La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que Interior enviará este mismo mes al Consejo de Ministros, sancionará los escraches a cargos públicos, la quema de contenedores y las protestas no comunicadas ante instituciones como el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo.
Ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la sesión plenaria del debate de presupuestos generales del Estado, quien ha avanzado el proyecto de la ley que sustituirá a la actual, que data de 1992, con el objetivo principal de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como la protección de los agentes.
Se tipificarán mejor, ha explicado, conductas contra la seguridad pública y las fuerzas de seguridad, hasta ahora no contempladas.
Esta iniciativa del Gobierno se acomete en paralelo a la reforma del Código Penal que elimina la figura de las faltas que pasarán a ser delitos o infracciones administrativas, es decir, multas.
Así, y para evitar el "limbo jurídico", en palabras de Fernández Díaz, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana tipificará como infracciones administrativas, leves, graves o muy graves, determinadas acciones, como la quema de contenedores o los acosos -escraches- que en los últimos meses han sufrido algunos políticos.
También los organizadores que no comuniquen, tal y como recoge ya la ley del derecho de reunión y manifestación, las protestas ante instituciones del Estado, como las Cortes Generales y los altos tribunales, se enfrentarán a sanciones por una infracción muy grave que estará recogida en el nuevo texto legislativo.
Preguntado sobre si la ley endurecerá también el castigo a quienes protagonicen actos vandálicos, como la quema de contenedores que se está produciendo en la huelga de la limpieza de Madrid, el ministro se ha limitado a decir: "Va a contemplar esa realidad".
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