Diez años de inhabilitación especial, "con privación definitiva del cargo de alcalde y de los honores que lleva anejos", es la contundente sentencia que acaba de dictar la Sección Quinta de la Audiencia Provincial contra el primer edil de Torre Pacheco, el popular Daniel García Madrid, y contra dos de sus concejales, José Saura Meroño y Santiago Meroño León, por delitos continuados de prevaricación.
La Audiencia los considera culpables de la adjudicación ilegal de decenas de 'contratos a dedo', por importe superior a los 700.000 euros, que fueron adjudicados uno tras otro al arquitecto de la empresa Pixel Francisco Cavas García, quien también ha sido condenado a cinco años y medio de inhabilitación como cómplice del delito. El quinto condenado en esa sentencia es el interventor municipal Miguel Pérez Martínez, también como cómplice, quien deberá cumplir seis años y medio de inhabilitación, con privación definitiva de ese cargo durante el tiempo de condena. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
«No he leído la sentencia, pero esta tarde me reuniré con los abogados y decidiremos el procedimiento a seguir. Respeto la sentencia y cuando tomemos una decisión, la daremos a conocer», señaló el primer edil a 'La Verdad' tras conocer el fallo, informa Lola Guardiola.
Según el texto de la sentencia, se considera probado que el alcalde de Torre Pacheco desde el año 2003 hasta la fecha y los concejales Saura y Meroño, desde 2005 y hasta 2007, "prevaliéndose" de sus cargos públicos y en el ejercicio de sus funciones, efectuaron un conjunto de adjudicaciones (26 proyectos, cuyo importe asciende a 776.522 euros) e intervinieron desde sus respectivos cargos en las mismas, de contratos consistentes en proyectos técnicos de arquitectura a la mercantil Pixel Arquitectura SL, siendo su administrador único y representante legal el arquitecto acusado Francisco Cavas, informa Europa Press.
Esas adjudicaciones se realizaron, inicialmente, de forma verbal, dejando luego constancia escrita mediante hoja de encargo profesional, y ello, sin establecer precio alguno en dichos encargos escritos o verbales, ni tramitar expediente escrito de ningún tipo, prescindiendo en todo momento de los trámites previstos.
Sostiene la sentencia que en lugar de haber convocado un concurso público, tal como se establece en la ley, para que otras empresas o arquitectos tuvieran posibilidades de participar, todos los proyectos se adjudicaron "directamente" a Cavas.
Sobre la figura de Miguel Pérez, consideran los magistrados que "en el ejercicio de dicho cargo (interventor del Ayuntamiento de Torre Pacheco) tramitaba y supervisaba dichos documentos contables, no formulando reparo o informando de que se estaban omitiendo los citados trámites esenciales en el procedimiento y cometiéndose otras infracciones, como en el llamado proyecto 'Itíneris', consistentes en facturar de modo fraccionado, lo que estaba expresamente prohibido en la citada normativa de contratación".
En los fundamentos de derecho de la sentencia se recoge que los acusados "actuaban a sabiendas", teniendo en cuenta que uno de los procesados, el alcalde, es Licenciado en Derecho y abogado, por lo que, según los magistrados, "aunque no interviniera -según dijo- en procedimientos judiciales contencioso-administrativos durante su etapa de letrado, algunos principios básicos debería recordar de su etapa universitaria".
Entre estos principios, hace referencia a "la actuación de la administración debe sujetarse a la legalidad, el de interdicción de la arbitrariedad, que existe un procedimiento administrativo y que en materia de contratación rigen los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, los cuales pertenecen al sentido común de cualquiera por poca o nula formación jurídica que se tenga".
No hay comentarios:
Publicar un comentario