De momento, se sigue desconociendo si Carrefour ha presentado o no
denuncia al respecto. El Gobierno no lo aclara y en un principio no hay
constancia de que así haya sido. El Gobierno solo afirma ahora que
Carrefour está valorando los "daños" y que, en función de eso, podrá ser
falta o delito.
#SolidaridadconelSAT
De momento, se sigue desconociendo si
Carrefour ha presentado algún tipo de denuncia al respecto de lo
acontecido el pasado viernes en Sevilla. El Gobierno no lo aclara y
siembra dudas, aunque en un principio no hay constancia de que así haya
sido. El Gobierno se limita a afirmar ahora que Carrefour está valorando
los "daños" y que, en función de eso, los actos podrán ser considerados
falta o delito, así como que en el caso de haber detenciones "serán
ordenadas por un juez".
Aunque finalmente, un poco más adelante,
la Delegada del Gobierno en Andalucía, autora de las palabras
mencionadas, no ha tenido más remedio que reconocer que las fuerzas de
seguridad han actuado "de oficio" para llevar a cabo las
identificaciones. Es decir, por orden y mandato directo del gobierno,
pese a la no existencia, al menos en primera instancia, de denuncia
alguna.
Así, como explicamos el pasado sábado,
caso de que no haya denuncia por parte de Carrefour la acción no sería
legalmente ni falta ni delito ni nada penalmente condenable, y lo único
ilegal en este caso sería proceder a cualquier tipo de detención o
apertura de un proceso judicial de oficio, a instancia directa del
gobierno o de cualquier otro elemento del entramado policial/judicial
gubernamental.
No obstante, teniendo en cuenta las
deudas de Carrefour con Hacienda, y el trato que, pese a ello, tal
gobierno dispensa a la multinacional francesa (a cuyos dirigentes y/o
directivos, pese a esas deudas de más de 300 millones de euros, no manda
a detener y tampoco se les amenaza ni se les acusa de dar una imagen
"tercermundista"), no sería de extrañar que el propio Gobierno haya
presionado a Carrefour para que presente denuncia y poder así seguir
saciándose a sus anchas con la represión al sindicato más represaliado
de Europa.
Un sindicato al que, precisamente por
ser unas de las principales puntas de lanza de la resistencia ciudadana
contra la estafa que llaman crisis y sus consecuencias en las clases
trabajadoras, este Gobierno ha declarado de facto como unos de sus
principales enemigos, a sabiendas de que si el ejemplo del SAT se
extiende, y la gente sale a la calle a luchar y movilizarse contra la
corrupción, los recortes y la estafa electoral que representan las señas
de identidad de este gobierno, tendrían las horas contadas, no solo
como partido, sino como gestores de los intereses económicos y políticos
de las clases privilegiadas que se están enriqueciendo cada vez más con
la crisis, de las que, por supuesto, la mayoría de sus dirigentes
forman parte.
Diríamos aquello de "Ladrán, Sancho,
luego cablalgamos", pero sinceramente nos preocupa la situación a la que
se puedan enfrentar, una vez más, estos compañeros y compañeras
sindicalistas, y no está la situación para hacer juegos de palabras con
este tema. Pedimos, pues, solidaridad urgente con los compañeros y
compañeras, ante de que el Gobierno se atreva a hacer algún tipo de
movimiento represivo ilegal. Circulen la noticia y activen sus alertas,
que por una vez más sea cierto, de verdad, aquello de que "si nos tocan a
uno, nos tocan a todos", "si nos amenazan a una, nos amenazan a todas".
Solidaridad urgente con el SAT y con
todos sus activistas. No permitamos que el Gobierno de la corrupción y
latrocinio, el de los recorte sociales y los regalos de más de 40.000
millones de euros a la banca que deberán ser pagados por todos los
ciudadanos a costa de sanidad, educación, pensiones, coberturas sociales
y tantos otros temas similares, se salga con la suya.
Kaos. Andalucía
La noticia en Agencias:
La Delegación del
Gobierno en Andalucía ha dado cuenta de la identificación de 34
personas en la reciente actuación llevada a cabo por parte del Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT) en un hipermercado Carrefour de Sevilla,
donde se llevaron varios carros con material escolar como acto simbólico
contra la pobreza, una acción que la titular de esta institución,
Carmen Crespo, ha definido como "ilegal", "demagógica" y que "daña la
imagen de Andalucía".
En rueda de prensa, Crespo ha
aclarado que las fuerzas y cuerpos de seguridad no cuentan con especial
"ahínco" hacia ninguna persona o colectivo en concreto, siendo sin
embargo el principal objetivo el de hacer cumplir la "legalidad", que
"es lo que quieren los andaluces, que se respeten el Estado de Derecho y
las leyes".
En cuanto a las últimas diligencias
policiales, se ha identificado a 30 personas en el interior del centro
comercial y a cuatro en el exterior, que estarían en todos los casos
vinculadas al sindicato. Asimismo, Carrefour ha procedido a valorar los
perjuicios económicos causados como consecuencia de esta iniciativa, un
aspecto clave en tanto que permitirá dilucidar si la acción del SAT
constituye una falta o un delito.
Recordando que, en cualquier caso,
las posibles detenciones que puedan darse corresponderían a un mandato
judicial, la delegada del Gobierno en Andalucía ha subrayado que, a su
juicio, dicha actuación no va en beneficio de familias en situación de
exclusión social y sí del "protagonismo" del SAT. "No debería ser así,
hay muchas instituciones y ONG que se encargan de estas personas", ha
indicado.
En lo tocante al daño a la imagen de
Andalucía, Crespo ha calificado este aspecto de "obvio" sobre una tierra
"que vive en gran parte del turismo, que es segura y donde la gente se
dedica a trabajar". Por todo ello, las fuerzas de seguridad han actuado
de oficio y abierto diligencias, procediendo a la identificación de esta
treintena de personas.
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