13.08.2014
Al ser cargos públicos: senadores, diputados, parlamentarios andaluces... su caso será visto por el Tribunal Supremo (cuyos magistrados son nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado).
Manuel Chaves
Durante casi 20 años fue presidente de la Junta de Andalucía. Fue en esta etapa cuando presuntamente se firmó el convenio con el que comenzó a funcionar un fondo económico con el que se gestionaban los ERE falsos de empresas en crisis. La jueza Alaya dice que Chaves es presunto responsable de una "falta de control consentida". Actualmente es diputado en el Congreso por Cádiz.
José Antonio Griñán
Sustituyó a la exministra Magdalena Álvarez al frente de la consejería de Economía y Hacienda de la Junta y posteriormente sucedió en el cargo de presidente a Manuel Chaves. Según la jueza Griñán también habría asistido a las "reuniones de alta cualificación técnica" que se celebraban durante la elaboración del anteproyecto. Ahora es senador por lo que también tiene la condición de aforado.
José Antonio Viera
Viera supuestamente firmó el convenio cuando era consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico del gobierno de Chaves. En su declaración ante la jueza Viera dijo: "ningún consejero actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta". En la actualidad es diputado nacional.
Carmen Martínez Aguayo
Exconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Martínez debió informar al entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, de los problemas y las consecuencias legales que surgían con el fondo de los ERE debido a la ausencia de procedimiento. Actualmente es parlamentaria por Sevilla en el parlamento andaluz.
Manuel Recio
Fue consejero de Empleo andaluz de 2010 a 2012. Dice la jueza que durante su mandato se habría ocultado presuntamente información sobre los expedientes de regulación de empleo. Recio se encargó de relatar los resultados de la investigación interna que llevó a cabo el Gobierno andaluz. En la actualidad es parlamentario autonómico.
Francisco Vallejo
Fue consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. Al exconsejero le tendrían que haber llegado informes en los que se advertía de la gestión del presupuesto destinado a ese fondo.
Antonio Ávila
Exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Cargo del que fue cesado en el año 2013. La jueza dice que Ávila presuntamente participaba en las reuniones en las que se elaboraba el presupuesto con fines ilícitos. Ahora es diputado en el parlamento andaluz por la provincia de Jaén.
¿Quién nombra a los magistrados que componen el Tribunal Supremo?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho artículo establece que:
Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:
1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos de sus miembros de:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde.
c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
Así pues, la facultad de nombrar a los magistrados que componen el Tribunal Supremo corresponde al Consejo General del Poder Judicial.
Lo cual, naturalmente, nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Quién nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial?
En primer lugar, aclaremos que el Pleno del Consejo se compone del presidente y 20 vocales. Al presidente lo eligen los miembros del Consejo, ¿pero quién nombra a los miembros del Consejo?
12 son jueces y magistrados, de los que el Congreso de los Diputados propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.
Los otros 8 son abogados u otros juristas, de los que el Congreso elige a 4 y el Senado a otros 4.
Es decir, que en último término la composición de los tribunales son un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado. Una misma mayoría parlamentaria controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
La mayoría de tres quintos.
Aparentemente, la exigencia de una mayoría de 3/5 para los nombramientos mitigaría la réplica pura y dura de las mayorías políticas parlamentarias. Sin embargo, a lo que hemos asistido en los últimos tiempos es a un mercadeo político que primero produce una situación de bloqueo la cual acaba degenerando en un reparto puro y duro de cuotas. Si tu votas a estos 3 míos, yo voto estos 4 tuyos: así es como se aplica en la práctica la mayoría de 3/5. La situación es tan grave que, tras la renovación del último Consejo General del Poder Judicial, ni uno sólo de sus miembros es independiente. Los 20 pertenecen a algún tipo de asociación de jueces de clara adscripción ideológica. El hecho resulta especialmente escandaloso cuando la mitad de los jueces españoles no pertenece a ninguna asociación.
Una justicia independiente.
Todo lo cual nos lleva a la búsqueda de la solución, que no puede venir más que de la mano de un cambio en el sistema de elección de jueces y magistrados que garantice su imparcialidad e independencia. En este sentido, existen diversos sistemas para conseguir este objetivo. Por poner un ejemplo, el de que los miembros del Tribunal Constitucional, el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos exclusivamente por los propios jueces. Todo ello partiendo de la base de un cuerpo de jueces al que se acceda exclusivamente por oposición. En cualquier caso, sea cual sea la mejor fórmula, el debate sobre cómo mejorar la independencia del poder judicial es tan apasionante como necesario. Eso siempre que no queramos saber cuál va ser el fallo de una sentencia a través de un video previo del gobierno.
cadenaser/navarraconfidencial/insurgente
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