La alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, y sus dos antecesores,
Juan Morales y José Martínez Andreo –los tres ganaron las elecciones
bajo las siglas del PP– han sido imputados en un nuevo procedimiento
judicial, abierto en el juzgado de instrucción número 2 de Totana, para
responder de un presunto delito de apropiación indebida del que les
acusa el dueño de Inmonuar S. L. Manuel Núñez Arias, el empresario
gallego condenado en el caso Tótem por pagar una comisión ilegal a Juan
Morales para la recalificación de unos terrenos en la pedanía totanera
de Raiguero.
El magistrado-juez Valeriano Sánchez Horcas-Ballesteros ha fijado para el próximo día 10 de octubre la fecha de la comparecencia de la alcaldesa. Un día antes será el turno de José Martínez Andreo, quien fue alcalde entre 2007 y 2011. Juan Morales, quien se encuentra en la prisión de Campos del Río por su condena por cohecho en el caso Tótem, está citado para el 16 de octubre. También han sido imputados en la causa la secretaria municipal, Laura Bastida, quien declarará el día 9, y el interventor, José Antonio Andreo Moreno, quien comparecerá ante el juez el próximo 10 de octubre.
El empresario Manuel Núñez Arias abre así la vía judicial para reclamar el dinero que adelantó al ayuntamiento de Totana (alrededor de 2,5 millones de euros) en el año 2006, cuando suscribió con el entonces alcalde, Juan Morales, un convenio urbanístico que permitiría la recalificación de unos terrenos rústicos en la pedanía de El Raiguero, en los que se construiría una urbanización con 3.000 viviendas y campos de golf.
Meses después se desarrollaría la Operación Tótem, en la que la Guardia Civil detuvo, entre otros, al propio Núñez Arias, e imputó a Juan Morales, a los que acusó de pactar el cobro de una comisión ilegal de tres millones para llevar a cabo la actuación urbanística.
El convenio, por tanto, se vio truncado, primero por la Comunidad Autónoma, que dejó en suspenso los acuerdos urbanísticos investigados por la Justicia cuando dio la aprobación definitiva al Plan General de Totana. Finalmente, el convenio quedó anulado por el TSJ cuando dictó la sentencia del caso Tótem, por la que Manuel Núñez y Juan Morales fueron condenados.
A partir de aquí, y ante la imposibilidad de desarrollar actuación urbanística alguna tras quedar el convenio anulado por el TSJ, Núñez emprendió la batalla para recuperar el dinero, que según él asciende ya a más de cinco millones de euros con los intereses de demora.
En su querella, el empresario acusa al Ayuntamiento –en una difícil situación económica que le llevó a presentar un ERE que afectó a 35 empleados municipales– de gastarse el dinero de manera indebida, ya que los fondos tenían que haberse destinado a fines sociales y, según él, se emplearon en gasto corriente. Núñez señaló que está dispuesto a llegar hasta el final para recuperar el dinero y no descarta implicar a más gente en el caso.
laopiniondemurcia
El magistrado-juez Valeriano Sánchez Horcas-Ballesteros ha fijado para el próximo día 10 de octubre la fecha de la comparecencia de la alcaldesa. Un día antes será el turno de José Martínez Andreo, quien fue alcalde entre 2007 y 2011. Juan Morales, quien se encuentra en la prisión de Campos del Río por su condena por cohecho en el caso Tótem, está citado para el 16 de octubre. También han sido imputados en la causa la secretaria municipal, Laura Bastida, quien declarará el día 9, y el interventor, José Antonio Andreo Moreno, quien comparecerá ante el juez el próximo 10 de octubre.
El empresario Manuel Núñez Arias abre así la vía judicial para reclamar el dinero que adelantó al ayuntamiento de Totana (alrededor de 2,5 millones de euros) en el año 2006, cuando suscribió con el entonces alcalde, Juan Morales, un convenio urbanístico que permitiría la recalificación de unos terrenos rústicos en la pedanía de El Raiguero, en los que se construiría una urbanización con 3.000 viviendas y campos de golf.
Meses después se desarrollaría la Operación Tótem, en la que la Guardia Civil detuvo, entre otros, al propio Núñez Arias, e imputó a Juan Morales, a los que acusó de pactar el cobro de una comisión ilegal de tres millones para llevar a cabo la actuación urbanística.
El convenio, por tanto, se vio truncado, primero por la Comunidad Autónoma, que dejó en suspenso los acuerdos urbanísticos investigados por la Justicia cuando dio la aprobación definitiva al Plan General de Totana. Finalmente, el convenio quedó anulado por el TSJ cuando dictó la sentencia del caso Tótem, por la que Manuel Núñez y Juan Morales fueron condenados.
A partir de aquí, y ante la imposibilidad de desarrollar actuación urbanística alguna tras quedar el convenio anulado por el TSJ, Núñez emprendió la batalla para recuperar el dinero, que según él asciende ya a más de cinco millones de euros con los intereses de demora.
En su querella, el empresario acusa al Ayuntamiento –en una difícil situación económica que le llevó a presentar un ERE que afectó a 35 empleados municipales– de gastarse el dinero de manera indebida, ya que los fondos tenían que haberse destinado a fines sociales y, según él, se emplearon en gasto corriente. Núñez señaló que está dispuesto a llegar hasta el final para recuperar el dinero y no descarta implicar a más gente en el caso.
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