El formulario facilitado por el
Congreso de los Diputados no obliga a especificar las características de
los bienes que poseen y los datos no se contrastan con otros organismos
del Estado, como Hacienda.
Las declaraciones de bienes que los diputados presentan
en el Congreso carecen de los mínimos criterios para garantizar un
verdadero ejercicio de transparencia por parte de los parlamentarios
españoles. Los diputados electos se limitan a cubrir un cuestionario en
el que cada uno justifica hasta donde quiere el nivel de intereses y
posesiones que le afectan sin que ningún órgano se encargue de velar por
la veracidad o imprecisión de la información facilitada por sus
señorías. Se trata de documentación desactualizada, imprecisa y sin
valor documental a efectos legales.
Los diputados y senadores españoles están obligados a
presentar una declaración de bienes y rentas cuando toman posesión de su
escaño. Esta medida, que se viene realizando desde su inclusión en el
Estatuto del Diputado en julio de 2011, buscaba responder a las demandas
de transparencia que la ciudadanía reclamaba y fue tenida en cuenta
poco después del estallido del 15M.
El impreso oficial para presentar la declaración que los
servicios internos del Congreso y el Senado proporcionan a sus señorías
consta de varios apartados, en los que de desgranan rentas, salarios,
deudas y propiedades inmobiliarias y de otra índole. Se excluyen las
retribuciones percibidas por su cargo público, pues estas ya son
públicas.
En el artículo 18 del Estatuto del Diputado no se
establecen los criterios para cubrir dicho formulario, ni tampoco se
hace en el mismo documento. Por poner un ejemplo, los diputados non
tienen obligación de especificar la extensión de las viviendas, locales
comerciales o fincas que les pertenezcan, ni tampoco el modelo de los
vehículos, embarcaciones y aeronaves [sic] que posean.
Desde el colectivo Qué hacen los diputados llevan años
denunciando esta situación y otras similares. "No hay un estándar de
datos, hemos hecho nosotros el trabajo", denuncia su portavoz. "Además
estos datos no se contrastan con otros organismos del Estado, como
Hacienda, lo que nos parece detestable".
Esta situación tiene como consecuencia que muchas de esas
declaraciones ofrecen tanta imprecisión que raya el surrealismo. Veamos
algunos ejemplos. En el capítulo de "vehículos, embarcaciones o
aeronaves" de su declaración de bienes, el diputado del PP Carlos
Florianodeclara poseer el 50% de dos "vehículos".
Es de suponer que con el sustantivo "vehículos" el
diputado popular se refiere a dos automóviles, aunque no ofrezca datos
sobre modelo y presumible valor de los mismos. Los "vehículos" que
Floriano tiene a medias podrían ser, no obstante, de cualquier otra
condición (barcos, aviones...) pero la ambiguedad de su declaración
impide conocerlo.
La ambiguedad de Floriano se repite en muchas otras
declaraciones de diputados de todos los partidos. Es el caso de Emilio
Olabarría, diputado del PNV, que declara poseer dos "viviendas", sin
especificar tipología, metros y valor de las mismas.
Sin embargo, no todos aprovechan el amplio margen de
detalle que permite el Congreso y algunos prefieren declarar con detalle
el listado de lo que poseen. En este grupo se sitúa el diputado de UPyD
Carlos Martínez Gorriarán, que en su declaración explicita que su
vivienda tiene una extensión de 55 metros cuadrados.
El caso de los diputados que han abandonado su escaño es
todavía más llamativo: aunque mantienen un perfil en la web del
Congreso, el enlace para acceder a su declaración de bienes ha sido
eliminado, pese a que este no ha sido borrado de los servidores. Este es
el caso de Miguel Arias Cañete, cuya declaración está disponible tras
haber sido incluido el enlace en una información de eldiario.es.
Los ciudadanos deben fiarse de la buena fe de sus
representantes. Los datos que estos declaran al Congreso y al Senado no
están contrastados con la agencia tributaria u otros organismos para
comprobar su veracidad. En caso de que se descubran que estos son
falsos, los diputados tampoco se enfrentarían a una acusación de delito
de falsificación de documento público, pues esta declaración no tiene
esa consideración.
El reglamento del Congreso de los Diputados no recoge
ninguna medida en este sentido. La normativa que regula todo lo
referente al funcionamiento de la cámara de representantes se encuentra
en estos momentos en proceso de modificación.
"Existe un debate abierto en la Comisión de Reglamento
del Congreso para modificarlo", explica el representante socialista en
este órgano, Pablo Martín. La intención es incluir en él medidas de
transparencia más concretas. "No puede ser que en las declaraciones de
bienes y rentas no se especifique el modelo de coche o la extensión de
las viviendas", denuncia el diputado, "pues alguien puede empezar la
legislatura con un seiscientos y acabarla con un coche de 120.000
euros". "Aun queda mucho por hacer", afirma Martín.
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