colaboración social y se ha comprometido a cubrir esas
plazas por medio de una oferta de empleo público.
No es la primera vez que el actual Ejecutivo legisla de
tapadillo en plenas Navidades para ventilar una cuestión polémica. Por
ejemplo, el 31 de diciembre de 2012 utilizó otra disposición adicional
de un decreto de protección de empleados del hogar para eliminar los
topes impuestos al déficit de tarifa eléctrico.
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