25.10.2013.
El Congreso ha rechazado este miércoles, con los únicos votos del PP, una proposición no de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la que se instaba al Gobierno a eliminar todos los símbolos franquistas que sigue habiendo en edificios propiedad de la Administración General del Estado, empezando por los que aún quedan en complejos adscritos al Ministerio de Defensa.
Además, la proposición no de ley urgía al Ejecutivo a completar, en colaboración con comunidades y ayuntamientos, el catálogo de símbolos de estas características a los efectos de acelerar su retirada, así como a publicar los criterios establecidos por la Comisión técnica de expertos que ha de pronunciarse sobre esta medida en cada uno de los casos.
Durante la defensa de su iniciativa, Joan Josep Nuet ha denunciado que, casi seis años después de la aprobación de la Ley de Memoria, el Gobierno continúa incumpliendo varios de sus puntos y no sólo el relativo a la retirada de símbolos de la dictadura. Así, ha denunciado el cierre de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la congelación de las subvenciones a las asociaciones de memoria histórica.
En la misma línea, la socialista Susana Sumelzo ha cargado contra el Gobierno acusándole de haber "derogado de facto" la Ley de Memoria. "Ha optado por no hacer nada y, utilizando la excusa de la crisis económica, está aplicando una política sectaria y ostentosamente ideológica en este tema", ha denunciado.
Asimismo, ha destacado que el Gobierno "sí ha encontrado dinero" para la restauración de las fachada de la basílica del Valle de los Caídos, desoyendo el artículo de la citada norma que insta a hacer de ese complejo un centro de la memoria histórica.
También ha avalado la propuesta la portavoz de UPyD, Irene Lozano, para quien "una democracia no puede ni debe honrar jamás a una dictadura". Y lo mismo ha hecho el diputado de CiU, Feliu Guillaumes, quien considera "curioso" que el Congreso tenga que debatir una iniciativa para instar al Gobierno a cumplir una ley y ha denunciado "la complacencia del Estado con el franquismo".
Frente a todas estas críticas, la diputada 'popular' Belén Hoyos ha justificado su voto en contra de la iniciativa alegando que el Gobierno cumple escrupulosamente la ley y que el Ministerio de Defensa ya dio por finalizada la retirada de estos símbolos en octubre de 2010.
Así, ha explicado que los vestigios que fueron retirados están ahora en almacenes de los distintos ejércitos y que el Ministerio de Cultura deberá decidir si se trasladan al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
También ha defendido que el resto de ministerios hicieron inventario de los símbolos que había en sus dependencias para aplicar la ley y que, a lo largo de ese proceso, se encontraron elementos que podían "salvarse" porque se daban las razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas previstas en la norma o porque se trataba de recuerdos de carácter "privado". Si había dudas, ha señalado, se consultaba con los órganos competentes del Ministerio de Cultura.
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