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El Gobierno pretende criminalizar a los enfermos mentales: “Entrarán en prisión aunque no cometan delitos”
El anteproyecto de ley para la reforma del Código Penal posibilitará que personas con enfermedades mentales puedan ir a la cárcel no en función de los delitos cometidos sino por su condición de “peligrosidad”
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Sufrir una enfermedad mental no significa
ser un delincuente peligroso. Así lo afirma José María Sánchez Monge,
presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). “El tratamiento que se da en el
nuevo Código Penal a las personas que sufren un trastorno mental grave
es inapropiado por que no tiene ningún rigor científico y no se acomoda a
las necesidades que tienen estas personas, no tiene nada que ver con
ellos”, asegura.
Desde hace semanas, FEAFES lleva
batallando para que el Gobierno modifique esta reforma introducida en el
anteproyecto de ley del Código Penal. La Confederación se ha reunido
prácticamente con todos los Grupos Parlamentarios que les han dado la
razón, incluido el PP, y confían en que esta modificación no salga
finalmente adelante en trámite parlamentario.
Sánchez Monge pone el acento en la
necesidad de reforzar la atención socio-sanitaria de estos enfermos con
el objetivo de prevenir posibles actos delictivos. Tal y como explica,
“hay personas con psicopatías que realizan actos intencionadamente, pero
las que tienen un trastorno mental grave sufren crisis en un momento
determinado –por causa de un brote psicótico, alucinaciones o delirios-,
de tal forma que, cuando comenten un acto que puede ser delito es
porque no han sido tratados adecuadamente, no ha habido una continuidad
de cuidados”.
Algunos diputados como Joan Coscubiela
(ICV) se han hecho eco de estas denuncias. En un artículo publicado en
nuevatribuna.es, el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso,
afirma que la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón posibilitará “la condena
a las personas con enfermedades mentales severas a sufrir procesos de
internamiento, no en función de los delitos cometidos, sino de los
riesgos de futuro que pueda comportar su actuación”.
Hasta este momento, los enfermos mentales
eran “inimputables” porque no son conscientes de sus actos. Pues bien, a
partir de ahora la norma también se aplicará a ellos. “Las personas que
tienen trastornos mentales graves deben ser inimputables, es decir,
realizan el acto inintencionadamente, no lleva ninguna carga de maldad,
no son conscientes de lo que hacen. La psicopatía estudia a aquellas
personas que realizan los actos intencionadamente y eso no tiene nada
que ver con nosotros”, subraya Sánchez Monge. Eso no quita el reconocer
que “en algún momento determinado, alguna persona que tiene una
enfermedad mental, si no está tratado adecuadamente, puede tener un
riesgo, cometer actos que non son apropiados”, añade.
En el Código Penal todavía en vigor se
hace alusión a este asunto pero no se generaliza, se habla de que esas
personas pueden presentar algún tipo de peligrosidad. Con la reforma del
PP lo que se establece es que una persona con trastorno mental grave,
“es una persona peligrosa” a la que se le puede aplicar una condena por
un delito. El problema además se agrava a la hora de revisar la condena
de ese enfermo: “Cómo, cuándo, dónde y quién lo va a hacer, con qué
elementos y con qué herramientas, porque ya solo por el concepto de
peligrosidad, esas personas siempre serán peligrosas, siempre van a
tener ese problema. Es decir que la persona enferma no cumplirá la pena
por el hecho de cometer el delito sino por su condición de
peligrosidad”, dice Sánchez Monge.
Esto puede provocar situaciones como las
que explica el presidente de FEAFES. Por ejemplo, si un enfermo mental
no está atendido suficientemente y sufre una crisis, probablemente
acudirá la policía no el personal sanitario adecuado. Si el agente de
policía sufre una agresión y lo denuncia se tratará de un delito contra
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, penado con 3 años de
cárcel. Y todo porque no se ha hecho adecuadamente su traslado a
urgencias de un hospital, porque no se ha hecho un servicio correcto en
el acto socio-sanitario.
En España, hay más de un millón de
personas con trastornos mentales graves. De ellos, 18.000 están
ingresados en prisión, de un total de 67.000 presos. Esas personas
–denuncia Sánchez Monge- “suelen estar en las enfermerías de las
cárceles con poca atención y tratamiento”.
FEAFES quiere concienciar a los poderes
públicos de la necesidad de reforzar la atención socio-sanitaria que
además supondrá una rebaja de los costes. El ingreso de un enfermo
mental puede costar entre 4.000 y 6.000 euros al día, mientras que si la
persona está atendida adecuadamente, con tratamiento ambulatorio, el
mismo coste será de un año entero.
Sánchez Monge critica que con la reforma
se está “estigmatizando” al enfermo porque se asume como concepto
objetivo su peligrosidad. Pero –se pregunta- “¿si a esa persona ya se la
considera peligrosa toda su vida, significa que va a estar ingresado de
por vida, que su condena no va a poder ser revisable?”. Además, añade
que dicha reforma vulnera convenios internacionales sobre derechos
humanos.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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