Diego Sanz Paratcha
El auto del juzgado número 4 de lo contencioso administrativo,
que paralizó el martes 3 de forma cautelar la privatización de la parte
sanitaria de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, ya está
teniendo efectos en el proceso de traspaso de las plantillas afectadas
(en total cerca de 5.200 profesionales), según confirman a DIAGONAL
fuentes de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid) y de la asociación de médicos AMYTS.
La consejería de Sanidad del Gobierno
autonómico del PP, encabezada por Javier Lasquetty, todavía no ha
emitido declaraciones pero se da por descontado que recurrirá la
sentencia mucho antes de que termine el plazo de 15 días. Por ese lado,
fuentes consultadas por DIAGONAL indican que “en principio” la paralización durará lo que tarde en dictar sentencia firme el mismo tribunal,
en un proceso que puede llevar “meses”. Entre medias, una nueva
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a
instancias de AMYTS prevista para esta primera quincena de septiembre y
de fondo, la batalla sobre la legitimidad planteada por el Gobierno de
Ignacio González.
Según fuentes de CAS, las entrevistas de las
empresas concesionarias en los hospitales de Coslada y Vallecas
(Sanitas y Ribera Salud, respectivamente) ya han sido anuladas, “y es
previsible que se haya hecho lo mismo en los otros cuatro centros”.
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS (Asociación de Médicos y
Titulados Superiores) ha declarado a DIAGONAL que el punto
relativo al movimiento de personal provocado por la entrada inminente de
las concesionarias privadas en la parte sanitaria ha sido retirado
de la reunión de la mesa sectorial prevista para el miércoles 4. La
mesa sectorial reúne al Gobierno regional con los sindicatos y
asociaciones de la sanidad.
Los plazos ya estaban apurados tras la
primera paralización cautelar dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid a finales de junio.
El plan inicial del consejero Lasquetty
era que el 1 de septiembre ya estuviera todo el proceso finalizado, con
las tres empresas concesionarias (HIMA SAN Pablo, Sanitas y Ribera
Salud) ya al frente de la gestión. Más tarde, el 21 de agosto Sanidad
daba hasta el 19 de septiembre y hasta el 11 de octubre respectivamente
al personal interino y al personal fijo para decidir si continuaba
con las concesionarias privadas o pedía el traslado a otros centros de
la red pública. “A día de hoy todo este proceso queda paralizado por la
sentencia”, declara a DIAGONAL Ezquerra.
Según cálculos sindicales, al menos 2.800
trabajadoras y trabajadores de un total de 5.200 podían verse afectadas
por rebajas de sueldo y aumento de jornada, dado que los pliegos del traspaso no aseguran el mantenimiento de las condiciones laborales de los eventuales y personal laboral.
Según informa a DIAGONAL un miembro de CAS Madrid, lo que estaba
ofreciendo ya Ribera Salud (que se iba a encargar del hospital de
Vallecas y Arganda) al personal laboral no implicaba a corto plazo
condiciones peores que las actuales “pero no daba garantías a largo
plazo, lo más probable era que se rebajasen las condiciones a las que
ofrece el convenio de las clínicas privadas, con menos sueldo y más
horas”. Un primer detalle: Ribera ofrecía al personal de enfermería
4.000 euros anuales en incentivos y tener acciones de la empresa.
Las asociaciones y colectivos que participan
en la llamada Marea Blanca han coincidido en una primera valoración
positiva del auto. Para CAS Madrid, en declaraciones a DIAGONAL, “no se
debe echar en saco roto la decisión del magistrado, que va a llevar a un
impasse por tiempo indefinido del traspaso de la parte
sanitaria de estos seis hospitales”. No obstante, CAS Madrid destaca
que la sentencia no paraliza la privatización de los demás centros de
salud, prevista en el plan presentado por el Gobierno regional el 31 de octubre,
ni entra a valorar otros aspectos como la Ley 17/97, la privatización
de los servicios de limpieza o las propuestas, todavía sobre la mesa, de
la gestión privada a partir de microempresas formadas por los
profesionales.
Para AFEM, que había interpuesto el recurso
ante el juzgado número 4, la sentencia “ha entrado al fondo del asunto,
que eran las consecuencias de fondo del proceso privatizador”, en
declaraciones de su portavoz Fátima Braña a Radio Nacional. En parecidos
términos se ha expresado Julián Ezquerra, de AMYTS.
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