18 CONSTRUCTORAS EN LA LISTA DE IMPUTADOS DEL CASO BÁRCENAS

por Ter García

Jueves, 26 de Diciembre de 2013 00:31

Catorce horas de registro en la sede del Partido Popular por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y más de 5.000 folios de documentación sobre las obras del edificio encontrados que se añadirán a los 500 que en su día aportó el partido a petición del juez Ruz. 

 

 

 

Las obras del edificio de la calle Génova ha protagonizado las últimas semanas de instrucción del caso de los papeles de Bárcenas, en el que Antonio de la Fuente, cuñado del extesorero, podría ser el próximo imputado, como responsable de la ejecución de los trabajos de reforma.

Gonzalo Urquijo, arquitecto de las obras, y Cristóbal Páez, ex gerente del partido, han sido los dos últimos imputados en declarar en la Audiencia Nacional y, como era previsible, negaron estar al corriente de los supuestos pagos en negro por las obras en Génova. Urquijo está acusado de falsedad documental y delito fiscal por recibir, supuestamente, 888.000 euros como parte del pago por la reforma de la sede del PP en Madrid, unos trabajos que duraron desde 2005 hasta 2011, y que se mantienen como una de las líneas de investigación abiertas, junto a la contrata de los servicios de recogida de basuras en Toledo a Sufi (Sacyr), las deudas del PP de Pontevedra y el pago de la sede del partido en La Rioja. Por su parte, Páez, aunque echó balones fuera en cuanto al pago de las obras, sí admitió, como ya lo había hecho en agosto, haber recibido hasta 6.000 euros de sobresueldos “en negro”.

La causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ya suma 24 imputados, después de que, el 5 de diciembre, el juez Pablo Ruz aceptara parcialmente la ampliación de la querella propuesta por la acusación popular que forman Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida, la asociación Justicia y Sociedad, y la Federación Los Verdes. Diez nuevos nombres, todos relacionados con empresas de construcción, engrosan la lista de imputados en la causa. Entre ellos, José Antonio Romero Polo, administrador del grupo Romero Polo; Cecilio Sánchez, directivo de FCC; o Vicente Cotino, administrador de Sedesa, empresa que ha recibido del Consell valenciano contratos por 830 millones de euros, según muestran los contratos aportados al sumario por los socialistas valencianos. Se trata del sobrino de Juan Cotino, presidente de las Corts Valencianes, quien también ha sido citado a declarar como testigo por Ruz.

Álvarez-Cascos sigue fuera

Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento durante la mayor parte del periodo en el que se dieron los supuestos pagos a miembros del partido y contratas a empresas donantes denunciados por las querellas populares, sigue fuera de la lista de imputados ya que, según argumenta el magistrado, los hechos de los que se le acusa habrían prescrito o no constituirían infracción penal. “Al ser aforado, es positivo que no esté aún imputado”, afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. La imputación de Álvarez-Cascos, parlamentario asturiano y, por tanto, aforado, supondría que la causa fuera trasladada al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia, en este caso, de Asturias, lo que conllevaría nuevas complicaciones en una causa ya de por sí extensa. “Lo importante es que se siguen haciendo periciales y practicando diligencias, y se van amarrando asuntos. La instrucción sigue adelante a pesar de los agoreros”, subraya Segura.

En la misma línea se expresa el letrado Gonzalo Boyé, del Observatori Desc, colectivo que impulsa otra de las querellas populares en la causa por los papeles del ex tesorero del Partido Popular. “Hay bastantes recursos pendientes en la sala de lo penal, y eso va a determinar el curso a seguir”, afirma el abogado, que cifra en más de veinte los recursos sobre los que el juez tiene pendiente pronunciarse

. Entre ellos, diligencias para conocer los viajes del ex tesorero y su familia entre los años 2002 y 2013 y actividades económicas de los mismos en Argentina, país donde también se ha presentado una denuncia contra Bárcenas y el que fuera tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís por blanqueo de capitales. Ruz también debe decidir si  se investiga la totalidad de los archivos grabados en la dispositivo de memoria presentado a la Audiencia Nacional por el propio Bárcenas, así como intervenir el tráfico de llamadas de tres números de teléfono a nombre del mismo; o la petición de las plicas presentadas para la adjudicación del contrato de las obras de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. “Demasiadas cosas pendientes”, según señala Gonzalo Boyé, como para poder hacer conjeturas sobre el camino que tomará la investigación del caso.