28.12.2014
Escrito por Ana Requena Aguilar
El balance económico que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
ha hecho de 2014 y sus halagüeñas perspectivas para 2015 no incluyen los
datos que muestran a España como un país más desigual que hace unos
años. Uno de los últimos informes que constata el aumento de la brecha
social es el de la Organización Internacional de Trabajo, que señala a
España como el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad
desde 2006. Aquí, cinco datos que escapan al optimismo del Gobierno.
1. Menos empleo. Aunque en el último
año la Seguridad Social ha ganado cerca de 400.000 afiliados, el nivel
de ocupación aún está por debajo del que había cuando Rajoy llegó a La
Moncloa: entonces, había 17.254.897 afiliados; ahora, 16.712.455, es
decir, hay 542.442 personas ocupadas menos. No obstante, se trata de un
nivel aún muy alejado del que había antes de que estallara la crisis: en
2008, la Seguridad Social rozaba los 19 millones y medio de ocupados.
2. Menos protección social.
La tasa de cobertura del sistema de protección social ha caído varios
puntos en los últimos años. A finales de 2011, cuando Rajoy ganó las
elecciones, rondaba el 67% (con 4.420.640 parados registrados).
Actualmente es del 57,3% (con 4.512.116 parados registrados), es decir,
ha perdido diez puntos en tres años.
Además, y según las previsiones que el Gobierno incluye
en los Presupuestos de 2015, solo el 19% de los parados cobrarán una
prestación contributiva el año que viene. De las cerca de 5.237.900
personas que estarán –de media– en paro en 2015, solo 1.010.000
percibirán una de estas prestaciones. Si en lugar de la EPA se toma como
referencia el paro registrado, el porcentaje de parados con prestación
contributiva sería del 25%. La mayoría de beneficiarios –1.148.000– lo
será de subsidios (de cuantías mucho más bajas).
3. Más pobreza. Uno de los
indicadores más fiables para medir la exclusión social es la llamada
tasa Arope, que combina el riesgo de pobreza, la carencia material (como
no poder permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos
días, o poder mantener la casa a una temperatura adecuada) y la baja
intesidad en el empleo. Esta tasa ha pasado de ser del 24,7% en 2009 al
27,3% en 2013, según el INE. Los ingresos medios de los hogares no han
dejado de disminuir desde 2008: entonces, el ingreso medio de una
familia era de 30.045 euros, frente a los 26.775 de media de 2012, es
decir, que se ha registrado una caída del 11% en cuatro años.
También ha crecido la pobreza laboral, es decir, las
personas que a pesar de tener un empleo rozan la exclusión social.
España es el tercer país de Europa con más trabajadores pobres (un
12,3%), por detrás de Rumania (19,5%) y Grecia (15,1%), según un informe
de la Fundación Primero de Mayo.
4. Caída de la población activa. Una
de las primeras consecuencias de la crisis y del crecimiento desmedido
del desempleo ha sido el aumento de la población activa, es decir, en
disposición de trabajar: la pérdida de empleo de algún miembro del hogar
incentivó a otros a sumarse a la búsqueda de un trabajo. A partir de
2012, sin embargo, la tendencia se invirtió. Desde el tercer trimestre
de 2012, España ha perdido 550.800 activos. Según los expertos, el
efecto desánimo ante la imposibilidad de encontrar un empleo, la
emigración y la vuelta a los estudios de muchos jóvenes están detrás de
esta bajada de la población activa.
5. La precariedad no cede. Los
contratos a tiempo completo representan, de media, el 8% de los nuevos
contratos que se hacen cada mes. En noviembre, por ejemplo, supusieron
el 8,5% de todos los que se hicieron ese mes. La reforma laboral y las
medidas aprobadas en los dos últimos años han incentivado el empleo a
tiempo parcial: los contratos temporales a tiempo parcial representaron
el 30% de los nuevos contratos de noviembre. Las estadísiticas muestran,
además, que la mayor parte de esos empleos son ocupados por mujeres y de forma involuntaria, esto es, preferirían una jornada completa.
El subempleo (trabajadores con una jornada inferior a las
que desen y a la que suele desempeñar un asalariado medio) afecta a
2.251.200 personas, unas 100.000 más que en 2011. Además, en el tercer
trimestre de este año los asalariados trabajaron 1,23 millones de horas
ilegales (que exceden la legislación sobre horas extra) cada semana, una
cifra que equivaldría a 273.315 personas.
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