De los 500 millones iniciales a un coste de 5.000 finales para pagar la inversión del proyecto Castor, suspendido por su impacto ambiental
El Proyecto Castor de almacenamiento de gas submarino en el Mediterráneo iba a costar 500 millones de euros. Pero después de recibir la adjudicación, la empresa de Florentino Pérez fue subiendo el presupuesto hasta los 1.350 millones. Los sucesivos gobiernos de PSOE y PP han ido aceptando esta subida presupuestaria sin una auditoría sobre los costes. Es decir, sin saber si ese dinero de todos está bien gastado o no. También estos Gobiernos han ido aceptando que el proyecto se llevara a cabo sin los oportunos estudios medioambientales y geológicos.
La consecuencia de tal negligencia: más de 1.000 terremotos en unas fallas que alcanzan la zona de mayor concentración de centrales nucleares de todo el Estado. Podríamos haber padecido la mayor tragedia nuclear de la historia, con unas consecuencias humanas y económicas difíciles de imaginar. Se ha jugado con la seguridad. Entre otras cosas porque los gobiernos han asumido, por activa o por pasiva, que los estudios medioambientales y geológicos son unos trámites para cumplir el expediente pero que en ningún caso pueden detener el beneficio económico. Y menos aún si el beneficio económico tiene nombres y apellidos. En este caso, Florentino Pérez.
Viendo el fracaso del proyecto, Florentino Pérez decide abandonar. Eso sí, exigiendo el pago de lo invertido. El Gobierno acepta pagar la cantidad que Florentino dice haber invertido (insisto, sin fiscalización). Pero como no hay dinero, hay que pedir un crédito. Y ese crédito conlleva unos intereses, de manera que los 1.350 millones se convertirán en casi 5.000 millones en los próximos 30 años. Y ¿cómo se pagarán? Fíjense en el inminente incremento de la factura del gas y tendrán la respuesta.
¿Qué ocurrirá ahora con el proyecto Castor? Pues que el gobierno de Rajoy ha decidido paralizarlo a la espera de qué dicen los estudios geológicos y medioambientales que no se hicieron previamente. Y mientras tanto, nosotros continuaremos pagando el mantenimiento de las instalaciones y asumiendo el riesgo de que en un futuro se pueda reactivar. O sea, que pagamos por su paralización, pagamos por su mantenimiento y esperando no pagar por una desgracia nuclear.
De los 500 millones iniciales pagaremos 5.000 millones. Eso quizás es, en esta sociedad, más noticia que el hecho de que no se haya consultado con el territorio afectado y se haya decidido todo desde Madrid, desde Moncloa o desde el Bernabéu, sin contar con su opinión.
Por eso toma aún más valor el trabajo, el esfuerzo y la tenacidad de los activistas de las Terres de l’Ebre y el País Valencià que llevan años y años luchando en contra del proyecto y que ahora, después de ver el muro de silencio e ignorancia de las instituciones españoles, viajan a Bruselas a pedir amparo. Quizás justicia. Tal vez si hubieran sido más, no estaríamos pagando la apatía los próximos 30 años.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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