La mayoría de hogares y
empresas tiene una potencia eléctrica contratada superior a la necesaria
para su perfil de consumo, lo que supone un sobrecoste conjunto de
8.080 millones de euros que acaba en la caja de las eléctricas. Bajarse
un tramo la potencia en casa supone un ahorro de entre 61,5 y 156 euros
al año.
Está escondida en el recibo.
Pocos consumidores prestan atención a la potencia eléctrica que tienen
contratada en casa o en su empresa, pero es la parte fija del precio de
la luz que más ha subido desde 2013.
El Ministerio de Industria y
Energía decidió el pasado año aprobar una subida media del 70% en el
término de potencia, la parte fija del recibo que supone más del 40% del
volumen total de gasto bimensual. La otra parte mollar, que pesa otro
40%, se fija a través del nuevo sistema de cotización diaria del precio
de la luz, que no ha parado de subir desde el tercer trimestre (+11).
Con el subidón aplicado desde
2013 por el Departamento que dirige José Manuel Soria, la parte más
penalizada del recibo es el término de potencia. Hasta tal punto de que,
según un estudio de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia
Energética (Anae), los españoles pagamos 8.080 millones de euros al año
por una potencia contratada que no usamos. Este exceso de potencia
contratada, tras los impuestos aplicados, se dispara a 10.277 millones
de euros anuales, según este informe que arroja un desequilibrio que
pocos consumidores conocen.
Clientes domésticos, empresas
e industrias tienen contratados, en conjunto, 175 gigawatios/hora
(GW/h), pero durante lo que llevamos de este año sólo se han demandado
39 GW/h, según los datos de Red Eléctrica. Es decir, que hay 136 GW/h
que están contratados y se pagan a las compañías eléctricas, pero que ni
se necesitan ni se usan, según Anae.
De lo que se paga de más en el recibo por la potencia contratada, 8.000 millones van para las compañías y 2.200 millones para Hacienda
Esa
sobrefacturación de potencia no usada supone ingresos adicionales de
más de 8.000 millones para las compañías eléctricas y de casi 2.200
millones de euros para el Ministerio de Hacienda.
Lo que pone de manifiesto
este informe es que hay millones de viviendas (también empresas, pero en
menor medida) que mantienen unos niveles de potencia que en nada
necesitan para su consumo diario. Se dan cientos de miles de casos de
hogares que cuentan con 4,6 o 5,75 kilovatios de potencia sin tener
siquiera vitrocerámica, horno o bomba de frío y calor (en muchos casos
la calefacción es de gas y se paga en otro recibo). Y segundas
residencias que sólo se usan en vacaciones y que soportan en el recibo
todo el año altas potencias contratadas que no usan.
Según Anae, un consumidor
doméstico puede rebajar su factura en 61,5 euros al año, impuestos
incluidos, si recorta en un tramo o en 1,15 kilovatios la potencia
contratada, pero enfrente encontrará, según denuncia esta asociación, a
las compañías eléctricas, cuyo “total incumplimiento” del deber de
recomendar la mejor potencia obvian este tipo de consejos. Es más, los
penalizan, dado que cada cambio de potencia tiene un coste que llega en
el recibo de los meses siguientes.
No tiene sentido, denuncia Anae, que en España los hogares y empresas tengan contratada una potencia conjunta de 175 GW/h pero sólo utilicen 30 GW/h
Otros informes elevan este
ahorro a 156 anuales. Anae alerta de que sólo la potencia contratada por
los hogares (empresas excluidas) es superior a toda la generación
instalada en España: 110 GW/h frente a 108 GW/h, si bien este
“sorprendente” desequilibrio se da en estos tiempos de dura crisis
económica y fuerte caída de demanda eléctrica nacional.
El caso es que se baje o no
la potencia contratada, las subidas de la parte fija del recibo han
impactado un 92% en los hogares y en torno al 145% en los profesionales,
una medida que ha sido duramente criticada por penalizar a los
consumidores más vulnerables económicamente, que por poco que consuman
tiene que afrontar cada dos meses el coste fijo del recibo.
Además, elevar del término
fijo desincentiva el tan cacareado por el Gobierno ahorro y eficiencia
energéticos, eso que ahora engloban en el bonancible término de
sostenibilidad y que pocos expertos (independientes hablamos) entienden.
Por mucho que una familia
ahorre por la vía del menor consumo, la penalización viene por la parte
fija del recibo, la que más ha subido por orden gubernativa y la que
sigilosamente grava la factura con el sobrecoste de la potencia
contratada.
De ahí que hayan surgido
iniciativas y plataformas sociales y organizativas para fomentar la
bajada de la potencia en las viviendas para evitar sobrepagos a las
eléctricas y el desenchufe eléctrico de miles de segundas residencias.
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OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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