Publicado en: 23 enero, 2015
Por Kaos. Derechos humanos
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por excederse en el plazo que dio Bruselas para implantar la
Directiva 2012/13/UE, sobre el derecho a la información de los
encausados en procesos penales. La norma forma parte de tres directiva
s europeas que tienen por objetivo “garantizar el derecho a un juicio
justo”, recuerda la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera
Jourová, a una pregunta emitida por la eurodiputada de Izquierda Plural
Marina Albiol.
La comisaria Vera Jourová da
cuenta del procedimiento abierto por la Comisión Europea contra España,
comunicado por escrito, en el que se exige al país una respuesta por no
habler aplicado la directiva
en los tiempos establecidos por la ley, que fijaba como límite el 2 de
junio de 2014. “España ha comunicado a la Comisión que se está llevando a
cabo la reforma legislativa, pero aún no ha finalizado”, apunta
Jourová.
La eurodiputada de IU Marina
Albiol había preguntado expresamente a la comisaria si la institución
iba a tomar alguna medida contra España por no respetar los plazos de
aplicación de la norma.
Si el procedimiento, “en curso”, no concluye con una “solución
satisfactoria”, la comisaria apunta que el caso podrá llevarse ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “que tiene competencia para
determinar si un Estado miembro ha incumplido alguna de las obligaciones
que le incumben en virtud de los Tratados”.
La directiva exige, entre otras cuestiones, que los
detenidos reciban información en todo momento de los delitos que se les
imputan, además de sus derechos procesales, como el derecho a tener un
abogado, a recibir asistencia letrada gratuita y a permanecer en
silencio.
La norma exige a los Estados miembros que garanticen “que
la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a
la totalidad de las pruebas materiales en posesión de las autoridades
competentes a favor o en contra de dicha persona, para salvaguardar la
equidad del proceso y preparar la defensa”, salvo en aquellos casos en
los que sea necesario evitarlo para defender un “interés público
importante”. En estas excepciones, debe ser la justicia la que adopta la
decisión.
Crítica a una criminalización de las protestas
La pregunta parlamentaria de
Albiol va acompañada de una carta para solicitar una reunión con Vera
Jourová en la que la eurodiputada critica “un aumento sin precedentes de
la criminalización de la protesta social”, que en su opinión cumplen
con el “único objetivo” de “la merma de la legitimidad de las luchas
para mejorar las condiciondes de vida de la población”.
El esrito recuerda varios casos, entre los que destaca el caso de Alfonso Fernández (‘Alfon’),
—condenado a cuatro años de cárcel— “que fue encarcelado sin juicio y
sin que hubiera un informe policial durante los 56 días en régimen de
FIES, a pesar de que inicialmente no se declaró riesgo de fuga”. Sobre
el proceso judicial de ‘Alfon’, la carta denuncia “la irregularidad de
que las pruebas aportadas estuvieron todo el tiempo bajo custodia de la
brigada que le detuvo, por lo que existe una fuerte sospecha de
manipulación” y remite a la valoración de varias asociaciones de
abogados que consideran que en su caso se ha incumplido la mencionada
Directiva 2012/13/UE.
Albiol también informa de los
casos de Katiana Vicens, secretaria general del sindicato Comisiones
Obreras en las Islas Baleares, condenada por participar en un piquete
informativo durante otra huelga y a los ocho trabajadores de Airbus en Getafe, “que se enfrentan en total a 64 años de cárcel por, igualmente, ejercitar su derecho a huelga”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario