domingo, 10 de noviembre de 2013
Aumentan los niños cuya
“única comida al día que hacen en condiciones” es cuando almuerzan en su
colegio, alerta la Confederación Galega de Anpas de centros públicos.
Pero el nuevo decreto de
la Consellería de Educación que regula los comedores escolares impone
condiciones, requisitos y precios “insostenibles” que han disparado,
desde el inicio del curso en septiembre, el número de “situaciones
graves e incluso peligrosas” para los menores, denuncian las Anpas. Hay
niños que directamente se ven abocados a saltarse el almuerzo. “El
desbarajuste, la desigualdad entre los pequeños en función de si sus
padres pueden o no pagar el comedor, es total”, denuncia Elena Gómez,
presidenta de la Confederación de Anpas. Las asociaciones de padres ya
están organizando protestas, “hartos de no ser oídos y ni siquiera ser
recibidos”.
Están apareciendo cada
día más casos de pequeños de zonas rurales o de villas medianas que, al
no poder sus familias asumir el coste de los almuerzos, no prueban
alimento hasta media tarde, como muy pronto. Los autobuses escolares
tienen orden de no moverse para devolver a los alumnos a sus domicilios
hasta que termine el turno de comedor. Los que no comen en su colegio, y
no tengan un padre, vecino o familiar que pueda ir a buscarlos al
terminar las clases, a las dos de la tarde, se ven obligados a esperar,
sin probar bocado, una hora en el centro más el tiempo del trayecto en
bus, que puede llegar a ser de media hora o más en núcleos rurales.
Ningún centro de A Coruña, subraya Gómez, acepta que vayan con tupper
porque no hay quien controle ni gestione que cada alumno se lleve de
casa su comida. Y tampoco hay medios para calentarla. “Galicia no es
Canarias, y en invierno no se puede darles solo bocatas o comida fría”,
destaca un miembro de la Federación coruñesa de Anpas.
El otro día, en un
colegio de Bergondo, pillaron a dos alumnos de la ESO comiendo sus
bocadillos a escondidas, mientras esperaban por sus compañeros con plato
caliente y pagado en el comedor. “Hablamos con las familias, y lo
resolvimos”, afirman las Anpas. Pero son situaciones que se van
repitiendo cada vez más. Y no todos los centros, como algunos de A
Coruña, tomaron la decisión de dar almuerzos gratuitos a alumnos cuyos
padres no pueden pagar.
Otra flagrante
desigualdad que está llevando a vaciar comedores escolares: Educación
cobra el servicio diario —entre 4,5 y 2,5 euros— en función de los
ingresos que los padres tenían el año pasado. La Consellería de
Educación, pese a que aseguró que iba a corregir ese aspecto en la
norma, no tiene en cuenta la situación actual de las familias. Que pudo
variar, y mucho, dadas las tasas de desempleo. Carmen Fernández se quedó
en el paro en noviembre de 2012 por un ERE en su empresa. En septiembre
pasado, y llevando ya diez meses sin trabajo, empezó a ir a Infantil,
en un colegio público de Val do Dubra, su pequeño de tres años. Le
impusieron, en función de su declaración de la renta de 2012, cuando
tenía su empleo, la máxima tarifa por el comedor: 4,5 euros por día.
Carmen acudió al centro para que actualizaran sus datos, pero no hubo
manera. La aplicación informática ideada por la consellería no permite
esa opción de cambiar lo que cobraba antes de escolarizar a su hijo por
su situación real de desempleada.
Para cuantificar todas
estas situaciones y tener datos reales de los niños que no comen o comen
mal por culpa de la nueva norma, las federaciones provinciales de Anpas
están recabando encuestas en todos los centros. Permitirán tener una
radiografía completa de las desigualdades crecientes e incluso
alarmantes entre niños con padres que pueden pagar el comedor y los que
no tienen esa opción. En Boiro está convocada mañana una protesta de
toda la provincia coruñesa. El medio rural, ya fuertemente afectado por
la supresión de las escuelas unitarias, se ve de nuevo más perjudicado
que en las ciudades, “donde sí se concilia al gestionar las Anpas de
forma directa los comedores”, destaca Elena Gómez. A finales de mes, con
los resultados de esas encuestas, presentarán un recurso. Y anuncian
movilizaciones contra un decreto que la consellería se niega a discutir:
“Tenemos propuestas que hacerle, pero ni siquiera nos reciben”.
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