La doctrina Parot es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 (resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA)
por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios
(trabajo, estudios,...) se aplica respecto de cada una de ellas
individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en
prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años. Esta doctrina fue modificada en 2008 sólo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal.
El 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la llamada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo español en 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional, cuya aplicación retroactiva violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que instó al gobierno español a poner en libertad a Inés del Río Prada, miembro de ETA condenada a más 3.000 años de cárcel por varios atentados terroristas y que, después de 18 años de cárcel, tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973 (redención de penas de hasta 12 años por trabajo o por estudios). La sentencia podría afectar a más de 50 miembros de ETA condenados por terrorismo a los que también se les había aplicado la doctrina Parot y que recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir su puesta en libertad. La respuesta del Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, fue discrepar "severamente" de la sentencia y anunciar el recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo y que, en tanto se sustancia, no se pondría en libertad a la condenada porque existía riesgo de fuga "sin ningún género de dudas
El 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la llamada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo español en 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional, cuya aplicación retroactiva violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que instó al gobierno español a poner en libertad a Inés del Río Prada, miembro de ETA condenada a más 3.000 años de cárcel por varios atentados terroristas y que, después de 18 años de cárcel, tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973 (redención de penas de hasta 12 años por trabajo o por estudios). La sentencia podría afectar a más de 50 miembros de ETA condenados por terrorismo a los que también se les había aplicado la doctrina Parot y que recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir su puesta en libertad. La respuesta del Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, fue discrepar "severamente" de la sentencia y anunciar el recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo y que, en tanto se sustancia, no se pondría en libertad a la condenada porque existía riesgo de fuga "sin ningún género de dudas
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide mañana si abre la puerta a la excarcelación de más un centenar de etarras
Rajoy no aclara si acataría una eventual derogación de la doctrina 197/2006 por parte de Estrasburgo
El presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, no ha aclarado si en caso de que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo derogue la doctrina 197/2006 su
Ejecutivo acataría la sentencia. Ha señalado que corresponde a los
tribunales tomar una posición al respecto.
Rajoy ha respondido en el Pleno del Congreso español a una pregunta del diputado del PNV Aitor Esteban sobre si el jefe del Ejecutivo está pensando en «no acatar» la sentencia del TEDH si este deroga la denominada ‘doctrina Parot’.
En su respuesta, el líder del Gobierno español ha expresado su deseo de que Estrasburgo no invalide esta sentencia, al considerar que es «justa, correcta y necesaria» y ha sido «muy útil para luchar contra ETA».
Ha recalcado que la doctrina 197/2006 tiene el aval tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional. «Mi Gobierno y yo estamos a favor de esta interpretación y pensamos que es justa porque distingue la situación entre quien ha sido condenado por un solo delito y quien lo ha sido por 23 o 25», ha señalado.
«Es una interpretación lógica, de sentido común y muy útil para luchar contra el terrorismo y otros crímenes», ha agregado Rajoy, quien ha rechazado «especular sobre la sentencia» porque, a su juicio, «no tiene sentido hablar de futuribles».
Rajoy, por tanto, no ha aclarado si acatará o no la decisión que llegue el próximo lunes desde Europa y se ha limitado a señalar que corresponde a los tribunales tomar una posición al respecto.
«Serán los tribunales, como autores de esa doctrina los que tendrán que dar el cauce adecuado a las resoluciones» que dicte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que el Gobierno español adoptará «aquellas posiciones que corresponda a la luz de la normativa aplicable y el interés general, respetando el ordenamiento jurídico y los convenios internacionales sucritos por España».
«Ingeniería juríridica»
Por su parte, el diputado del PNV ha recordado que el pasado marzo el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que si la sentencia era contraria al Gobierno se aplicaría «ingeniería jurídica», por lo que «se puso la venda antes que la herida», lo que extrañó a Esteban por cuanto está «acostumbrado» a oír al Gobierno que acatará siempre los fallos.
Tras subrayar que el TEDH está formado por jueces «más que competentes», el diputado jeltzale ha asegurado que la Audiencia Nacional española «se ha puesto ya en la nueva situación» al liberar al preso basauritarra Kepa Markez sin aplicarle la doctrina.
De todos modos, Esteban cree que la citada doctrina es «contraria» a la Constitución española porque aplica de modo retroactivo una norma posterior a la ley por la que los presos fueron juzgados y condenados.
Además de pedir a Rajoy que cumpla la sentencia del TEDH, sea la que sea, el diputado ha aprovechado su intervención para exigir al jefe del Ejecutivo que «haga algo para favorecer la distensión» tras la nueva situación creada tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA.
Para Esteban, el presidente del Gobierno español ha optado por «no hacer absolutamente nada», por lo que ha solicitado a Rajoy que atienda las sugerencias de Lakua y de su lehendakari, Iñigo Urkullu, y les dé una respuesta en lugar de permanecer «inmóvil una y otra vez ante un nuevo tiempo».
No obstante, en su turno de réplica, Rajoy no ha constestado a este emplazamiento y se ha limitado a reiterar su postura favorable a la doctrina 197/2006.
Serán los tribunales quienes tengan que dar el cauce adecuado a las resoluciones que dicte el TEDH, mientras que el Gobierno adoptará las decisiones que correspondan «a la luz de la normativa aplicable y el interés general, respetando el ordenamiento jurídico y los convenios internacionales suscritos por España», ha concluido
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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