Sábado, 23 de Noviembre de 2013 01:51
Diego Cañamero ha anunciado que el SAT recurrirá la sentencia que
condena a 7 meses de cárcel y 1200 euros de multa a cuatro militantes, e
igual multa para un quinto. Para el portavoz nacional del SAT dicha
resolución “estaba dictada de antemano, desde antes de que se celebrara
el juicio”.
Agencias
Sánchez Gordillo por su parte aseguró que la condena es “una auténtica barbaridad” que no va a evitar que tanto él como otros miembros del SAT sigan ocupando fincas sin explotar, reivindicando así la función social de la tierra.
El también dirigente del CUT-BAI ha dicho no entender “la dureza” del fallo del Alto Tribunal y ha querido dejar claro que no ha habido delitos de desobediencia ni de usurpación, y que tampoco se han realizado daños en la finca durante la ocupación.”Nadie nos entregó ningún papel en el que nos dijeran que tuviéramos que marcharnos de allí, sino que cuando llegó la Guardia Civil nos fuimos pacíficamente, sin ofrecer ningún tipo de resistencia”, ha subrayado Sánchez Gordillo.
En esta línea, ha manifestado que esta finca ha sido ocupada alrededor de 15 veces y que “jamás” se les ha imputado ningún delito ni falta por ello. “¿Por qué ahora sí? ¿Se pretende darnos un castigo ejemplar?”, se ha preguntado el dirigente de izquierdas.
El Alto Tribunal andaluz les atribuye un delito de desobediencia
grave a la autoridad y los condena, además de a la pena de cárcel e
inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo
periodo, a una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación, junto a
un quinto procesado, absolviéndolos sin embargo del delito de daños que
solicitaba para ellos la acusación particular.
Asimismo, los cinco deberán hacer frente al pago solidario de una indemnización al Ministerio de Defensa, con la responsabilidad civil subsidiaria del SAT, de 485,84 euros por los daños y perjuicios, además de otros 274,76 por los gastos de limpieza de la zona de acampada en la que permanecieron durante la ocupación.
El resto de los acusados, 49 militantes y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), fueron absueltos al no haber sido debidamente identificados como participantes en la protesta, según consta en el fallo.
Sánchez Gordillo por su parte aseguró que la condena es “una auténtica barbaridad” que no va a evitar que tanto él como otros miembros del SAT sigan ocupando fincas sin explotar, reivindicando así la función social de la tierra.
El también dirigente del CUT-BAI ha dicho no entender “la dureza” del fallo del Alto Tribunal y ha querido dejar claro que no ha habido delitos de desobediencia ni de usurpación, y que tampoco se han realizado daños en la finca durante la ocupación.”Nadie nos entregó ningún papel en el que nos dijeran que tuviéramos que marcharnos de allí, sino que cuando llegó la Guardia Civil nos fuimos pacíficamente, sin ofrecer ningún tipo de resistencia”, ha subrayado Sánchez Gordillo.
En esta línea, ha manifestado que esta finca ha sido ocupada alrededor de 15 veces y que “jamás” se les ha imputado ningún delito ni falta por ello. “¿Por qué ahora sí? ¿Se pretende darnos un castigo ejemplar?”, se ha preguntado el dirigente de izquierdas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) condenaba este pasado jueves a siete meses de prisión al
parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan
Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otras dos personas más por la
ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna
(Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército.
Asimismo, los cinco deberán hacer frente al pago solidario de una indemnización al Ministerio de Defensa, con la responsabilidad civil subsidiaria del SAT, de 485,84 euros por los daños y perjuicios, además de otros 274,76 por los gastos de limpieza de la zona de acampada en la que permanecieron durante la ocupación.
El resto de los acusados, 49 militantes y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), fueron absueltos al no haber sido debidamente identificados como participantes en la protesta, según consta en el fallo.
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