El PP se ha quedado solo este jueves rechazando en el Pleno del Congreso una moción de CiU pactada con PSOE, Izquierda Plural, UPyD y UPN y apoyada por el resto de la oposición en la que se reclamaba tipificar como delito la apología o enaltecimiento del franquismo, junto con el fascismo, el nazismo y el totalitarismo.
La moción es consecuencia de la interpelación que el diputado de CiU, Jordi Xuclà, dirigió el pasado 25 de septiembre al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien aseguró que estas conductas ya están suficientemente tipificadas en su proyecto de reforma del Código Penal.
La moción pactada por la oposición y rechazada por el PP pretendía trabajar por una reforma del Código Penal en la que los ataques motivados por el "origen territorial" de la víctima o los que sufren las personas sin hogar por el mero hecho de serlo sean considerados agravantes de los denominados delitos de odio, así como incluir a las "asociaciones" entre las víctimas de estos delitos de odio y que éstos se cuantifiquen en las estadísticas.
Se mantiene también la pretensión inicial de CiU de instar al Gobierno a buscar un acuerdo para reformar los tipos penales de los delitos de odio de manera que, entre otras cosas, se castigue a quien vincule a formaciones políticas o instituciones democráticas con el nazismo y el fascismo.
Asimismo, y a instancias de PSOE, IU-ICV-CHA y UPyD, a la moción se añadió una reclamación para incorporar al Código Penal "la tipificación de conductas que impliquen" apología del franquismo, el fascismo, el totalitarismo o el nazismo".
A propuesta de Izquierda Plural y de UPyD se añadió una petición para que el Código Penal incluya como delito "cualquier acción, propuesta, discurso, propaganda, gesto o símbolo propio o apologético del nazismo y del delito de negación o banalización del Holocausto o de cualquier genocidio".
Por último, solicitaban que se impulsen programas específicos de formación y capacitación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en colaboración con las policías autonómicas y locales, para hacer frente de forma más eficaz a la persecución de las personas y organizaciones que fomentan, sustentan o promueven ideas o programas políticos basados en la negación de la democracia y el fomento del odio.
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