Los cerca de 80 expedientes judiciales abiertos
contra 265 personas, muchas con vinculación sindical, que han
participado en piquetes o protestas comienza a tener repercusión
internacional.
Tanto que hasta 21 sindicatos internacionales han enviado
ya cartas al presidente del Gobierno, la ministra de Empleo, el
ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el presidente del
Consejo General del Poder Judicial para expresar su inquietud por la
situación y pedir que se retiren los cargos.
Rajoy tiene sobre su mesa las misivas de
sindicatos de Reino Unido, Suecia, Portugal, Bélgica, Austria,
Argentina, Brasil, México o Chile. También el Comité Económico y Social y
Europeo (un órgano consultivo de la Unión Europea formado por
patronales, sindicatos y un grupo de organizaciones dedicadas a diversas
actividades) y la Unión Internacional de Trabajadores de la
alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabaco y afines han
enviado cartas a los dirigentes españoles.
Las organizaciones sindicales instan al
presidente del Gobierno a acabar con la “ofensiva contra el derecho de
huelga” e invocan para ello tanto el contenido de la Constitución como
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la
Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta Social Europea
firmados por España. “Las causas penales abiertas contra dirigentes y
activistas sindicales por su participación en estas huelgas constituyen
una grave violación del derecho de sindicalización, incluyendo el
derecho a la huelga, protegidos por las leyes españolas e
internacionales”, dicen.
Destacan también que la criminalización
de la acción sindical solo agravaría aún más “los ya profundos
desequilibrios en las relaciones laborales”. Los sindicatos
internacionales instan a retirar los cargos contra las 265 personas con
expedientes abiertos y aseguran que de no ser así se demostrará que la
motivación del Gobierno “no es tanto defender el Estado de Derecho, sino
más bien acosar e intimidar al movimiento sindical”. “Enviarán un claro
mensaje de que el Gobierno no tolerará disentimientos respecto a sus
políticas y que ha tomado abiertamente partido contra sus trabajadores y
trabajadoras”, aseguran.
Estos envíos forman parte de la estrategia de los sindicatos españoles, que buscan conseguir la mayor repercusión y presión internacional posible. Actualmente hay al menos 81 expedientes judiciales abiertos
contra cerca de 265 personas que han participado en huelgas y protestas
en los últimos años. En nueve procedimientos penales que afectan a 40
personas trabajadores y cargos sindicales imputa la comisión de un
delito de coacciones a la huelga, lo que implica una pena mínima de tres
años y un día de cárcel, esto es, que en caso de condena la entrada en
prisión sería segura.
Denuncia ante la OIT
CCOO y UGT han entregado también una queja ante la OIT por
los casos de piquetes imputados. El organismo ya ha anunciado que
examinará el escrito y dará un respuesta formal al respecto. Los
sindicatos han mostrado su intención de acudir también al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
En el ámbito doméstico, los líderes
sindicales se han reunido tanto con el presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, como con el ministro de Justicia, al que pidieron
el indulto para las personas ya condenadas.
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