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martes, 17 de diciembre de 2013

¿ DIMITIRÁ ALGUIEN POR LA MUERTE DE UNA FAMILIA POBRE EN ALCALÁ DE GUADAIRA ( SEVILLA)

 17.12.2013.



El aparato mediático del régimen viene transmitiendo desde hace años la necesidad de separar la política y sus representantes de lo que le ocurre a la gente. Así, la crisis y la pobreza no tienen responsables. Es como un espíritu maligno que se ha colado en las casas y punto. Sin embargo, es obvio que es apenas un intento de protegerse como casta dentro de un sistema corrupto que los hace posibles.

Hace unas horas en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira (gobernada por el PSOE desde 1979) han muerto tres miembros de una familia. Las primeras informaciones indican que se trata una intoxicación alimentaria por productos caducados. Es evidente que el trágico final de esta familia tiene culpables políticos y económicos directos, pero que nadie va a dimitir por ello también es seguro. Si Alcalá de Guadaira fuese un pueblo de Salamanca o Lugo, de un modo veloz (y con razón) partidos como el PSOE o coaliciones como IU hubieran dado una rueda de prensa para pedir dimisiones. Sucede que Alcalá de Guadaria gobierna desde hace décadas el PSOE, y que en la Junta de Andalucía lo hace también, en este caso coaligado con sus correligionarios de IU. Por ello, apenas le queda hacer un teatro de lo muy indignados que están por los recortes de Rajoy, incluso –y si hiciera falta- ante la vivienda de la familia escenificar la protesta.

Que haya personas muriendo de hambre no estaba en el guión de las fuerzas reformistas que se dedican en cuerpo y alma a poner parches al sistema para que siga funcionando. Más temprano que tarde será necesario que un tsunami político recorra las calles buscando a los culpables de la barbarie capitalista. La familia como la que hoy entierran en Alcalá de Guadaira ya no podrá participar.

EDITORIAL INSURGENTE





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La familia de la que tres de sus miembros murieron el pasado sábado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), probablemente intoxicados por ingerir comida en mal estado, había solicitado en octubre una ayuda, el salario social, que la Junta está tardando, según los solicitantes, entre ocho y 10 meses en conceder.
El padre, Enrique Caño, fallecido junto a su mujer y la mayor de sus hijas, presentó el pasado octubre la solicitud del salario social, el último recurso para las familias que no disponen ya de ningún ingreso. Esta ayuda se concede durante seis meses y su cuantía oscila entre 400 y 645 euros mensuales, dependiendo del número de componentes de la unidad familiar.

El retraso en la concesión de estas ayudas oscila entre los ocho y los diez meses, según los solicitantes, pero la Junta sólo reconoce una demora de unos cinco meses. El Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido más de sesenta quejas sobre este particular.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se comprometió a reducir el plazo de concesión de la ayuda a tres meses

El salario social de la Junta de Andalucía está, además, por debajo de la media del resto de comunidades, tanto en cuantía como en medidas complementarias.

elmundo

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