Publicado en: 18 enero, 2015
Por Arainfo
Ayer fue otro día duro para las
familias afectadas por la ‘crisis-estafa del ladrillo’. Familias con
nombres, con rostros, familias agobiadas por la presión despiadada de
entidades financieras y bancarias que nunca ven más allá de su cuenta de
resultados. Es el caso de Rafa, Raquel, y su hija, menor de edad.
Foto de portada: Pablo Ibañez (AraInfo) Galería de Fotos
Desde Stop Desahucios Zaragoza informan que la reunión de conciliación celebrada ayer por la mañana con la entidad bancaria Ibercaja-CAI,
en el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, como consecuencia
de “la negativa de la caja para alcanzar un acuerdo ante los problemas
para el pago de la hipoteca de esta familia”, concluyó sin acuerdo y
“con la negativa de la entidad para conceder la dación en pago al
afectado, pese a ser un caso claro para la aplicación del código de
buenas prácticas suscrito por esta entidad bancaria”.
En el exterior de los juzgados,
resistiendo al frío, un grupo de unas 50 personas mostraba su apoyo a
los afectados y su rechazo a las malas prácticas de esta caja de
ahorros, y se escuchaban cánticos como “¡IberCaja estafa y engaña!” y
“¡dación en pago y alquiler social!”.
A esta familia, afectada por la crisis
hipotecaria, el piso le costó 133.000 euros, ese fue el importe de la
compra-venta. Pero se trata de una Vivienda de Protección Oficial, y,
legalmente, esta VPO solo se podía hipotecar para la compra de vivienda
por 100.000 euros, sin embargo el propio banco -CAI- les facilitó y
‘concedió’ una segunda hipoteca el mismo día del acto de compra-venta
por otros 33.000 euros, con la que satisfacer el total del importe al
vendedor.
Transcurrido el tiempo legalmente
establecido, cuando la vivienda familiar “dejó de ser vivienda de
protección oficial -VPO- el banco les reunifico los dos créditos, y
desde entonces solo tienen una hipoteca”, explican desde la plataforma
de apoyo mutuo Stop Desahucios. “Ante la imposibilidad de seguir
cumpliendo con el pago de la hipoteca, la CAI, por escrito, le comunicó a
la familia la posibilidad de realizar una dación en pago. Pero solo por
la ‘primera’ hipoteca, y asumiendo aún así una deuda de 10.000 euros,
más la devolución integra de la ‘segunda’ hipoteca, otros 33.000 euros,
que por lo visto, ahora para la CAI ya no eran para la compra de
vivienda”, detallan desde Stop Desahucios Zaragoza.
Ayer, en un principio, continúa
explicando Stop Desahucios el acto de conciliación “era para negociar
que esa ‘deuda’ de 10.000 euros -que la CAI-Ibercaja se empeñó en
mantener a pesar de que la familia cumplió con sus obligaciones
hipotecarias mientras tuvo ingresos y que obviamente cedía al banco la
propiedad de la vivienda- la pagarían a lo largo de 15 años, a razón de
65 euros al mes”, así lo declaraba Rafa a la salida de la reunión, “los
abogados han tenido especial interés en que no saliera en el acta lo
hablado anteriormente, el letrado lo ha reconocido, aunque la que CAI se
negaba”. En la oficina bancaria, de palabra, le habían ofrecido la
dación en pago, quedándole así viva esa deuda de 10.000 euros más la
‘segunda’ hipoteca, sin embargo desde Stop Desahucios explican que “lo
que necesitan para salir de la exclusión social es la dación en pago”.
Según indican algunas de las activistas
de Stop Desahucios “una de las prácticas de los bancos es que en las
oficinas plantean una negociación y cuando pasan a los abogados niegan
lo anterior, y hoy ha sido uno de esos casos. No querían que eso
constara en el acta de la conciliación”.
Ante las irregularidades cometidas por
la CAI, Rafa acudió al Banco de España, que certificó en un informe las
malas prácticas de esta entidad al unificar los dos préstamos.
Afortunadamente, Rafa guarda todos los justificantes de los pagos por su
vivienda, de los talones, y de todos los recibos, lo que facilitó la
decisión del Banco de España para recriminar la falta de ética de la
CAI.
El colectivo Stop Desahucios Zaragoza,
por último, señala que “va a emprender una campaña de movilización y
sensibilización ciudadana que no finalizará hasta que Ibercaja-CAI
conceda la dación en pago a Rafa y Raquel, y abra una vía de negociación
para otras cinco familias que se encuentran en la misma situación”.
La fusión entre la CAI e Ibercaja sufragada con dinero público
Cuando la CAI -sujeta a investigación en
una Comisión de las Cortes de Aragón y con numerosos casos en los
juzgados- fue absorbida por IberCaja, se destinaron 407 millones de
euros de las arcas arca públicas para evitar la ‘quiebra’ de ambas
entidades. Sin embargo, cuando quien está en ‘quiebra económica’ es una
familia la respuesta del Gobierno de Aragón, y otras administraciones,
es conocida: “no hay dinero”.
Cabe recordar que el director de la CAI
entre 2000 y 2013, Tomás García Montes, se embolsó en su paso por la
entidad 4,2 millones de euros. Y, como él, numerosos directivos de la
entidad bancaria aragonesa se enriquecieron durante la época del ‘boom
inmobiliario’. La CAI no ha sido un experimento reciente, sino una
entidad que llevaba funcionando desde 1905, y contando con la confianza
-en eso se sustentan las relaciones económicas- de miles de familias
aragonesas. Sin embargo, los ‘gestores’ de la CAI terminaron provocando
el colapso de esta caja aragonesa quebrando finalmente esta confianza,
aunque consiguieron mantener durante años, de puertas a fuera, la
percepción social de estabilidad, transparencia y buena gestión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario