La policía española no dentendrá a los 19 franquistas reclamados por la Justicia argentina a través de Interpol. Se aferra a una directiva del organismo internacional prevista para eludir estos arrestos en casos de genocidio o crímenes de guerra y que se pone en marcha en caso de que el país de origen, en este caso el Estado español, presente una queja. Ahora la juez Servini tendrá que pedir la extradición. Pero el ministro de Justicia ya avisa que no prevé entregarles.
Las reclamaciones de la
Interpol por los 19 dirigentes franquistas imputados por la juez María
Servini (eran 20, pero el pasado mes de setiembre murió Antonio Barrera
de Irimo, ministro entre 1973 y 1974) chocan con las maniobras del
Estado español para no entregarles. La oficina en Argentina del
organismo policial dictó ayer una orden de detención «muy urgente»
contra los responsables del régimen de Francisco Franco. El Estado sin
embargo, dio una rápida respuesta y advirtió que ni serán arrestados ni
mucho menos extraditados. Así lo aseguró el ministro español de
Justicia, Rafael Catalá, que se escudó, como viene siendo habitual, en
la Ley de Amnistía de 1977 y en la supuesta prescripción de los casos.
No obstante, las maniobras venían de antes. Así lo demuestra una
información difundida por Europa Press que revela cómo Madrid apeló ante
la Secretaría General de Interpol y se aferró a una resolución de 2010
que afecta, precisamente, a solicitudes relacionadas con los delitos de
genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Se trata
de un acuerdo por el cual, si un Estado presenta alguna queja en los 30
días posteriores que se formalice la orden de arresto esta no tiene por
qué llevarse a cabo. Un protocolo desarrollado, como señaló Carlos
Slepoy, abogado de la causa, como precaución contra el avance de la
«Justicia Universal».
Según indicaba la agencia española, citando fuentes policiales, los agentes no detendrán a los 19 franquistas porque después de que se cursase la orden de arresto desde Argentina, la oficina en Madrid de Interpol presentó la alegación. Es decir, que protestó para que no se pudiese perseguir a los responsables de hechos como la matanza de cinco obreros en Gasteiz en 1973, las ejecuciones de Salvador Puig Antich, de Jon Paredes Manot «Txiki», Ángel Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, el «proceso de Burgos» o diversas denuncias de torturas. Según esta información, la oficina de Lyon habría hecho caso a los requerimientos españoles y habría cursado la orden argentina sin distintivo rojo, lo cual implica que esta solo tiene efecto en el país emisor. Es decir, que los 19 franquistas, a día de hoy, solo pueden ser detenidos si viajasen a Argentina.
Para esto, el Estado también tiene previstos sus obstáculos. De hecho, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya advirtió ayer que espera que la resolución de la Audiencia Nacional vaya en el mismo sentido que las que ya dictó en los casos del policía español Antonio González Pacheco, «Billy el Niño», y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. En realidad, una vez que se solicite la expulsión a Argentina, es el Ejecutivo el que tiene que decidir si la tramita o no y, a partir de entonces, sería cuando intervendría el tribunal especial, como ya ocurrió en el caso de los dos torturadores franquistas que eludieron a la Justicia pero no evitaron su imagen desfilando ante el juez durante la vista.
Según explicó Slepoy, mantendrán diversos encuentros tanto con organismos internacionales (la ONU, entre otros muchos, ha censurado la impunidad que permite la Ley de Amnistía) así como formaciones políticas. Hoy mismo se encontrarán con IU y el Grupo Mixto, en el que se encuentra Amaiur. Mientras, el Gobierno español se prepara para mantener el cobijo de los franquistas.
Según indicaba la agencia española, citando fuentes policiales, los agentes no detendrán a los 19 franquistas porque después de que se cursase la orden de arresto desde Argentina, la oficina en Madrid de Interpol presentó la alegación. Es decir, que protestó para que no se pudiese perseguir a los responsables de hechos como la matanza de cinco obreros en Gasteiz en 1973, las ejecuciones de Salvador Puig Antich, de Jon Paredes Manot «Txiki», Ángel Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, el «proceso de Burgos» o diversas denuncias de torturas. Según esta información, la oficina de Lyon habría hecho caso a los requerimientos españoles y habría cursado la orden argentina sin distintivo rojo, lo cual implica que esta solo tiene efecto en el país emisor. Es decir, que los 19 franquistas, a día de hoy, solo pueden ser detenidos si viajasen a Argentina.
Próximos movimientos
«El
Gobierno español hecho uso de esta situación para evitar no solo que
puedan ser detenidos y juzgados en España, sino para que estén
protegidos internacionalmente», denunció el letrado Carlos Slepoy, que
puso en evidencia la gravedad de la reacción de Madrid. En su opinión,
este es un tecnicismo que podría ser solventado si existiese voluntad,
lo que es inexistente en el caso del Ejecutivo de Mariano Rajoy. De este
modo, y ante la negativa de la detención inmediata, el siguiente paso
será que la jueza Servini reclame directamente la extradición.Para esto, el Estado también tiene previstos sus obstáculos. De hecho, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya advirtió ayer que espera que la resolución de la Audiencia Nacional vaya en el mismo sentido que las que ya dictó en los casos del policía español Antonio González Pacheco, «Billy el Niño», y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. En realidad, una vez que se solicite la expulsión a Argentina, es el Ejecutivo el que tiene que decidir si la tramita o no y, a partir de entonces, sería cuando intervendría el tribunal especial, como ya ocurrió en el caso de los dos torturadores franquistas que eludieron a la Justicia pero no evitaron su imagen desfilando ante el juez durante la vista.
«Están preocupados»
«Están
muy preocupados», consideró Slepoy ante todas las protecciones
adoptadas por Madrid ante la posibilidad de que los cargos franquistas y
policías, entre los que se encuentran, por ejemplo, Rodolfo Martín
Villa o José Utrera Molina, sean juzgados. En este sentido, consideró
que lo que el Ejecutivo quiere eludir es la fotografía de los antiguos
cargos del régimen de Franco declarando ante la Audiencia Nacional. Para
evitar las maniobras del Estado, los querellantes ya han puesto en
marcha su propio plan de acción.Según explicó Slepoy, mantendrán diversos encuentros tanto con organismos internacionales (la ONU, entre otros muchos, ha censurado la impunidad que permite la Ley de Amnistía) así como formaciones políticas. Hoy mismo se encontrarán con IU y el Grupo Mixto, en el que se encuentra Amaiur. Mientras, el Gobierno español se prepara para mantener el cobijo de los franquistas.
Los precedentes: un trámite sin efecto jurídico real
Si
se atienden a los precedentes de estas 19 imputaciones se puede
comprobar que el Estado español a lo máximo que está dispuesto a llegar
para resarcir a las víctimas del franquismo es a un derecho a la
denuncia que permita «ser escuchado» pero que no tenga efecto jurídico
real. Esto quedó demostrado en las vistas sobre la extradición de los
torturadores Antonio González Pacheco «Billy el Niño» y Jesús Muñecas
Aguilar que tuvieron lugar este mismo año en la Audiencia Nacional
española. En aquel momento, fiscalía reconoció que las sesiones se
celebraron únicamente por «compromiso diplomático», dejando clara su
nula voluntad de cumplir con las víctimas y negando que los crímenes del
franquismo constituyesen delitos de lesa humanidad, lo cual les
convertiría en imprescriptibles. Frente a ello, se escudó, como ayer
hizo el ministro de Justicia, en la Ley de Amnistía de 1977
(frecuentemente cuestionada por diversos organismos internacionales) o
en el hecho de que las torturas habrían prescrito. Solo dio opción a las
víctimas de presentar una denuncia en su lugar de origen para ser
escuchadas, pero dejando claro que no tendría efecto real por el hecho
de la prescripción. Ahora, está por ver si el ministerio de Justicia
español acepta, al menos, que se tramite la solicitud de extradición, lo
que obligaría a posicionarse al juez que se encuentre de guardia en la
Audiencia Nacional. Todo parece indicar que no tienen intención de que
ni siquiera llegue esa imagen.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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