Hasta
hace unos años, todo ciudadano de nuestro estado tenía claro que en
caso de tener alguna necesidad estaría protegido: si estaba enfermo
podía ir al médico gratis, no necesitaba pagar las medicinas más
básicas; los hijos podían recibir una educación gratuita que le
permitiría llegar a una formación profesional sin costes o a una
universidad que podrían llegar a pagar ahorrando un poco, o si no era
así, al menos conseguiría una beca para facilitarle el camino; todo el
mundo tenía posibilidad de un techo bajo el que refugiarse, si no era
con una hipoteca que pagaría en cómodos plazos para tener la casa de sus
sueños era como mínimo una vivienda de protección oficial; tras muchos
años de dedicación si alguien no tenía posibilidad de seguir trabajando
como mínimo tendría pensiones que le permitieran subsistir ya fuera con
la prestaciones por desempleo o la misma jubilación; y por supuesto,
todos, aunque fuera en el trabajo que más detestasen, tenían una
posibilidad de ganarse el pan.
Pero poco a poco esta seguridad se ha
ido desvaneciendo como una ilusión ante nuestros ojos. La realidad, una
vez más, ha golpeado de frente y nos ha demostrado que todo aquello que
dábamos por sentado ya no existe. En este Estado, cada vez estamos menos
protegido, cada vez estamos más desamparados, solo existe una clase de
persona que en la actualidad puede estar seguro de que no le faltará
nada, aquel que todavía posee mucho dinero.
Todos estos derechos sociales básicos,
cuyo objetivo es que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, los
han ido recortando. Están consumiéndolos para destinarlo a otros
presupuestos que para ellos son más prioritarios. Vemos como recortan
cada vez más en sanidad, educación, transporte, pensiones, vivienda,
cultura, etc., pero en cambio se gastan millones de euros en rescatar
bancos, financiar el consumo, pagar a más policía, sostener guerras o
difundir las multinacionales españolas en otros países.
El dinero público surge de los bolsillos
de todos los ciudadanos, pero la realidad es que el peso de esos
ingresos cae sobre la mayoría, sobre los que, con el sudor de nuestra
frente, pagamos los impuestos tanto a la hora de comprar como a la hora
de cobrar. El estado se queda con parte de nuestro dinero,
supuestamente, para luego retribuirnos con la protección del conjunto de
la sociedad.
La realidad es que los españoles
generamos suficiente riqueza para que todas y todos tengamos nuestras
necesidades básicas cubiertas, no somos un país pobre, poseemos el
decimotercer PIB más grande del mundo, es decir, somos el número trece
en la economía global. Pero la mayoría de esa fortuna que generamos se
queda en los beneficios de los grandes banqueros y empresarios, la que
no, se la lleva el Estado. El problema es que los presupuestos
estatales los elaboran aquellos políticos que trabajan para los hombres y
mujeres de negocios, por lo tanto, ese dinero siempre va a mirar por
sus intereses, es decir, los intereses de una minoría privilegiada que
únicamente buscan el máximo beneficio para ellos.
Muchos pensarán que, si esto es así, es
un problema de gestión de presupuestos, pero no hay nada más lejos de la
realidad. El problema viene de la estructura social que se ha creado,
donde ellos lo controlan todo y nosotros nada, donde ellos están
dispuestos a expoliarnos y dejarnos morir con tal de ganar cada vez más
dinero porque si no lo hacen se convertirán en uno de nosotros y se
verían igual de desprotegido. Las consecuencias de sus acciones han sido
claras, y su intencionalidad es cada vez más patente.
Podemos empezar hablando de la
educación, el ámbito más agredido en los últimos veinte años. No solo
nos hemos enfrentado a un ataque constante de distintas leyes
que, progresivamente, han ido devaluando la calidad educativa, desde la
LOGSE hasta la actualidad; sino que la nueva ley (LOMCE), además,
profundiza en diferentes aspectos esenciales para la elitización de la
educación siguiendo el rastro dejado por el Plan Bolonia. Esta ley
segregadora pretende crear capas en la educación, primero, en base a su
riqueza, y segundo, a sus capacidades intelectuales. Los que tienen
dinero indiferentemente de sus facilidades para el estudio tendrán una
educación decente en colegios privados y concertados que se puedan
pagar, los que no, pues o tienen unas capacidades y condiciones muy
buenas o la nueva ley les fuerza a alejarse todo lo posible de una
carrera universitaria. Si a esto le sumamos la subida impagable de tasas
universitarias, la reducción de becas y la dedicación plena que impide
combinar estudio y trabajo, cada vez menos personas del pueblo podrán
acceder a una educación superior, quedándose únicamente para unos
privilegiados, es decir, únicamente aquellos que ya tienen dinero,
podrán acceder a trabajos muy cualificados, mientras que los demás,
aquellos que hemos nacido pobres, tendremos que conformarnos con lo que
nos toque, con suerte ahorrar para poder estudiar una FP que nos permita
hacer un trabajo más cualificado, o en su defecto irnos a la cola del
paro con catorce o dieciséis años sin ningún tipo de garantía.
Realmente existen medios para que todos
los estudiantes que así lo deseen vayan a la universidad, hay aulas, hay
profesores, hay residencias, hay bibliotecas, hay laboratorios y hay
dinero. Es obvio que una sociedad donde haya un nivel más alto de
educación, es una sociedad donde todos viviremos mejor. Pero en estos
tiempos, es mucho mejor para esa minoría que los conocimientos y la
riqueza queden para ellos, para que aquellos que menos tenemos podamos
seguir siendo su mano de obra barata y dominada . Si reducir el
presupuesto de la educación pública dejando colegios e institutos sin
medios, si alejar a la población de la educación lastra la sociedad
llevando a miles de personas a la pobreza y la marginación, les da
igual, ellos siguen teniendo beneficios.
Con la sanidad sucede algo muy parecido,
desde hace unos diez años ha empezado un proceso de privatización. A
nivel práctico esto se traduce en dejar la gestión de los centros
públicos en manos privadas y reducir el personal de clínicas y
hospitales. El problema surge de que una gestión privada busca el lucro y
no la asistencia, un hospital privado va a mirar más por lo que puede
ahorrar para rentabilizar el dinero que le da el Estado que en atender a
los pacientes con los mejores medios. Si puede ahorrarse en personal,
recursos y tiempo de tratamiento, lo hará, al fin y al cabo no está ahí
para cubrir una necesidad de todos, está ahí para ganar dinero.
Obviamente una vez más, esto a ellos no les afecta, ellos van a sus
médicos privados que les tratan de lujo, pero aquellos que no tenemos
para ostentaciones, debemos conformarnos con los esfuerzos de esos
trabajadores sanitarios de la gestión privada que con sus pocos recursos
y con mucho suerte nos harán estar lejos del hospital un tiempo.
Pero sin lugar a dudas quienes peor lo
pasan son los ancianos, aquellos que más lo necesitan, ellos han
cotizado durante años para tener una jubilación lo más cómoda posible,
pero en lugar de eso, no solo no pueden disfrutar de una atención
decente, sino que ahora les obligan a pagar parte de los medicamentos.
Por si fuera poco le congelan las pensiones mientras el coste de vida
continua subiendo. ¿Qué sucede con todo ese dinero que han dado al
Estado? ¿Cómo se les retribuye? Siendo los peor tratados, a pesar de
ser sin lugar a dudas los que más deberíamos cuidar.
Pero
el peor drama que estamos viviendo son los desahucios. Miles de
personas engañadas para hipotecarse se encuentran ahora sin poder pagar
la deuda a causa de la crisis. Esto tiene como consecuencia, que el
banco le quite la casa y además le mantenga gran parte de la deuda. Es
decir le deja sin hogar y continua apretando el cuello para extraerle
todo el jugo. Pero hay una ironía en todo esto, hay miles de casa vacías
en España, espacios que nadie aprovecha, pero en cambio estas personas
se quedan en la calle. El Estado no solo les obliga a pagar la deuda al
banco sino que además no le asegura ningún tipo de vivienda cuando al
igual que otros derechos sociales, el derecho a una vivienda digna está
incluso reconocido en la constitución. Esas casas vacías, fruto de la
especulación que ha sido el último desencadenante de esta crisis,
podrían dejárselas de forma gratuita, pero los bancos quieren recuperar
parte del dinero que perdieron cuando consiguieron reventar la burbuja
inmobiliario, y las empresas que tiene esas casas terminadas y vacías,
prefieren tenerlas en stock de cara a venderlas en un futuro. Vamos,
prefieren dejar a familias sin hogar, que perder su margen de beneficio,
al fin y al cabo, la ley está de su parte.
Si a todo esto le sumamos la situación
laboral con millones de parados; las pequeñas empresas y autónomos que
se arruinan o malviven al rebajar los precios; los trabajadores
precarios sin ningún tipo de seguridad; o los despidos masivos
justificados únicamente en que las grandes empresas creen que no ganar
más que antes es ganar poco; nos damos cuenta que ya no hay seguridad,
que la mayoría ni siquiera tenemos un mínimo de dinero que nos dé una
forma de vida digna y muchos menos podamos pagarnos aquellas cuestiones
que para los que mandan son caprichos de la plebe pero para cualquier
sociedad son esenciales para desarrollarse: la cultura y el ocio. Cada
vez se reduce más el ámbito de la vida pública que nos permite
desarrollarnos intelectual y socialmente, sus precios se ven desbordado,
y los impuestos los suben cada vez más. Una vez más, en lugar de
financiar aquello que nos hace avanzar como sociedad, nos impiden
acceder a ello.
¿Hacia dónde nos encaminan?
Desde que empezó la crisis han tenido la
excusa necesaria para seguir avanzando en este modelo de sociedad mucho
más rentable para el mundo empresarial. Atrás queda el lastre del
estado de Bienestar que, con el objetivo de mantenerse estables en la
Guerra Fría, reducía su margen de beneficio.
Las leyes de educación han ido
demostrando ir cada vez a peor y las próximas serán cada vez más caras,
si queremos tener una educación decente, nos obligarán a pagar más:
material escolar, actividades extraescolares e incluso asignaturas
esenciales, las tasas para estudios avanzados seguirán creciendo y la
calidad de la educación, destinada objetivamente a la rentabilidad
económica, irá reduciéndose cada vez más aumentando la cantidad de
técnicos y reduciendo el número de intelectuales.
Lo más probable es que el modelo mixto
de concertada, igual que se ha fomentado en la educación, crezca en la
sanidad, al fin y al cabo es lo que más rentable le sale a las empresas,
reducen gastos y se llevan enormes beneficios proveniente del Estado.
De cara a unos años la mayoría de los hospitales serán de gestión
privada y nos veremos obligados a sufrir los mismos defectos que tenía
hasta ahora la seguridad social pero además con un peor servicio.
Seguirá enfermando y muriendo gente por la negligencia de estos
gestores.
Dentro
de poco tendremos una fuerte reforma de las pensiones, la tendencia que
ha marcado la Unión Europea está cada vez más clara, ir acabando con la
jubilación pagada por el Estado y empezar a trabajar en los planes de
pensiones privados, de bancos y aseguradoras. El objetivo es que vayamos
pagando nuestra jubilación e incluso nuestro paro en base a una
cantidad de dinero que nos extraigan mensualmente para entidades
privadas que luego podrán usar ese dinero para jugar en inversiones, que
como en el caso de Bankia puede suponer un dinero que finalmente no se
invierta en nosotros o que si la entidad cierra, nos deje sin nada. El
resto de pensiones irán enfocadas en esa misma dirección de tal manera
que poco a poco la seguridad social vaya desapareciendo.
En cuanto a la vivienda su intención es
la misma, no solo quitándole su casa a la gente, sino obligándoles a
pagar, aunque esto no termina de salir rentable a los banqueros, pues en
realidad es dinero que puede ser que no consigan. El objetivo es que la
persona devuelva la deuda completa sin tener en cuenta que se estimó en
un momento de especulación y burbuja, es muy posible que, debido a la
fuerte movilización liderada por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, haya concesiones como aplazamientos del pago con una subida de
intereses o el rescate de viviendas por el Estado que les de dinero
público en lugar de privado, pero la clave de sus acciones no variará.
Finalmente es obvio que esta situación
de inseguridad laboral se mantendrá después de la crisis; los actuales
modelos de contrato, la presión del gran comercio sobre el pequeño, irán
llevándonos a las filas del paro y a tener cada vez menos dinero. La
Unión Europea presiona para aumentar la flexibilidad laboral y en dar
prioridad a las “competitivas” grandes multinacionales a costa del
pequeño propietario y el autónomo. Por lo que cada vez tendremos que
esforzarnos más para conseguir tener una mínima calidad de vida. Por
descontado, podemos dar por supuesto que si no tenemos para comer mucho
menos tendremos para cultura, deporte y ocio.
¿Qué proponemos ante esta situación?
No se puede tolerar la situación a la
que nos encaminan. Nuestra sociedad no puede aguantar la depauperización
del conjunto de la población que, a largo plazo, incluso irá en contra
de sus intereses, ya que no podremos consumir ni pagaremos impuestos,
teniendo como consecuencia un crecimiento de la marginación y una
agudización de próximas crisis. ¿Qué pasará cuando no podamos pagar los
medicamentos? ¿O cuando los niños tengan que dejar los estudios a los
catorce años? ¿Y si no tenemos un lugar donde vivir? El coste social
será enorme.
Por lo tanto, establecemos unas
condiciones sin las cuales ninguna sociedad puede seguir avanzando.
Reducción de los presupuestos destinados a la represión de los
ciudadanos y a las guerras imperialistas, eliminación del dinero gastado
en la promoción de multinacionales en el extranjero. Desaparición
inmediata del IVA, aumento de los impuestos a las grandes fortunas, a
las transacciones financieras y a los artículo de lujo. De tal manera
que pueda haber una inversión mucho mayor en los derechos del conjunto
de la sociedad.
Para
el desarrollo de nuestra sociedad es imprescindible una educación
completamente gratuita en todas las etapas de aprendizaje desde
preescolar hasta la universidad. Es necesario que el conjunto de la
sociedad se asegure de que todo el mundo tenga derecho a estudiar hasta
alcanzar un título superior, para ello es necesario un control
democrático de todos los centros de estudios, debiéndose aprobar toda
reforma educativa a través del debate colectivo y aprobación democrática
de toda la sociedad mientras que los planes de estudios deberán se
adaptados por la comunidad educativa incluyendo a profesores, madres,
padres y alumnos. Los planes de estudios deben ser escogidos mirando por
el beneficio de la mayoría de la sociedad, no para el beneficio
económico de nadie.
Todo tratamiento sanitario y todo
medicamento debe ser gratuito. La sanidad es cara, pero la riqueza de
todo el país es capaz de mantener sano a la mayoría de la sociedad.
Deberá ser una sanidad enfocada a la prevención más que a la curación,
una sanidad donde las inversiones de tiempo y dinero aseguren la mayor
salud y longevidad a las personas. Como mínimo habrá un médico por cada
ciento cincuenta personas con el respectivo personal sanitario y el
suficiente equipamiento. Para asegurar el desarrollo de la medicina,
todos los hospitales, la industria farmacéutica y de tecnología médica
se gestionará desde el Estado al ser considera un sector estratégico
para la sociedad. El control de todos los centros relacionados con la
sanidad serán gestionado por los trabajadores como mayores expertos en
el tema, tomando las decisiones democráticamente y apoyándose en un
consejo consultor de ciudadanos.
Inmediatamente se condonará todo la
deuda hipotecaria a todos aquellos que hayan pagado el coste que tuvo
construir la casa y no el coste por la que se vendió. En el caso de que
todavía le quede por pagar, si no es capaz de mantenerla, la casa debe
ser adquirida por el estado pagando la diferencia que quede hasta este
punto y encargándose de mantener un alquiler social a los propietarios
para que puedan seguir conservando su hogar. Todas las propiedades en
manos de los bancos también deben ser adquirida a razón del mismo precio
y convertidas en viviendas públicas con un alquiler social, entendiendo
este como un pago mensual que rentabilice el coste de la casa para el
Estado, teniendo en cuenta las condiciones individuales de cada
personas y siendo flexible en los pagos según las necesidades.
El estado será encargado de desarrollar
empleo público a través de la nacionalización de toda empresa y banco
que se declare en quiebra y el desarrollo estatal de la industria. Las
nuevas empresas pasarán a tener una gestión democrática de los
trabajadores quienes tomaran todas las decisiones respecto a su
desarrollo. Los beneficios de este tejido empresarial pasarán a servir a
la necesidad de la sanidad, la educación, la vivienda. Con ellos se
desarrollará un sistema de transporte público eficaz y gratuito, de tal
manera que podamos acceder a cualquier lugar sin problema. Así mismo se
promocionará la cultura, el deporte y el ocio sano fundamentado en el
desarrollo físico, intelectual y social de las personas.
Obviamente todas estas medidas chocarán
directamente con la forma que tiene el capitalismo y los capitalistas de
actuar, pero de ahí la necesidad de un control verdaderamente
democrático, desde la base, de la economía y de la política, que asegure
que ninguno de los que se están aprovechando de nosotros pueda volver a
hacerlo. Este cambio en la sociedad es la única manera de sentirnos
protegido, que el conjunto de la sociedad controle la economía y la
política, sin ello, siempre estaremos desamparados.
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