Una iniciativa del Partido Comunista portugués en el Parlamento recomienda al Gobierno clasificar y exponer las 85 obras del artista catalán Joan Miró en manos del Estado luso.
El texto, divulgado hoy, censura la actitud del Ejecutivo al archivar el proceso de clasificación por considerar que el acervo del pintor no es "de interés nacional", una decisión que adoptó a finales de agosto.
Los 84 cuadros y una escultura que forman parte de esta colección son propiedad de dos empresas públicas creadas para gestionar el patrimonio cultural del Banco Portugués de Negocios (BPN), entidad que fue nacionalizada en 2008.
El Gobierno conservador liderado por el primer ministro Pedro Passos Coelho intentó vender estas piezas en dos ocasiones a través de la casa de subastas londinense Christie's, pero las dudas sobre la legalidad de la operación -por supuestas irregularidades en el proceso de venta y de salida de las obras al extranjero- acabaron por cancelarla.
A la espera de conocer el resultado de tres procesos judiciales todavía pendientes sobre el acervo de Miró, diez diputados comunistas presentaron un documento ante el Parlamento en el que proponen clasificar las obras como patrimonio nacional y realizar una exposición que permita su visita pública.
El BPN, cuya caída es considerada como uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Portugal con un perjuicio público de miles de millones de euros, compró en 2006 las 85 obras de Miró a un coleccionista japonés.
Las piezas, sin embargo, no llegaron a ver la luz ni antes ni después de la nacionalización de la entidad, y de hecho pasaron cinco años guardadas en las reservas de un banco estatal luso a la espera de conocer su futuro.
La intención del Gobierno de subastar la colección de Miró por un valor cercano a los 35 millones de euros (44,2 millones de dólares) -hecha pública en diciembre de 2013- ha sido contestada desde entonces tanto por la comunidad artística lusa como por la oposición de izquierdas, e incluso un movimiento cívico logró reunir más de 10.000 firmas a través de internet en contra de esta operación.
El Confidencial
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