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martes, 13 de agosto de 2013

LA GUERRA CONTRA VENEZUELA NO HA CESADO

13.08.2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
La prensa y los medios de comunicación en general nos brindan a diario una visión bastante maniquea, manipulada y distorsionada de la realidad: los victimarios o delincuentes, promotores del flagelo del contrabando en el occidente venezolano resultan ser los indígenas de la etnia wayuu.
Consideraciones geopolíticas y económicas:
La guerra contra Venezuela no ha cesado  
Por: Corriente Bolivariana Guevarista CBG
Twitter: @patriadiversa
Correo:    traslashuellasdeamerica@gmail.com

En reiteradas oportunidades hemos alertado sobre el conflicto social colombiano, sus implicaciones políticas, militares, sociales, culturales y económicas en la estabilidad de Venezuela.

Igualmente hemos repetido hasta la saciedad, emulando al Comandante Hugo Chávez, que la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la región sur americana.

Hoy el estado occidental del Zulia, Venezuela, atraviesa por una especie de convulsión social producto de la especulación, acaparamiento, inflación y alto costo de la vida y el desangre diario generado por el estruendoso delito -ataque indirecto contra el Estado- contrabando de alimentos y rubros que llevan a cabo bandas criminales de capital colombiano, específicamente del narcotráfico y el paramilitarismo.

La prensa y los medios de comunicación en general nos brindan a diario una visión bastante maniquea, manipulada y distorsionada de la realidad: los victimarios o delincuentes, promotores del flagelo del contrabando en el occidente venezolano resultan ser los indígenas de la etnia wayuu.
De fondo no hay ningún análisis sobre el problema estructural que alimenta, indirectamente, esta red criminal de contrabando y lavado de capitales, amparada por sectores políticos de derecha y de algunos funcionarios de instituciones de Estado, así como de importantes sectores militares, corrompidos y sin ningún compromiso con la soberanía nacional.

Vale acarar que en ningún momento hemos estado de acuerdo con la solución militar que desde el Gobierno se le ha querido dar al asunto del contrabando. Primero porque se trata de un asunto que trasciende los controles terrestres, marítimos y aéreos para evitar la fuga de alimentos, combustibles y demás rubros, es económico y político, en todo caso.

Económico por lo que dijimos: sectores del narcoparamilitarismo de Colombia blanquean sus capitales con compra de propiedades en los estados fronterizos, y estimulan el delito del contrabando; político porque a través de este flagelo la derecha y la oligarquía colombiana, y sobre todo los Estados Unidos, ven la oportunidad de poner a Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana de rodillas.  

El triunfo no fue suficiente

Con breve introducción queremos retomar casi textualmente dos trabajos que la CBG escribió para contribuir con el debate de las ideas, pero al mismo tiempo para presentarla como propuestas para que la Revolución Bolivariana dejé de mirarse el ombligo y logre visualizar con diafanidad la realidad que atravesamos.


Nos referimos a los artículos Salutación de la Corriente Bolivariana Guevarista al Comandante Arias Cárdenas y el pueblo zuliano  ( http://www.aporrea.org/ideologia/a157187.html) y Lo necesario a la luz de la coyuntura actual ( http://kaosenlared.net/america-latina/item/60167-lo-necesario-a-la-luz-de-la-coyuntura-actual.html).

Sin desmeritar otros análisis que hemos venido haciendo queremos recoger estos porque mantienen vigencia.

Hace unos meses decíamos que con el triunfo electoral del comandante Francisco Arias Cárdenas en la Gobernación del Zulia. “Con las elecciones regionales celebradas en diciembre de 2012 en Venezuela el panorama político asomó nuevas perspectivas”, asomábamos.

Y agregábamos que “no solo se ganó el estado más importante del occidente venezolano, sino que se derrotó el proyecto separatista encabezado por sectores de la derecha política e intelectual del Zulia y de la burguesía colombiana”.

Con las victorias de diciembre en el occidente venezolano (estado Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida y Apure)- se reafirmaría un asunto de Estado: la redimensión del tema geopolítico, bien entendida por Chávez. Le daríamos, pues, un duro golpe al concepto político de republiquetas y/o política feudal y comenzaríamos a construir el proyecto del Estado nacional socialista.

“Se reivindica como nunca el asunto geopolítico: la estabilidad social y política del Zulia depende de la estabilidad geopolítica del occidente venezolano y de la estabilidad política de Colombia”, decíamos.

Pero el triunfo electoral no fue suficiente. Veamos de manera íntegra uno de los análisis escritos recientemente por la CBG.

Inestabilidad
Resolver el problema de seguridad ciudadana de los zulianos, de contrabando de combustibles y alimentos, del tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del  narcotráfico, tiene que ver con la dimensión que se le dé a la geopolítica.

Bien lo advertía el Presidente Hugo Chávez el pasado 27 de marzo de 2011 durante un Aló, Presidente transmitido desde el Sur del Lago de Maracaibo: sectores de derecha del Zulia y de la burguesía colombiana, aupados por Estados Unidos, promovían el proyecto de secesión del occidente venezolano (Zulia, Táchira y Apure) cual Media Luna de Bolivia.

El Comandante Chávez ya lo había denunciado el 3 de octubre de 2010; incluso, lo hizo el ex vicepresidente de la República José Vicente Rangel, el 31 de enero de 2011, cuando develó que existía una movilización de paramilitares colombianos hacia territorio venezolano, fundamentalmente hacia el suroeste del estado Zulia.

No olvidemos tampoco que uno de los mecanismos para generar inestabilidad en el occidente venezolano, y concretar la tesis de secesión, ha sido la compra de tierras (haciendas y fincas) en el pie de monte de la Sierra de Perijá (sub región Guajira), Sur del Lago, incluso en Táchira.

Con ello estarían promoviendo corredores geopolíticos estratégicos para cultivar y sacar drogas que serían exportadas desde Maracaibo; y además consolidar grupos armados que al final de cuentas se comportarían del mismo modo que los grupos paramilitares de Colombia.

Hablamos de redes de narcotráfico que fueron promovidos por los gobiernos de Manuel Rosales y Pablo Pérez, quienes a través del Instituto de Estudios Fronterizos del Zulia, financiaron la compra de haciendas bajo el pretexto de la siembra y producción agropecuaria.

Otra modalidad de apropiación de espacios sociales determinantes para la tranquilidad ciudadana en el Zulia, ha sido la compra de locales comerciales (lavado de dólares) y la promoción de préstamos de dinero (chantaje comercial) que tienen como propósito dominar este sector; las zonas de mayor influencia han sido las siguientes: centro de la ciudad, La Limpia, Curva de Molina, Los Plataneros, entre otros sectores de Maracaibo.

Paramilitarismo, delincuencia y contrabando
La delincuencia, el secuestro, la organización de bandas criminales amparadas por grupos paramilitares, la incursión de éstos en territorio venezolano, el contrabando de alimentos y combustibles, el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, son producto de la aplicación del Plan Colombia y del desplazamiento de gran parte de nuestros compatriotas hacia este país hermano.
Solo por las trochas de la Guajira, estado Zulia, salen mensualmente  alimentos y 12 millones 720 mil litros de combustibles, según los trabajos de inteligencia y registros que la CBG viene realizando en los últimos años en las zonas rurales, con el apoyo de líderes sociales y organizaciones de base.
Esta cifra puede haber variado, pues el fenómeno ha tenido un repunte y hoy no solo se llevan el combustible y el alimento sino también la cabilla, el cemento, productos de primera necesidad, medicinas, entre otros.

Estos índices pueden ser preocupantes en términos numéricos. En realidad representan una pérdida para el Estado venezolano. Pero como se trata de un asunto de Estado otros elementos alarman aun más: el fortalecimiento de las bandas criminales, del narcotráfico y paramilitares que operan en Colombia (y desde Venezuela) porque pudieran estar amenazando la estabilidad política de la Revolución Bolivariana.

A todo esto se deben agregar otras situaciones que también generan descontento y desequilibrio psíquico en el venezolano común: escasez de alimentos, racionamiento eléctrico, cultura de la corrupción y chantaje tanto en la esfera pública como en la privada, fortalecimiento de la boliburguesía, la desatención a las misiones sociales Barrio Adentro y Mercal, mercado especulativa sin control, y el problema de las divisas para la importación, improducción nacional a pesar de los esfuerzos del Gobierno, entre otros.

Todo esto puede generar protestas contra el gobierno. Se pueden prever por lo tanto dos posibles terrenos: invasión militar o desestabilización social permanente (promoviendo la ingobernabilidad para que la derecha venezolana se presente como opción política). Además desfigura la propuesta revolucionaria como opción de vida. 

Para evitar un estallido social y político en la frontera, en el caso del contrabando de combustibles y alimentos, el Gobierno debe presentar un plan social, económico y productivo, y cultural,  que permita invertir la realidad.

Las manifestaciones que ha dado el Gobierno han sido, en todo caso, o paternalistas o militares represivas, como es el caso de la entrega de créditos y alimentos a las comunidades yukpas que reclaman tierras ancestrales en la Sierra de Perijá; o el del contrabando de combustibles y alimentos en la Guajira que han pretendido controlarlo con mayor presencia y operativos militares.

Hay una impotencia ciudadana generalizada, tanto en las urbes como en las zonas rurales fronterizas, porque el Estado no ha dado una solución estructural para garantizar la paz y la estabilidad ciudadana.

Consideraciones económicas y políticas
Existe un incremento en la importación de alimentos y otros rubros demandados; igual con el tranque en la entrega de divisas, y la no menos preocupante guerra económica de la burguesía (acaparamiento, especulación), más el contrabando de combustibles y alimentos, y que todo ello pone en peligro la estabilidad política de Venezuela.

Algunos temas como el de alimentos pudieran verse de manera coyuntural, porque en otras ocasiones se manifiestan con determinados objetivos (acaparamiento en pleno proceso electoral) y se resuelven luego que baja la presión política; pero dado el carácter que ha adquirido se ha convertido en un problema estructural que pudiera restarle respaldo popular al Gobierno Bolivariano y darle piso político a la oposición para que convoque en dos años un referendo revocatorio contra Maduro.
Otro de los elementos en términos económicos, que creemos se debe revisar es el de la lógica del subsidio: el Gobierno Bolivariano viene soportando desde hace 14 años el subsidio del consumo de la población (alimentos, transporte, combustible, electricidad, servicios de gas y agua).

No está mal que estimulemos y satisfagamos las necesidades materiales del pueblo, y con ello, por ejemplo, nos anotemos como uno de los pocos países reconocido por la FAO por garantizar hasta cuatro papas diarias a los venezolanos.

Lo que queremos decir es que en el caso de los alimentos deberíamos subsidiar la producción, no el consumo, es decir, incentivar, estimular, promover, financiar y capacitar a los pequeños y medianos productores para desarrollar el campo, de la mano con proyectos del Estado.

En este sentido se cree necesario diversificar la economía, crear alianzas entre el Estado y productores, mecanismos de distribución y banda de precios según capacidad productiva de los productores y financiamiento recibido; también sectorizar la economía y romper con la política centralista que, aunque necesaria, no deja entrever realidades muy concretas como la de la Sierra de Perijá del Zulia.

En el caso de la expropiación, aunque pensamos conveniente algunas, debemos señalar que no siempre rinde resultados por lo siguiente: falta de cuadros que puedan gerenciar empresas de Estado, falta de participación de los trabajadores en los destinos de estas empresas, alta centralización en cuanto a planificación y decisiones estratégicas.

Recordemos que países como Francia, Estados Unidos o Alemania han expropiado empresas y esto no significa que sean socialistas. Es más, casi todas las constituciones del mundo contemplan esta figura jurídica.

Además de lo señalado anteriormente es preocupante la ausencia de una política de Estado para la educación en el sector agrario y del campo, para estimular y motivar a los jóvenes de las zonas rurales para que se formen en su área y permanezcan en ellas, sin irse a las grandes ciudades a formarse en carreras que no son afines a sus realidades y orígenes.

Para salir del atolladero económico que tenemos actualmente es posible que el Gobierno Bolivariano acuda a las facilidades que pueda dar el ingreso a  MERCOSUR. Sin embargo creemos que Venezuela debe aprovechar este espacio para el intercambio tecnológico e industrial y para desarrollar áreas que han estado estancadas y que pueden contribuir con el desarrollo económico de la nación.

Lo anteriormente señalado, y lo que señalaremos a continuación, tiene que ver también con la falta de planificación y coordinación de ciertas políticas y momentos políticos. Ponemos un ejemplo en concreto: ante la enfermedad del Comandante Chávez el Gobierno no se preparó para el tema alimentario y de importación y ante la siembra del Comandante, y las repentinas elecciones, la derecha nacional e internacional aprovecharon la situación para generar caos y la guerra económica.
Como ya señalamos, el Estado debe transformarse, acabar con el paternalismo, financiar proyectos pero no seguir financiando un consumo irracional, sin estímulos no materiales.

Venezuela es el país con mayor demanda y consumo de energía eléctrica y el costo del servicio no alcanza siquiera a cubrir con los gastos de generación. ¿Por qué sucede? No hemos acabado con el Estado burgués y seguimos vivienda bajo la lógica del consumo; aunque construyamos más casas no necesariamente estaríamos transformando la realidad social del venezolano y eso, estamos seguros, lo entiende el camarada Maduro.

Ni capitalismo de Estado
Todo a costa de los dólares de las reservas del Estado venezolano. Recordemos que somos un país monoproductor de petróleo, que depende de la renta petrolera para importar insumos, maquinarias, alimentos, productos de primera necesidad, artículos de todo tipo, necesarios o no, a través de la burguesía parasitaria comercial tradicional, y de a denominada boliburguesía.

Es decir, el panorama de la Venezuela de las primeras tres décadas del siglo XX no ha cambiado. Vivimos en una especie de capitalismo incrustado en una estructura económica que ni siquiera ha desarrollado sus fuerzas productivas. La burguesía, y los gobiernos de derecha que la ampararon, desde 1830 hasta nuestros días, no han sido capaces de desarrollar un proyecto nacionalista, ni la industria nacional ni la identidad del país.

La teoría de la economía dependiente, expuesta en los años sesenta, sigue vigente en Venezuela. Consumimos, importamos, consumimos e importamos. No alcanzamos ni siquiera la categoría de capitalismo de Estado.   

Anexionismo
La tesis de apropiación del occidente venezolano tiene raíces históricas coloniales que se  deben tomar en cuenta.

La idea separatista y la constitución de un Estado paralelo entre Caracas y Bogotá para obtener una salida al mar Caribe por el Lago de Maracaibo ha sido una constante de la clase comercial y burguesa de Colombia.

Cuando Venezuela fue erigida como Capitanía General (1777), los pobladores de Santander pidieron la anexión de Maracaibo porque entre ambas provincias existían más vínculos comerciales que entre Maracaibo  y Caracas.

Maracaibo, en lo tiempos coloniales, era el principal puerto del oriente colombiano y del occidente venezolano, necesario para la salida rápida y segura hacia el Caribe y Europa de los rubros producidos en las plantaciones colombianas.

Las rutas comerciales tradicionales de Arauca, Santander, Cesar y Guajira siempre han estado conectadas con el occidente venezolano, por el Sur del Lago de Maracaibo o el norte del Zulia; esto le permitía a los productores y comerciantes poner de manera rápida y segura sus rubros en el Caribe, Europa, y la costa este de Estados Unidos.

La vía más rápida, utilizada desde el Virreinato de Santa Fe de Bogotá para importar o exportar mercancías era San Cristóbal, conectado con el Lago de Maracaibo a través del río Táchira.

Después de 1811, los dirigentes políticos de Santander reasumieron de nuevo la idea de anexar a Maracaibo (1812). Recordemos también que San Cristóbal y Cúcuta (1825) plantearon la necesidad de crear una provincia paralela a Bogotá y Caracas, aunque nunca tomó cuerpo esta idea.

Otros hechos han mantenido latente el proyecto separatista, como la solicitud (1858) que hiciera el general Vicente Herrera, gobernador de Cúcuta, de anexar nuevamente a Maracaibo como espacio vital para Santander; como de igual forma pidió el ex alcalde de Cúcuta (1999), Antonio Gelves.

Los anexionistas apátridas
Estas pretensiones no han cesado y se han manifestado hasta nuestros días, hasta el punto de encontrar eco en la intelectualidad reaccionaria del Zulia y los hoy salientes administradores de la Gobernación del Zulia (Manuel Rosales y Pablo Pérez).

Durante el gobierno de Manuel Rosales hubo una manifestación pública con marcado interés separatista. El denominado grupo Rumbo Propio desde donde se promovía la “autonomía” zuliana. Detrás de este movimiento estuvo Manuel Rosales. Recordemos la consigna de Rumbo Propio: “No al socialismo, si al autonomismo”.

Plan Colombia
Hoy, detrás de este proyecto de anexión hay un autor intelectual o interesado de primer orden: Estados Unidos. La mayor evidencia de esta tesis la encontramos en el Plan Colombia y en la frase del entonces congresista estadounidense Paul Coverdel (2000), quien afirmó que para controlar Venezuela necesario era militarizar Colombia.


Con el Plan Colombia, durante la presidencia de Andrés Pastrana, no solo se echó por tierra los diálogos iniciados con las FARC sino que se le dio el impulso definitivo a las fuerzas paramilitares: éstas se apoderaron de importantes zonas de Colombia y el número de personas masacradas entre 1998 y 2000 se quintuplicó según cifras aportadas por el mismo Ministerio de la Defensa de Colombia, como bien lo reseña el periodista Hernando Calvo Ospina en el libro El terrorismo de Estado en Colombia.

El Plan Colombia fue redactado en Estados Unidos y aprobado por el Congreso de ese país, con la anuencia del ex presidente William Clinton y la secretaria de Estado Madeleine Albright. Su objetivo principal era consolidar y reforzar el aparato militar de Colombia para vencer a la insurgencia, además de pretender involucrar a Venezuela en el conflicto porque este país hermano es rico en petróleo, gas, oro, bauxita, agua dulce, tierras cultivables, entre otras.

A propósito del petróleo, Venezuela tiene la reserva de crudo más grande del planeta en la Faja del Orinoco.

Para 2001 el Congreso de Estados Unidos había aprobado 85% del presupuesto para reforzar el aparato militar del gobierno colombiano, mientras  que apenas 8% fue destinado para la sustitución de cultivos ilícitos.

Para 1999 Colombia se convirtió en el primer país que mayor ayuda recibiría de los Estados Unidos, incluso por encima de Turquía y casi equiparado a Egipto. En fin, el Plan Colombia fue diseñado para perpetuar la guerra y extenderla al hemisferio, pero sobre todo al occidente venezolano y sus estados fronterizos.

Esto demuestra que la política del Estado colombiano, con el apoyo de los Estados Unidos, ha estado dirigida a perpetuar la guerra como negocio y modo de vida para garantizar la máxima del capitalismo: acumular más y más riquezas en detrimento de las grandes mayorías.

En Colombia vivimos la misma suerte de Venezuela desde finales de los años ochenta desde el punto de vista económico y social: las políticas neoliberales arrasaron con toda posibilidad de soberanía: las últimas seis décadas significan para nosotros la apropiación terrateniente y transnacional de la tierra.
Hoy en Colombia 52% de la gran propiedad está en manos de 1,15% de la población, como señala el estudio “Colombia rural, razones para la esperanza”, del Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD).

Hoy el terrorismo de Estado en Colombia deja más de 6 millones de desplazados que fueron expulsados de un volumen de entre 6 y 7 millones de hectáreas. Este panorama dantesco evidentemente está relacionado con la guerra que vivimos hace más de 50 años.

Es decir la estructura económico social instaurada en Colombia en los últimos 25 años y la aplicación del modelo neoliberal a finales de los años 80 limitaron las funciones del Estado con la aplicación de la denominada “apertura”, que no fue otra cosa que la internacionalización del capital, la precarización del trabajo, el arrase de las tierras cultivables, la privatización de los servicios públicos y la perpetuación del sistema social de exclusión.
12 de agosto de 2013

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